Moncloa busca enterrar el bloque independentista con la malversación

El relato del Gobierno flaquea. El Ejecutivo tiene problemas para defender públicamente su apuesta por reformar la malversación. Si en Moncloa habían desplegado hasta ahora todos sus esfuerzos de pedagogía dirigidos a explicar la necesidad de homologarnos al entorno europeo en lo que tiene que ver con la sedición, nada se había expuesto sobre la malversación. Una cuestión controvertida por tratarse del delito central de la corrupción. Corrosiva, casi tóxica. Fuentes gubernamentales sostienen que, con este último movimiento, Pedro Sánchez culmina su apuesta por la normalización de la convivencia en Cataluña. Se cierra el círculo, después de los indultos y la derogación de la sedición, para convertir Cataluña en «un activo electoral para el PSOE». No tanto para ganar elecciones, como para mantenerse en el poder.

Fuentes socialistas consultadas por LA RAZÓN reconocen que se trata de un «movimiento arriesgado» y ponen en valor la «valentía» del presidente para acometerlo. En el partido asumen que este paso era innecesario, después de haber cumplido con la derogación de la sedición, pero consideran que es una muestra de su compromiso con ERC. «Hay que cultivar la alianza», aseguran. En el Gobierno señalan que la estrategia va más allá del corto plazo y lo que buscan es un movimiento en dos fases. La primera y principal acabar de enterrar el bloque independentista catalán. La relación entre ERC y Junts está ya muy deteriorada, al punto de haber roto en la Generalitat, y el objetivo es ahondar en esta fractura para que sea irresoluble a futuro.

De este modo, la única alianza posible en Cataluña será entre los republicanos y el PSC, con la connivencia de los Comunes. Esta entente se visualizará en la aprobación de los próximos presupuestos y la idea es que sea extrapolable al propio Govern tras las elecciones. Los socialistas aspiran a repetir como primera fuerza, Salvador Illa ya lo fue en 14-F, y cobrarse el apoyo que garantizarán hasta el final de la legislatura a un Pere Aragonès en minoría. Los republicanos necesitan, además, proyectar ante el electorado que su apuesta por el entendimiento con el Gobierno central genera sus réditos, en contraposición con la estrategia de choque total enarbolada por el ala de Carles Puigdemont. Hasta ahora, la mesa de diálogo ha generado pingües beneficios políticos para los republicanos, pues lejos de las «soluciones imaginativas» a las que se aferraban en Moncloa para mejorar el autogobierno, los únicos resultados palpables se limitan a avanzar en el desmontaje de la respuesta penal al «procés», derogación de la sedición y rebaja de la malversación mediante.

La otra pata de la estrategia pasa por asegurarse la estabilidad y el porvenir en Madrid. En el Gobierno recuerdan que todavía queda un año para las elecciones y que transitar este camino hasta las urnas requiere de los republicanos. Asumen, no obstante, que a partir de enero la legislatura prácticamente entrará en coma legislativo, porque enero es inhábil y a partir de marzo se producirá la disolución de los parlamentos autonómicos. En la carrera electoral que se abra entonces, ERC y el PSC, con un electorado frontera, no se prodigarán –precisamente– el trato de aliados. Por ello, la visión es a medio plazo.

Con la actual fragmentación parlamentaria, las posibilidades de Sánchez de mantener La Moncloa pasan necesariamente por reforzar la mayoría de la investidura. Aunque el PSOE aguante, si sus aliados retroceden, no habrá alternativa a una mayoría de PP y Vox. Hasta ahora, la mera expectativa de este pacto a la derecha ha servido de perfecto pegamento para conjurar intereses en la izquierda, pero en el Gobierno quieren cimentar esta alianza para la próxima legislatura.

Por dilucidar queda si el peaje a los independentistas también se cobra en las urnas por parte de los electores. Mientras, el partido sigue teniendo dificultades para explicar el contenido y la vocación de la enmiendas transaccional que ayer presentó a la iniciativa de ERC para despenalizar los actos del 1 de octubre. Los socialistas sostienen que existen unos «compromisos firmes y claros» y mantienen «tres líneas rojas»: «No se despenaliza ningún tipo de malversación»; se crea «una nueva figura, el desvío presupuestario irregular para castigar el mal uso del dinero público, cuando ese dinero público se usa para fines que no son los iniciales» y «se endurece la persecución a los corruptos».

Sin embargo, esto no se compadece con la rebaja de penas que se introduce para aquellos casos de malversación sin ánimo de lucro, que ahora están castigados con hasta seis años de cárcel y en la redacción del PSOE se limita a cuatro años. La portavoz socialista, Pilar Alegría, defendió ayer, en un giro imposible, que «no hay ninguna rebaja de penas, lo que hay es una diferencia entre lo que es la corrupción del desvío presupuestario irregular». Malversación de baja intensidad.