Ley de Memoria Democrática: el Gobierno no tiene previsión sobre el número de peticiones de nacionalidad

El Ministerio de Asuntos Exteriores no tiene previsiones sobre el número de personas que van a solicitar la nacionalidad española en base a la Ley de Memoria Democrática, ni sabe tampoco los requisitos adicionales que se van a pedir a los interesados ni los plazos de tiempo estimados para que puedan hacerse con su condición de españoles, según reconocen desde el departamento de José Manuel Albares.

Así se desprende de la respuesta a un ciudadano particular que presentó una solicitud de acceso a la información pública a Exteriores al amparo de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. La petición abarcaba cuatro cuestiones:

1. El número estimado de personas extranjeras a las que se va a otorgar la nacionalidad española, con el detalle de los países de procedencia.

2. Los recursos adicionales materiales y humanos que va a aportar ese ministerio a los consulados españoles en el extranjero para tal fin.

3. Aclaración de los requisitos adicionales que se les va a pedir a los interesados (antecedentes penales, etc...) que la soliciten.

4. Plazo estimado medio de concesión de la nacionalidad española por esta vía desde la presentación de la solicitud.

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se concedió «acceso parcial a la información pública solicitada», alegando que solo es «competente para responder al punto número dos», el referido a los recursos adicionales para los consulados. Su respuesta fue que «ya se ha solicitado a la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones un refuerzo temporal significativo en los medios humanos autorizados para un elevado número de oficinas consulares en el exterior, sobre todo personal laboral auxiliar». Según el documento, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, «este refuerzo en los medios humanos consulares será canalizado a aquellas oficinas en las que este ministerio estima que habrá una mayor demanda de solicitudes de ejercicio de la opción a la nacionalidad española prevista en la nueva Ley de Memoria Democrática, con el objetivo tanto de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de esta Ley como de mantener el nivel de servicio a los españoles en el exterior en esas oficinas». En este sentido, el Consulado de España en La Habana ha explicado por su cuenta que se está ultimando un sistema de cita previa para atender las demandas. «No es posible atender o informar al público sin cita previa», apuntó la oficina consular en Twitter.

Respecto al resto de cuestiones, el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno establece que se inadmitirán a trámite las solicitudes «dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente». Y, «en cumplimiento del apartado 2 del artículo 18, según el cual el órgano que acuerde la inadmisión deberá indicar en la resolución el órgano que, a su juicio, es competente para conocer de la solicitud», recuerda el ministerio de Albares, que «desconoce quién puede ser competente para conocer las solicitudes de los puntos 1, 3 y 4».

Este resultado no ha satisfecho al interesado, Guillermo Rocafort ni, en consecuencia, a la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces, de la que es portavoz y podría emprender acciones legales, aunque la pregunta la hiciera a título particular este letrado y profesor de universidad. En su opinión, ha habido «dejación de funciones después de la expectación creada y el ruido mediático» desatado con la nueva norma. «Exteriores no sabe cuántos se van a nacionalizar y ni siquiera han hecho una estimación», lamenta con extrañeza. «Además, han pedido un apoyo temporal como refuerzo, pero no explican de qué ayuda se trata. Ni siquiera lo detallan». A juicio de Rocafort, «esto puede ser un coladero como la Ley del sí es sí».

En cuanto a la falta de contestación al resto de preguntas, «lo natural para evitarlo habría sido dar traslado, por ejemplo, a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, para hacer una primera estimación o valoración de cálculos sobre los descendientes de exiliados que pueda haber, o ponerse en contacto con alguna entidad memorialista en Cuba o Argentina, donde deben tener datos. Pero ¿y ellos mismos? ¿Es que no se han hecho aquí estudios del exilio? Porque el primero tendría que haber sido para cuantificar cuántos descendientes hay».

Considera Rocafort además que «tendría que haber una coordinación entre ministerios, pero asoman muchas dudas cuando en este caso no han dado parte», y «es llamativo que digan de entrada no saber quién es competente».

Lo que sí ha trascendido acerca de este proceso, que ha generado gran expectación en países de Sudamérica con numerosos descendientes del exilio, es que los nuevos nacionalizados tendrán los mismos derechos que un ciudadano nacido en España. Hay medios que se han hecho eco al otro lado del Atlántico de que, además de poder votar, aquellos hijos, nietos y bisnietos de españoles que adquieran la ciudadanía española tendrán acceso a ayudas económicas y cobertura de salud. Según el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Instituto Nacional de la Seguridad Social español, citan estas fuentes, aquellas personas recientemente nacionalizadas o que lo sean próximamente mediante la que allí se conoce como «Ley de Nietos» podrán acceder a estos beneficios dos años después de haber adquirido la doble ciudadanía.

Cabe recordar que esta nueva norma permite que hijos y nietos de personas nacidas en España y exiliadas durante el franquismo puedan ser beneficiarios de la ciudadanía española de forma directa, sin necesidad de vivir en el país por un lapso mínimo determinado. En el anterior proceso de concesión –más restrictivo–, que data de 2007, solo podían solicitarla los hijos de ciudadanos españoles.

La nacionalización de estos españoles de nuevo cuño ha sido además facultada a través de una instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, como adelantó LA RAZÓN, en un proceso de dudosa legalidad pues solo mediante real decreto u orden ministerial puede desarrollarse la Ley 20/2022 en lo relativo al otorgamiento de la nacionalidad española, según ha trasladado la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica a la ministra de Justicia, Pilar Llop.

En este escenario, el Gobierno ha dado la orden de reforzar los consulados en previsión de la avalancha de peticiones en una maniobra que tiene una lectura electoral, con vistas a disponer de miles de votos –en un caladero que se supone proclive a la izquierda– en las elecciones generales que tendrán lugar en diciembre de 2023.

Ajenos a estas intenciones, los interesados rastrean con interés sus opciones. Pocas veces una ley de otro país genera tanto revuelo en el exterior: la normativa es objeto diario de especulación en Facebook y grupos de WhatsApp y Telegram, algunos dedicados exclusivamente a esta cuestión. También es el tema de programas con expertos y secciones especiales en los medios. Reportajes como el reciente «Documentos que los cubanos deben presentar para la nacionalidad española» siguen la línea de detallados tutoriales e instrucciones publicadas por otros digitales y en otros países de habla hispana. Algunos medios independientes han organizado encuentros virtuales con expertos y abogados para explicar detalles de la ley española y de los distintos casos que contempla.