Malversación

Por iniciativa de Esquerra Republicana de Cataluña, se va a reformar el delito de malversación en el Código Penal, por el que fueron condenados sus principales dirigentes. Pedro Sánchez se ha sometido a esa exigencia de los independentistas catalanes después de impulsar también la reforma de la sedición. La medida, en ambos casos, beneficia a los sediciosos y malversadores. Estos cambios apresurados en un instrumento clave del Estado de derecho, se hacen sin contar con el principal partido de la oposición, que está radicalmente en contra de tales concesiones, lo que conduce a la ruptura de relaciones entre el PP y el Gobierno del PSOE mientras dure el «sanchismo». La gravedad de la situación salta a la vista.

Según María Moliner, malversar es «gastar indebidamente los fondos públicos o de otra clase el que está encargado de administrarlos». Siempre se ha llamado a eso corrupción, aunque el funcionario de turno no se haya apropiado personalmente de esos bienes. Hasta ahora se creía que la malversación tenía en todos los casos una especial gravedad por su triple condición de hurto, estafa e infidelidad, con el agravante de abuso de confianza. Ahora se quiere rebajar la pena al mal administrador de bienes o caudales públicos que no se aproveche personalmente de ello. Es el caso del socialista andaluz José Antonio Griñán, sin ir más lejos, o de los insurrectos catalanes. También afectará la medida al funcionamiento irregular de los partidos, sindicatos, etcétera. O sea, a partir de ahora, habrá corrupciones y corrupciones, corrupciones a la carta. A ver en qué queda la cosa, pero tiene mala pinta.

Los argumentos oficiales son que se hace para pacificar Cataluña y para homologarnos con los códigos europeos, sin ceder, dicen, un milímetro en el castigo a la corrupción. Esto no convence a casi nadie. Las críticas suben de tono por momentos, también en los ambientes socialistas, donde consideran que Sánchez está sobrepasando todas las líneas rojas. El socialismo sanchista empieza a ser irreconocible dentro de casa. Los más benevolentes acusan al actual dirigente socialista de aceptar estos cambios para asegurar su estancia en el poder. No faltan los que lo atribuyen a su propósito, inducido por sus socios de Gobierno, de ir minando el actual sistema constitucional en busca de un «cambio de régimen». Serían cambios motivados por la evolución de su pensamiento político, mucho más radicalizado. En fin, los malpensados ven un carácter previsor en toda esta «reforma quirúrgica». Creen que se hace por si Sánchez tiene que dar cuenta de sus actos a la Justicia, como les ocurre a otros mandatarios cuando dejan el poder.