Esquerra pide más poder: exige asumir parte de la ejecución de las inversiones del Estado en Cataluña

Superada la primera votación de los Presupuestos Generales del Estado (enmiendas a la totalidad), el Gobierno tiene ahora que lidiar con las enmiendas parciales: es decir, ahora se empieza a negociar los detalles de las cuentas. Ahí cada grupo parlamentario tiene voluntad de introducir cambios y Esquerra, que ha presentado casi 500 enmiendas parciales, tiene la intención de que el Gobierno acepte muchas de ellas. Entre esas enmiendas, hay algunas que sobresalen por encima de otras y una de ellas es la creación de un «consorcio participado» por Estado y Generalitat «al cual se le atribuyan funciones de ejecución de las inversiones» del Gobierno en la autonomía catalana. Es decir, los republicanos quieren «descentralizar» y asumir parte de las inversiones que corresponden al Estado.

¿Por qué? Según explican desde Esquerra, esta enmienda es «importante» porque pretende buscarle una solución a uno de los problemas que siempre denuncia el partido independentista: los incumplimientos en la ejecución de los presupuestos. Durante la primera mitad del año, se ha ejecutado un 16% de las inversiones previstas para Cataluña en los presupuestos de 2022, una cifra que genera mucho malestar en Esquerra, que gobierna la Generalitat. Pero también genera malestar porque crea un clima mucho más complicado para los republicanos a la hora de negociar y apoyar los presupuestos porque aumenta la presión de distintos sectores del independentismo, que afean que presten sus votos para que luego el Estado no cumpla.

Durante el debate de presupuestos, tanto JxCat como el PdeCat han reprochado con vehemencia al Gobierno la ejecución presupuestaria, lo que es una señal evidente de que esa es una cuestión de primer orden en Cataluña. La corrección de este déficit se ha convertido en una de las exigencias más importantes para los republicanos y si el Gobierno no es capaz de darle respuesta, las cuentas podrían llegar incluso a descarrilar (a pesar de que la sedición, el principal escollo que había por medio, ha salido de las negociaciones presupuestarias).

Entre las enmiendas parciales, hay muchas y muy variadas (hay exigencias en materia de infraestructuras, Memoria Democrática o modificaciones impositivas) y también aparece el traspaso de las competencias del Ingreso Mínimo Vital (el País Vasco ya lo consiguió a principios de año) y más dinero para los ayuntamientos. Entre las partidas destacadas, aparecen 1.000 millones de euros para que puedan asumir los sobrecostes energéticos ante el aumento de los precios de la luz y el gas y más financiación para que los consistorios puedan afrontar la subida salarial de los funcionarios públicos. Los republicanos también han presentado otra enmienda en la que piden «desvincular el cuerpo de los Mossos d’Esquadra de la tasa de reposición del 125%» para que pueda dotarse de un mayor número de agentes sin quedar supeditado a la tasa de reposición ordinaria.

En este sentido, también relacionado con la policía, aunque con carácter más simbólico, los republicanos vuelven a la carga con el edificio de Via Laietana: piden nuevamente «convertir la Prefectura Superior de Policía de Catalunya en un centro dedicado a la recuperación de la memoria histórica». El edificio tiene un valor simbólico muy importante porque es objeto de deseo del independentismo desde hace mucho tiempo y es donde también se han organizado las concentraciones más violentas durante el «procés».

Asimismo, ERC también exige en otra enmienda la entrega a la Generalitat de los «cuarteles y equipamientos de la Guardia Civil que hoy en día están en desuso» en Cataluña tras la progresiva sustitución por lo Mossos d’Esquadra.

Ha habido otras peticiones de ERC en forma de enmiendas que ya han sido rechazadas por el Gobierno: destacan las relativas a vivienda, donde los republicanos se han unido a Podemos y Bildu para tratar de incluir la regulación de los alquileres y la imposibilidad de desahuciar a personas vulnerables sin alternativa habitacional. El Gobierno se ha escudado en el «criterio» de los letrados de la Comisión de Presupuestos del Congreso para tumbarlas al considerarse que son medidas ajenas a los presupuestos y que deberían ir incorporadas a la ley de vivienda, que todavía está atascada en fase de negociaciones.

Con Esquerra, por tanto, el Gobierno tiene por delante una negociación todavía muy complicada porque son muchas las exigencias que hay por medio. Con el PNV está todo más avanzado después de que los nacionalistas vascos consiguieran acordar la renovación del cupo vasco y la participación de las selecciones vascas de surf y pelota vasca a nivel internacional. En total, han presentado 84 enmiendas parciales, entre las cuales destacan una partida de dos millones para dar amparo temporal de personas defensoras de los derechos humanos, fondos para los refugiados saharauis (7 millones de euros), impulso al desarrollo del Guggenheim Urdaibai (25 millones), prórrogas a las ayudas al transporte e inversiones ferroviarias (sobre todo, en Cercanías), infraestructuras hidráulicas (17 millones), de I+D o en defensa del euskera. Finalmente, con Bildu también van avanzando las negociaciones, muy centradas en aspectos sociales.

Con esas tres formaciones, sumaría suficientes apoyos para sacar las cuentas adelante, aunque negociará con siete partidos más del Congreso.