La Ley de Memoria Democrática no concreta derechos y deberes de los nacionalizados

El proceso de nacionalizaciones en virtud de la Ley de Memoria Democrática sigue su curso desde la aprobación de la norma el pasado octubre con nuevas incógnitas a sumar a los fallos detectados en la instrucción. En este caso se trata de la cuantía de las ayudas económicas, sanitarias y sociales que recibirán los nuevos españoles –y futuros votantes–, un interrogante que el Gobierno deja en el aire. Así se desprende de una pregunta que el abogado y economista Guillermo Rocafort planteó al Ministerio de Hacienda y Función Pública a través del Portal de Transparencia, por la que pretendía «conocer la previsión de dicho coste para las arcas públicas, con su correspondiente detalle por partida y ayuda específica», así como la «aclaración de si dichos nacionalizados tendrán que contribuir a los gastos públicos del Estado por la vía de pagar sus correspondientes impuestos en España, y en tal caso, cuál es la previsión de ingresos fiscales que llevará aparejada la nacionalización».

El director del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Tributaria respondió mediante un oficio con fecha del 29 de diciembre en estos términos: «… habiéndose consultado al Ministerio de la Presidencia, al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos de este Ministerio de Hacienda y Función Pública, se inadmite esta parte de la solicitud en virtud del artículo 18.1.d) de la Ley 19/2013, que establece que se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente».

Para el demandante de la información, esto significa que «los ministerios de María Jesús Montero, Félix Bolaños y José Luis Escrivá no tienen datos económicos sobre la estimación solicitada ni tampoco conocen quién la puedetener», lo que «evidencia el descontrol gubernamental a estos efectos».

En cuanto a si los nacionalizados por la Ley de Memoria contribuirán a través del impuesto del IRPF en España, se desprende que solo será así si los agraciados residen habitualmente en nuestro país, mientras que respecto al IVA tampoco lo harán si adquieren los productos en España en régimen de viajeros y no son residentes habituales.

El también experto en fiscalidad Rocafort llama la atención sobre el régimen fiscal de los nacionalizados no residentes, que «no tributarán en España ni por IRPF ni por IVA, si están aquí de paso, a diferencia del criterio fiscal que se aplica en naciones como Estados Unidos», donde prevalece no el criterio fiscal de la residencia habitual sino el de la nacionalidad, de tal manera que todos los ciudadanos estadounidenses deben tributar por IRPF en su país, a partir de un determinado nivel de renta, con independencia de donde vivan.

Es decir, en EE UU todos los nacionalizados se hacen solidarios de las cargas públicas «mientras aquí se otorga la nacionalidad con mucha generosidad, incluso a multimillonarios que después no pagan un solo euro en España», por lo que en opinión de Rocafort «quizá sea ahora el momento de cambiar el criterio de la tributación, y asemejarlo más al modelo estadounidense, donde los nacionalizados por cualquier motivo se hacen cargo también del esfuerzo fiscal común».

Alude el letrado al artículo 31 de la Constitución Española, que estipula que «todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad».

Mientras tanto, crece el interés por la posibilidad de obtener la nacionalidad en países como Argentina, Colombia, Venezuela, Cuba o ciudades como Miami, en este caso con nutrida representación de exiliados del régimen castrista de origen español, pero también la preocupación ante la reciente admisión a trámite de una demanda que, según algunos medios locales, intenta «frenar la popularmente conocida como Ley de Nietos a miles de beneficiarios descendientes de españoles». Se trata del procedimiento contencioso-administrativo que ha llegado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a instancias de la Asociación por la Reconciliación y Verdad Histórica «por saltarse» la norma «los procedimientos de fondo y de forma», como recogió este diario, y facilitar el trámite «a través de una instrucción y no por medio de un reglamento del Gobierno».

Alguno de estos medios alude a la opinión de «abogados especializados en ciudadanía española» que consideran que «hay que esperar unas semanas para saber cuáles son las repercusiones» judiciales. En tanto decide la Justicia, lo que los afectados temen es una ralentización del proceso, pero hay quien ofrece «soluciones» en los numerosos chats de Telegram abiertos por los interesados. Por ejemplo, que el Gobierno dicte un real decreto o un reglamento que «derogue la instrucción con idéntico texto al de la instrucción», subsanando el error por el que está siendo atacada la norma en sede judicial. En cualquier caso, una muestra de la inquietud al otro lado del Atlántico.