Estrategia electoral

Feijóo impone la línea dura ante las «ocurrencias» de Vox

Génova quiere que Castilla y León sea el freno de las políticas más ideológicas del partido de Abascal

Alberto Núñez Feijóo ha parado de raíz la polémica que ha intentado abrir Vox utilizando el Gobierno de Castilla y León para dar aire a sus políticas antiabortistas, inspiradas en el Gobierno de extrema derecha húngaro, que preside Víktor Orbán. «España no está para perder el tiempo con ocurrencias ni para ayudar a Sánchez a tapar con ellas sus fracasos», sentenciaba, a primera hora de la mañana, un miembro del Comité de Dirección del partido. En la tarde del domingo Moncloa, para agitar la polémica a su favor, utilizó al Ministerio de Sanidad para amenazar formalmente al Gobierno de Castilla y León con aplicarle el artículo 155, sirviéndose para ello de las declaraciones del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, y de la falta de reflejo de la parte popular para frenar su maniobra de confusión. Falta de reflejo o miedo a la inestabilidad en el Gobierno autonómico, y a las consecuencias del choque con Vox ante los posibles futuros acuerdos a los que necesite llegar el PP después de las próximas elecciones municipales.

Moncloa, en una especie de calco de la estrategia «trumpista» que tanto usa para criticar a la derecha, hizo oídos sordos a las declaraciones de este fin de semana del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en las que negó un nuevo protocolo que obligue a los médicos a ofrecer a las mujeres que van a someterse a un aborto que escuchen el latido fetal. Y también ignoró las declaraciones previas del consejero de Sanidad, en la misma línea que Mañueco.

De hecho, después de que Mañueco solemnizara formalmente la desautorización de Gallardo, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, siguió sosteniendo que estaba «muy preocupada» por la amenaza a los derechos de las mujeres que representa el Gobierno de PP y Vox, en una entrevista en «Al Rojo Vivo», en La Sexta.

Génova cree que este Gobierno autonómico, el primero con Vox dentro, debe ser, precisamente, y en este contexto electoral, el espejo que sirva para cercar las políticas más ideológicas del partido de Santiago Abascal, «en lugar de equidistancias o de generar confusión». La anterior dirección del partido siguió una estrategia ciclotímica con Vox, pero Feijóo llegó a Madrid con un pasado como presidente de la Xunta sostenido en un contundente rechazo a esas connivencias de la etapa de Pablo Casado. Y en este marco electoral Génova entiende que el camino debe seguir siendo ese, para no apartarse de la línea que marcó ayer Feijóo en una entrevista en este periódico. «Voy a trabajar por un Gobierno de mayorías».

La posición de Vox en relación al aborto es incluso minoritaria dentro de su electorado, y el PP tiene poco que ganar dejándose arrastrar a este terreno. Además, la polémica abierta por Vox ha facilitado al Gobierno de coalición una vía de escape frente a las consecuencias de la ley del «solo sí es sí», que sigue excarcelando a agresores sexuales antes de que terminen de cumplir su sentencia firme.

Mañueco habló con Feijóo, y luego, en una comparecencia institucional, desautorizó sin matices la propuesta de su vicepresidente. La «ocurrencia», según zanjó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Vox, que se enfrenta a unas autonómicas y municipales complicadas después de sus últimos «pinchazos» electorales, necesita ganar espacio político y mediático, y esta vez lo ha hecho utilizando a la mujer y su oposición radical al aborto.

En su desautorización, Mañueco negó que el Gobierno que preside vaya a obligar a los médicos a ofrecer a las mujeres que escuchen el latido fetal antes de abortar. La propuesta de Vox «puede derivar en coacciones directas o indirectas». Horas antes su vicepresidenta había insistido en que esta obligación formaba parte del pacto con el PP.

Mañueco también acusó al Ejecutivo central de usar a las mujeres para hacer oposición a la Junta. Según explicó el presidente autonómico, no se va a actualizar ningún protocolo, sino que se van a impulsar una serie de medidas que mejoran y modernizan las prestaciones para mujeres embarazadas. En el momento de su comparecencia no había todavía ninguna publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León ni ningún documento que concretase las medidas.

Desde la dirección nacional, el nuevo portavoz, Borja Sémper, advirtió de que «los Gobiernos tienen que ser responsables y sensatos, y lo que hemos visto no es eso». También defendió que la polémica suscitada el jueves en Castilla y León nunca debería haberse producido.

Vox está en una estrategia de endurecer su comunicación bajo la amenaza de escisión que representa Macarena Olona. Y este episodio de Castilla y León es una señal de alerta sobre lo que espera al PP en los próximos meses.

Desde Génova ya han trasladado informalmente a Abascal que su plan para reflotar al partido favorece a Sánchez. Pero es el camino que tiene el líder de Vox para aguantar en los comicios de mayo. De hecho, el PP se mueve en un difícil equilibrio. Necesita crecer por el centro, sin que Vox suba, pero una caída brusca de los de Abascal le pueden dejar sin muleta con la que tener la mayoría necesaria para echar a Sánchez de La Moncloa.

«Vox acude al rescate mediático de Pedro Sánchez. Hay una guerra de bandos interesada entre Vox y el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos que usa a las mujeres en una batalla partidista», manifestó el portavoz de campaña de los populares.

Mañueco: no se obligará «a nada»

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, negó que se vayan a introducir cambios en el protocolo de atención a mujeres embarazadas, al tiempo que aclaró que no se obligará «a nada» a médicos o pacientes, ya que serán estas las que decidirán «libremente» si precisan más información. Mañueco garantizó que lo que sí va a hacer la Junta es mejorar «las prestaciones» a las mujeres embarazadas. «Las medidas que se implantarán mejoran y modernizan las prestaciones y las actuaciones en la aplicación de la cartera de servicios de atención a la mujer embarazada, no se modifica la cartera de servicios del Estado básica y común para España ni protocolo de Castilla y León», explicó. Asimismo, el presidente de la Junta manifestó su «estupefacción» ante el requerimiento del Gobierno para dar marcha atrás en las medidas anunciadas, un documento que, por otra parte, aún no ha recibido, y que aborda una cuestión sobre «la que no existe ningún acuerdo tramitándose», por lo que, como consideró, el Ejecutivo central intenta sacar un «rédito político».