En 2022

El Gobierno riega a Cataluña con la mayor cantidad de fondos europeos

A falta de conocer los datos de diciembre, en todo 2022 se le han asignado 1.325 millones de euros, por delante de Andalucía

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, antes de mantener una reunión este viernes en el Palacio de la Moncloa.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, antes de mantener una reunión este viernes en el Palacio de la Moncloa.Alberto R. RoldánLa Razón

Los fondos europeos se le han atragantado al Gobierno porque su gestión está siendo muy deficiente, vistas todas las críticas que está recibiendo tanto de sectores económicos como de espacios políticos. Sin embargo, también puede constituir una oportunidad política para el Gobierno en el corto plazo, tanto para reflotar una economía que va camino del estancamiento a las puertas de las elecciones (a pesar de que hasta ahora la mala gestión está condenando a España a que los fondos estén teniendo un impacto mucho menor de lo esperado en el PIB) como para revitalizar a Cataluña y contentar a sus socios de legislatura, particularmente a Esquerra. Según las últimas cifras actualizadas de asignación económica a las autonomías (a 30 de noviembre), la autonomía catalana se ha convertido en el territorio más beneficiado en 2022.

En total, se han asignado a las Comunidades Autónomas 20.369 millones de euros desde que se pusieran en marcha los fondos europeos (contabilizando 2021 y 2022). Y, en 2022, la comunidad a la que más recursos se han asignado ha sido Cataluña con 1.325 millones de euros, por delante de Andalucía (1.320 millones). Ese dinero se acuerda y canaliza a través de las Conferencias Sectoriales, un órgano en el que participan el Gobierno y las Comunidades Autónomas y donde, a priori, se consensúan los criterios de reparto del dinero (esos criterios pueden variar en función de la temática y pueden ir del nivel de población al nivel de desempleo). Sin embargo, a tenor de las recurrentes quejas del PP (partido que gobierna cinco autonomías mientras el PSOE está a los mandos de nueve), parece que ese consenso es más una proclama del Gobierno que una realidad ya que los criterios de reparto suelen amoldarse a las pretensiones de Moncloa y hay poco margen para el debate (sí es cierto que ha habido casos en los que algún Ministerio ha apostado por la unanimidad en el consenso para distribuir el dinero, pero no es lo común).

Lo cierto es que cabe ver también el sentir en el Congreso para comprobar cómo van los fondos europeos y quién parece más o menos satisfecho: mientras los grupos independentistas catalanes apenas levantan la voz sobre este tema (esencialmente, PDeCat y ERC, grupos con gran influencia sobre el Gobierno), el PNV sí lo está haciendo muy recurrentemente. Bien sea Aitor Esteban en la sesión de control a Pedro Sánchez o bien sea Idoia Sagastizabal (diputada que lleva los asuntos económicos) con una interpelación a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Los nacionalistas vascos están mostrando su malestar con la gestión por la lentitud en la ejecución de los fondos, lo que impide que el dinero llegue a la economía real, pero también por los «excesivos trámites burocráticos» para las empresas. El PP también está siendo muy crítico. Desde las filas populares acusan al Gobierno de falta de transparencia y señalan que todavía no se sabe qué ha pasado con los pagos de 2021 ya que «no se han rendido cuentas» y advierten contra la lentitud en la ejecución. Según un reciente informe de la CEOE, se han publicado convocatorias por un importe de 9.372 millones de euros, el 28,3% de los algo más de 33.000 millones previstos, pero tan solo se han adjudicado 3.028 millones de euros, apenas el 9,1%. En el Gobierno se ha hecho autocrítica a medias con los ceses de algunos dirigentes de distintos Ministerios responsables de los fondos europeos en los últimos meses.

De momento, el Gobierno parece estar apostando por volcarse con Cataluña en su objetivo por mantener contento a Esquerra como socio, pero también en su objetivo por reimpulsar a un territorio históricamente muy importante para la economía española. Lo cierto es que esos guiños económicos con los fondos europeos han tenido un plus en los últimos días con una ayuda de 29,3 millones de euros dirigida a la Generalitat para apoyar al sector automovilístico en Cataluña. El dinero ha ido a cargo de los presupuestos del Estado y eso hay quien lo considera una «discriminación» hacia las otras autonomías. También la Comunidad Valenciana ha recibido 90 millones de euros para el sector automovilístico.

De esta manera, los últimos movimientos del Gobierno se pueden leer de dos maneras: por un lado, el Gobierno contenta a Esquerra (que gobierna la Generalitat) tanto judicialmente, con la reciente reforma del Código Penal que ha suprimido sedición y ha rebajado malversación, como económicamente, con los fondos europeos; o, por otro lado, ambas cuestiones se pueden interpretar como las medidas estrella de Pedro Sánchez para pasar a la historia como el líder que «arregló» Cataluña, desinflamando el clima político y social y revitalizándola económicamente tras la estampida de empresas por el «procés» (más de 5.000, algunas de ellas con mucho peso) y el grave deterioro que ha sufrido la autonomía.

En este sentido, los fondos europeos se pueden convertir en un arma para el Gobierno para reimpulsar a una autonomía que languidece económicamente tras más de una década convulsa: algunos economistas, como Ferran Brunet, han puesto cifras y han estimado la pérdida de PIB en Cataluña en un 4,6% (más de 10.000 millones de euros) por el «procés».

Cataluña lidera el ranking autonómico por asignaciones de fondos europeos en 2022, por delante de Andalucía; Madrid (977 millones de euros); Valencia (886); Canarias (780); y, Baleares (545).

Cataluña, un «activo electoral»
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, sostuvo ayer que el Gobierno ha sentado las bases de la convivencia en Cataluña y en el resto de España y que esto supondrá un «activo electoral» del que se beneficiarán todos los líderes socialistas que se presenten a las elecciones en todo el territorio. Bolaños hizo ayer estas declaraciones al ser cuestionado por las críticas de distintos barones socialistas a la eliminación del delito de sedición y la reforma de la malversación que ha sido impulsada por el Gobierno central y beneficiarán a los líderes independentistas del procés. En declaraciones a «La Sexta», señaló que actualmente en la España de 2023 se cumple la Constitución y la ley «y los problemas políticos se solucionan con diálogo y con entendimiento», frente a la situación de 2017 en la que el independentismo catalán era el principal problema para los españoles. «Esto es un activo que todos los compañeros que se presenten en cualquier lugar del territorio español, podrán utilizar en sus campañas electorales», trasladó.