Plan B

PSOE y Unidas Podemos plantean un nuevo tipo de malversación para desmarcarse de ERC

Rebajan la pena a cuatro años de cárcel para castigar el desvío presupuestario irregular dentro de la misma administración pública

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en el Congreso
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en el CongresoFERNANDO VILLARAgencia EFE

PSOE y Unidas Podemos presentarán este lunes en el Congreso una propuesta de reforma del Código Penal queañade un nuevo tipo de malversación que penaliza con hasta cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación el desvío presupuestario irregular dentro de la misma administración pública, según ha avanzado este domingo La Vanguardia.

De esta forma se rebajaría en dos años la pena máxima aplicable con el actual Código Penal, que establece hasta seis años de cárcel. Y también se vería reducida la inhabilitación por malversación, al pasar de los diez años actuales a seis.

El objetivo del Ejecutivo, que preside Pedro Sánchez, es que ninguna actuación que suponga un desvío de fondos públicos, sea cual sea su destino, quede exento de castigo, aunque se establezcan más supuestos y gradaciones, según detalla el diario.

Hay que recordar que la propuesta que ERC presentó el pasado viernes inlcuía una distinción por la que se dejarían las penas de dos a seis años para quien incurra en malversación en función de si es para lucrarse él o terceros. Y las penas se rebajarían (seis meses a tres años de cárcel, y de uno a cuatro de inhabilitación) a quienes destinen patrimonio público “sin ánimo de apropiárselo” para “usos particulares”.

El Gobierno considera que con la propuesta que presentará este lunes no se deja ni un solo supuesto de malversación despenalizado, ni el más leve, que sería el de nueva creación, hasta el más grave e incluso otros comportamientos que ahora no están castigados, que también se incluirían, como el de enriquecimiento ilícito para aquellos cargos que obtengan un incremento patrimoninal de más de 250.000 euros durante su mandato, que no puedan acreditar su origen, y que conllevaría hasta tres años de cárcel.

Durante su mandato, el PP eliminó cualquier distinción anterior sobre si había lucro personal o no. Se consideraba que cualquier desvío de fondos públicos era considerado malversación y se fijaba una horquilla de penas muy amplia.