El TC frusta el intento de Pumpido y otros dos jueces progresistas de examinar ya a Campo y Díez, los candidatos de Sánchez

El Constitucional ha rechazado la petición de tres magistrados progresistas para convocar ya un pleno para examinar la idoneidad de los candidatos propuestos por el Gobierno para el tribunal de garantías, los ex altos cargos del PSOE Juan Carlos Campo y Laura Díez, sin esperar a los aspirantes del CGPJ.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que ha sido el presidente Pedro González Trevijano quien ha desestimado la petición de los magistrados Ramón Saez, Cándido Conde Pumpido e Inmaculada Montalbán, sin que se haya producido una votación formal.

Los tres han formulado su solicitud al amparo del artículo 4 del reglamento del tribunal de garantías que establece que “el presidente convocará el Pleno por propia iniciativa y cuando lo pidan, al menos, tres magistrados”.

Y con el argumento de que el Gobierno ha publicado este miércoles en el BOE el acuerdo aprobado ayer por el Consejo de Ministros, lo que pone en marcha la maquinaria para su tramitación que debe culminar en un pleno de verificación sobre su idoneidad.

Con ello, se ha dado inicio a una ronda de intervenciones de los magistrados, pero en su intervención final Trevijano se negado a aceptar la petición, precisan las fuentes consultadas.

Tal y como informaba hoy LA RAZÓN, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) no entrará a valorar a los dos candidatos del Gobierno para renovar la institución. Una vez que el Ejecutivo ha trasladado el nombramiento del exministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez, se celebrará un Pleno no jurisdiccional en el que los magistrados se inclinan mayoritariamente por esperar (al menos por ahora) a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designe a sus dos candidatos.

Por tanto, se mantiene la posición del Constitucional de esperar a que el Consejo General del Poder Judicial vote los nombramientos el próximo 22 de diciembre, de manera que hasta que no reciban los nombres, no se convocará un pleno par dar el plácet a los cuatro.

Así, el único movimiento del TC pasa por comunicar la propuesta del Ejecutivo “a la mayor brevedad posible” al Consejo, para su conocimiento, con el fin de que procedan al nombramiento de los dos magistrados que faltan.

Otras fuentes señalan que el Constitucional ha optado por esta postura para evitar un choque de trenes habida cuenta de que hay una mayoría en el tribunal que se opondría a una renovación parcial, con solo los dos magistrados propuestos por el Gobierno.

«El Gobierno ha hecho dos “Lolas”»

Y eso pese a que el horizonte de la elección de los dos jueces por parte del Consejo del Poder Judicial no está precisamente despejado. Los cuatro vocales encargados de consensuar esos nombramientos se volvían a reunir hoy sin grandes expectativas de acuerdo. El bloque progresista sigue apostando por el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés, pero respondiendo a la demanda del sector mayoritario, reticente con Bandrés (a quien tildan de candidato «gubernamental»), pondrán sobre la mesa otros dos aspirantes. Según las fuentes consultadas podría tratarse del presidente de la Sala Militar del Supremo, Jacobo Borja de Quiroga, y de la magistrada de lo Contencioso del alto tribunal Ángeles Huet (que ya formaban parte de su listado inicial de nueve nombres).

Pero los representantes del bloque mayoritario no tienen previsto decantarse aún por ningún candidato. Barajan hasta seis nombres: los magistrados del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del «procés», Julián Sánchez Melgar, ex fiscal general del Estado, y Vicente Magro (los tres de la Sala de lo Penal), y sus compañeros de lo Contencioso César Tolosa, presidente de la Sala Tercera, Inés Huerta y Diego Córdoba.

Pero fuentes del sector conservador apuntan que la elección de Campo y Díez «no ayuda» en la negociación por su marcado perfil «político». «El Gobierno ha hecho dos “Lolas”» , ironizan en referencia nada velada a la designación en su día de la diputada socialista y exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado.

Verificación de los requisitos

La Carta Magna estipula en su artículo 159.3 que «los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres». Cuatro son elegidos a propuesta del Congreso, cuatro por el Senado (en ambos casos por mayoría de tres quintos) y en la designación de los cuatro restantes intervienen el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), proponiendo a dos cada uno. Este es, precisamente, el tercio que está pendiente de renovar ahora (que debe acarrear la sustitución del presidente del TC, Pedro González-Trevijano; de su vicepresidente, Juan Antonio Xiol; y de los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares).

La función del Pleno es «la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para el nombramiento de magistrado del Tribunal Constitucional», tal y como contempla entre las atribuciones del Pleno el artículo 10.1 de la ley que regula su funcionamiento (LOTC).

La mayoría conservadora defiende que la renovación debe producirse por tercios, como estipula la propia Constitución. Pero un sector del TC mantiene que la situación dio un vuelco con la reforma legal que permite al CGPJ efectuar esos nombramientos desde el pasado julio. Hasta entonces, defienden, el Consejo estaba incapacitado para cubrir esas dos renovaciones, pero desde entonces esas dos designaciones no se han producido, un bloqueo que consideran despeja el camino del TC para dar su plácet a los dos magistrados elegidos por el Gobierno.