Los nuevos españoles de la Ley de Memoria, arma electoral de Sánchez

El Gobierno ha dado la orden de reforzar los consulados en previsión de la avalancha de peticiones de nacionalidad española tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática. Se trata de una maniobra que tiene una lectura electoral, con vistas a agilizar el proceso y disponer de cientos de miles de votos a favor del Ejecutivo en las elecciones generales que tendrán lugar en el mes de diciembre de 2023. Unos comicios en los que, a tenor de las encuestas, Pedro Sánchez tendría complicado reeditar mandato ante el ascenso del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

La semana pasada trascendió que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, emitió una circular interna a las embajadas y consulados de España en el extranjero en la que instaba a «reforzar» el personal en sedes diplomáticas con vistas a agilizar los trámites de los solicitantes que quieran acogerse a la llamada «Ley de Nietos» –como se refieren en Hispanoamérica a la norma– y estar listos para recibir un «volumen significativo» de solicitudes una vez entre en vigor, cosa que sucedió este viernes tras la publicación el día antes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Serían alrededor de 250.000 hijos o nietos de exiliados que Pedro Sánchez va a nacionalizar antes de los próximos comicios, dispuesto a conceder la doble nacionalidad a miles de hispanos, un aluvión de votos –presumiblemente– de izquierdas o nacionalistas, dado el carácter de la emigración que salió de nuestro país tras la Guerra Civil o durante la dictadura. Para ejercer su derecho al sufragio, estos nuevos españoles actuarían desde sus países de origen como los españoles residentes en el exterior, que pueden votar directamente en los consulados, puesto que ya no es necesario solicitar el voto rogado.

Un recuento de votos, por cierto, del que se ocupa Indra, cuyo control está en manos del Gobierno desde el pasado mes de junio a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dominio reforzado por el 4,1% del capital en manos de Prisa, cuarto máximo accionista de la compañía.

El concurso de estos electores afines puede tener un papel crucial en el desenlace de las elecciones. Porque en las pequeñas circunscripciones donde el último escaño se lo disputan el PP y el PSOE por un puñado de votos puede suponer la pérdida de sufragios y el consecuente quebranto de la mayoría. Una repercusión que podría llegar por parte de quienes no tienen ya arraigo en España, entre los que cabe dudar además sobre el alcance de su conocimiento de la realidad actual y que no se han desenvuelto en nuestro país, pero pueden condicionar el resultado electoral. Caso distinto es el de los españoles que viven en el extranjero, sobre todo por motivos profesionales.

En el ámbito de los descendientes de españoles en Argentina, México –país por excelencia del exilio tras la contienda– o Cuba hay expectación por la oportunidad que se presenta, y no faltan las informaciones sobre la «gran noticia» que «permitirá que hijos y nietos de españoles consigan la nacionalidad española de manera directa, sin tener que residir en España ningún plazo de tiempo mínimo».

Hay tres supuestos para acogerse: el de «hijos o nietos nacidos fuera de España de padre, madre o abuelo/abuela españoles que fueron exiliados y salieron de España por motivos políticos, ideológicos o de creencia o de orientación e identidad sexual, y que perdieron o renunciaron a su nacionalidad española; aquellos «hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978» y los «hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a la Ley de Memoria Histórica [de 2007] o de la presente Ley de Memoria Democrática».

En Argentina, el diario «La Nación» informó, citando fuentes consulares españolas, que se prevé que pueda haber hasta 60.000 solicitudes, por delante de Cuba, México, Uruguay y Chile. Ya en 2007, Zapatero nacionalizó a 170.183 personas con derecho a voto.

La ley fija un plazo de dos años para presentar la documentación necesaria para tramitar la ciudadanía española, no establece un determinado plazo de tiempo de residencia para obtener la ciudadanía y no presenta límites de edad.