Alberto Núñez Feijóo: «No me presento para liderar un bloque, sino un gobierno de mayorías»

La conversación tiene lugar en su despacho en Génova, y la utiliza para perfilar los ejes de su alternativa para las próximas elecciones. No esquiva ninguna pregunta, aunque la respuesta, a veces, sea a la gallega.

Si la economía sigue aguantando mejor de lo que se preveía este verano, ¿cuánto descoloca esto la oposición del PP?

Ojalá que todos los parámetros económicos de mi país mejoren. Pero, a día de hoy, somos los campeones de la UE en paro general y en paro juvenil. También somos los segundos con mayor tasa de paro femenino y los que más lejos estamos de recuperar el PIB del año 2019. Desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno somos el país que más se ha endeudado y que más ha incrementado los impuestos, a lo que hay que añadir más del 15 % de incremento de los precios de la compra. No me parece una economía de la que presumir.

Las ayudas, un mercado laboral que no se ha caído en picado o la revalorización de las pensiones son un colchón que amortiguan la crisis.

¿El mercado laboral aguanta teniendo el doble de paro de la UE?

España ya tenía el doble de paro que Europa con Rajoy.

Este Gobierno ya ha reconocido que no sabe cuántos fijos discontinuos tiene aún cobrando las prestaciones por desempleo, que siguen siendo personas en el paro aunque lo intenten ocultar. Y todas las decisiones que ha tomado para rebajar la inflación son propuestas del PP, que se copian meses más tarde.

Les copien o no, los resultados se apuntan en el expediente del Gobierno.

En materia de inflación, ha bajado gracias a que el Gobierno ha aceptado tres o cuatro meses después medidas que ya habíamos presentado nosotros. En el balance del Gobierno hay que apuntar que en dos años nos hemos situado en, aproximadamente, un 15 por ciento de inflación, la mayor de los últimos 30 años. Y la inflación subyacente, que es la que de verdad notan los ciudadanos, está dos puntos por encima de la media europea y sometida al efecto escalón. Desde que llegó Sánchez, su Gobierno nos cuesta 6.000 millones de euros de deuda cada mes. Así, en los últimos cuatro años. Y ésta es la decisión más irresponsable que puede adoptar un Gobierno porque supone dejar a los jóvenes sin empleo y sin expectativas de empleo, y con una deuda que van a tener que pagar antes de empezar a trabajar. Con 6.000 millones de euros al mes en deuda pública gobierna cualquiera.

Si la situación fuera tan mala, ¿no cree que en las encuestas el PP debería sacar una mayor ventaja al PSOE?

Todas las encuestas, salvo las que hace un dirigente del PSOE desde el CIS, dicen que hoy habría cambio político en España, a pesar de que la economía está dopada con 6.000 millones de euros al mes de deuda pública. De haber elecciones hoy, las encuestas nos dan entre 40 y 50 escaños más que en 2019, y al PSOE, hasta 20 escaños menos. Es evidente que vivir emitiendo deuda pública es más fácil que cumplir el déficit y no incrementar la deuda. Si las reglas fiscales de la Unión Europea del año 2011, que se le aplicaron a Rodríguez Zapatero, se aplicaran a Sánchez, no habría superado el 2022. Zapatero, con menos deuda pública que Sánchez, y con una economía menos endeudada, tuvo que congelar las pensiones –con el voto de Sánchez, por cierto– , bajar el sueldo de los funcionarios y hacer un ajuste de miles de millones de euros en el Presupuesto. Sánchez ha incrementado veintiséis impuestos, ha creado otros, pero no ha conseguido recuperar la economía de 2019 porque su proyecto es un fracaso.

Pero los españoles quizás prefieran que la economía se mantenga «dopada», como dice, a que la alternativa sea un PP que les anuncia ajustes para contener el endeudamiento.

Los ajustes en el gasto público improductivo no son impopulares. España no necesita veintidós ministerios, casi 1.000 asesores y decenas de altos cargos al servicio del Consejo de Ministros.

Con eso no se arregla el problema de la deuda.

Eso me dijeron en Galicia cuando suprimí el 50 por ciento de los cargos públicos, pero empezar por ahí es la mejor señal de que el compromiso de reducir el gasto público improductivo va en serio. No se puede pedir lo que tú no te aplicas a ti mismo. En el Presupuesto hay unos 25.000 millones de euros de discutible justificación. Por supuesto que hay que blindar el gasto en pensiones, en sanidad y en educación, pero también hay muchas partidas de gasto improductivo de las que se puede prescindir. Éste es el Gobierno más caro de la democracia, tenemos la Administración con el mayor gasto corriente de la democracia. Pues empecemos por ahí. Y luego, por supuesto, hay que apostar por políticas de crecimiento que ayuden a crear empleo de calidad. Ya lo hicieron el presidente Aznar y el presidente Rajoy.

Una de las medidas estrella del Gobierno de Rajoy fue, precisamente, la reforma de la Administración para simplificarla y reducir gasto improductivo.

En España se han incrementado en más de 380.000 el número de empleos públicos.

¿Sobran funcionarios?

En los próximos años van a producirse muchas jubilaciones, y tendremos que ajustar la contratación a las necesidades reales. Por ejemplo, tenemos que incrementar el número de médicos en España, especialmente en Atención Primaria, los pediatras de Atención Primaria y médicos de urgencias.

El Gobierno de Ayuso dice que si no contrata más médicos es porque no hay.

No tenemos porque ofertamos 4.000 plazas menos que médicos han finalizado su carrera. Y en vez de formar a los jóvenes que han acabado, estamos pidiendo a los mayores de 70 que vuelvan a sus puestos de trabajo. No estoy en contra, pero esto sucede porque nos hemos negado a ampliar las plazas MIR, algo que venimos pidiendo desde hace cuatro años.

Faltan médicos, pero, ¿dónde sobran funcionarios?

Haremos una auditoría del sector público y sobre el mapa de las jubilaciones de los próximos diez años habrá que reordenar nuestra Administración Pública para encajar la incorporación de personal técnico con esas jubilaciones. Probablemente nos falte mucho personal informático y tecnología. Nuestra Administración debe mirarse en el modelo de la empresa privada y lo que no se puede hacer es vivir a costa de que el que venga después, viva peor. Eso no es progresista, sino reaccionario.

¿Cómo se corrige la brecha social?

Nosotros apostamos por la moderación fiscal porque creemos que esto incrementa el consumo y ayuda a crear empleo. Con menos impuestos se financia el déficit de la Seguridad Social y se recauda más, y, por cierto, es una política que aplican los Gobiernos socialdemócratas europeos

La clave es a quién se le bajan y a quién se le suben.

Nuestro objetivo es repartir riqueza, no pobreza, a diferencia de este Gobierno que parece estar obsesionado con que se acabe con la riqueza del país. Nosotros estamos obsesionados con producir riqueza y después repartirla. El problema no es el número de ricos que hay en un país, sino el número de pobres. Más del 27 por ciento de la población española está en riesgo de pobreza. Son más de 13 millones de españoles. Y 3,5 millones están en riesgo de carencia material severa. Con este Gobierno se ha incrementado la pobreza en nuestro país, no se ha disminuido (Encuesta de Condiciones de Vida del INE, año 2021).

¿Su Gobierno destinaría más recursos a la escuela pública?

Para mejorar la escuela pública necesitamos mejores leyes de educación y reconocer una mayor autoridad al profesor. Hay que invertir más en formación profesional y llegar a un acuerdo básico, de Estado, sobre cuatro o cinco puntos que no se modifiquen porque cambie el color del Gobierno. La educación es la primera piedra donde se sustenta la economía, las libertades y la igualdad real y efectiva. Todo se puede comprar menos el conocimiento. La mayor inversión que puede hacer un Estado es en educación porque corrige las desigualdades de renta y de orígenes sociales.

Si usted para gobernar necesita el apoyo de Vox no será posible ningún acuerdo con el PSOE.

No me presento a las elecciones para liderar un bloque porque creo que la mayoría de los españoles no están en bloques y sí se identifican con un Gobierno que no les mienta, que no frivolice con los consensos constitucionales y que no legisle sólo al servicio de una ideología sustentada en las minorías que le apoyan. Creo en un Gobierno de mayorías y es en lo que voy a trabajar.

Ninguna encuesta dice que usted pueda gobernar sin contar con Vox.

He gobernado siempre superando encuestas que no me daban. En Andalucía las encuestas tampoco daban…, déjeme usted confiar en mi país y en los españoles. Los españoles tienen que elegir en estas próximas elecciones entre Sánchez, con los independentistas, y nuestra propuesta de un partido abierto y en el cabemos todos los que no somos independentistas. Hay mucha gente que se identifica con un proyecto político centrado en los intereses de nuestro país, reformista, y que respeta los consensos constitucionales y la integridad territorial. Hay que volver a hablar de España. Yo estoy convencido de que vamos a poder gobernar sin ataduras que nos impidan llegar a acuerdos en las zonas anchas del Parlamento. Trabajo para eso.

¿Cómo arreglaría el problema de la vivienda?

Desde el principio de que intervenir el mercado de la vivienda, regulando los precios a medio plazo, produce menos inversión en vivienda y menos oferta de alquiler. Y con una política de suelo donde el suelo no conlleve un porcentaje del precio de la vivienda inasumible.

Eso es fácil decirlo, ejecutarlo es otra cosa.

Hay muchas cosas que se pueden hacer sin intervenir el mercado, como bajar los impuestos a los jóvenes para adquirir una vivienda o abaratar al máximo los impuestos que gravan la vivienda en el ámbito rural.

¿Cree en el cambio climático?

Sí.

¿Las políticas económicas deben estar condicionadas a revertir ese cambio climático?

Las políticas económicas tienen que ser conscientes de que hay un calentamiento de la atmósfera, de que las emisiones de CO2 tienen que controlarse y de que tenemos que ir a una energía limpia. El problema es cómo lo hacemos: si lo hacemos solo con ideología o con tecnología. Y yo me quedo con la tecnología y con una transición ordenada que no haga subir los precios de la energía porque entonces sube la inflación y, automáticamente, Europa deja de ser competitiva. España es un país que ha tomado las decisiones más drásticas en sus políticas energéticas sin que hayan tenido seguimiento por la Unión Europea. Y tenemos el Gobierno que menos parques eólicos ha instalado porque está viviendo de los que se iniciaron en los Gobiernos anteriores. España es un gran productor de energía fotovoltaica. Es un gran productor de energía eólica. Puede ser, y debe ser, un gran productor de energía hidroeléctrica a través de los bombeos que el Gobierno ha parado. Pero, sin duda, uno de los grandes problemas de nuestro país es dejarse llevar por ese falso ecologismo que consiste en incrementar más que nunca nuestras importaciones de gas ruso y romper las relaciones con Argelia cuando tenemos ya un tubo que nos conecta y que no contamina nada, dado que el gas entra directamente en el gasoducto. Ahora estamos trayendo gas proveniente del fracking y con barcos que cruzan el Océano para inyectar gas a nuestras plantas de regasificación, la mayoría de ellas, por cierto, construidas en contra de Podemos y, en algunos casos, en contra del Partido Socialista.

¿Admite ya que el tope al gas ha funcionado?

El Gobierno ha bajado el tope de la energía para los hogares que no tenían contratos a precio fijo y lo ha subido a las fábricas y a los hogares que tenían contratos a plazo fijo. También reconozco que el año pasado regalamos a los franceses hasta 1.000 millones de euros, al beneficiarse del tope del precio que hemos financiado entre todos los consumidores españoles.

¿Tienen una propuesta para revertir las excarcelaciones de violadores por la Ley de «sí es sí»?

Con una modificación de la ley.

¿Cómo? Ya ha hecho un retoque el Gobierno y no ha servido para nada. Los expertos dicen que el cambio legal ya no arregla nada.

El Gobierno ha cambiado el preámbulo, lo cual es una chapuza más. Claro que el mal ya está hecho, pero hay que recuperar las penas anteriores para los casos que se producen desde ahora. Hay que corregir bien la ley de inmediato porque cada día que pasa es un día perdido y aumentan las excarcelaciones. El daño hecho exige la dimisión de todo el Ministerio de Igualdad y que el presidente del Gobierno pida, al menos, disculpas. Pero todavía hemos tenido que ver esta semana como una secretaria de Estado hacía chirigotas y se reía de su propia incompetencia y de que haya violadores y pederastas que salen a la calle sin haber cumplido la pena que les impusieron los tribunales. Enfrente lo que hay es un presidente que no tiene autoridad en la coalición ni para cesar a una secretaria de Estado.

¿Derogarán esa ley?

Desde luego la modificaremos para endurecer las penas a los delincuentes sexuales, en esa línea va la propuesta que ya hemos presentado. Pero me parecería inconcebible que hubiese que esperar a que gobierne el PP para hacerlo: es urgente modificarla de inmediato y no me puedo creer que el Gobierno no lo haga únicamente por soberbia.

¿Se fía del nuevo Tribunal Constitucional?

El Tribunal Constitucional es el Tribunal de Garantías de nuestra democracia. Es una institución del Estado y es el único que puede derogar, total o parcialmente, una ley aprobada por las Cortes Generales o la Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma. Por tanto, hemos de preservarlo, cuidarlo e intentar tener un tribunal que sea una garantía para todos.

¿Eso quiere decir que se fía o que no?

Hay determinadas cuestiones que, inevitablemente, trasladan intranquilidad a los ciudadanos, como, por ejemplo, que más del 20 por ciento de los miembros del Tribunal Constitucional hayan formado parte del Gobierno hasta hace nada. Éste es un mal camino. Como también lo es romper la costumbre de los últimos 30 o 40 años de que se elige siempre a un vicepresidente de la parte minoritaria de los magistrados del Tribunal Constitucional. Sólo nos queda confiar en la profesionalidad de las mujeres y de los hombres que lo conforman. Pero, lamentablemente, los inicios de este Tribunal Constitucional no aportan las mismas garantías que ha habido con todos los Gobiernos anteriores. Y no es por casualidad.

¿Qué objetivo ve detrás?

El Gobierno quiere blindar determinados recursos que el Tribunal tiene que resolver en los próximos meses. Para evitar que esto vuelva a ocurrir nosotros reformaremos desde el Gobierno la ley del Tribunal Constitucional.

¿Esos recursos afectarían a Cataluña?

Sí. Hoy los independentistas forman parte del Gobierno de una Nación a la que no quieren pertenecer. Con este Tribunal Constitucional el Gobierno busca blindarse frente a una serie de recursos que nacen de sus decisiones en contra de las sentencias del Tribunal Supremo, de unos indultos en contra de los informes del Tribunal Supremo o de una derogación del Código Penal escrita por los condenados por el «procés».

¿Qué pretende cambiar en relación al Constitucional?

El PP se presentará a las elecciones generales con una agenda de regeneración institucional. El Gobierno de Sánchez ha intentado ocupar y controlar todas las instituciones del Estado y España necesita pasar página de esta etapa y hacer una apuesta por la regeneración democrática y por la fortaleza de las instituciones del Estado. Ya hemos presentado la propuesta para que los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial los elijan los jueces. En el Tribunal Constitucional también habrá unos nuevos requisitos de elegibilidad: no podrá haber ningún cargo que haya estado en el Gobierno en los últimos cinco años y, antes de ser elegidos, los candidatos deberán someterse al examen del Congreso y acreditar sus capacidades y su experiencia. Estas exigencias de profesionalidad e independencia las aplicaremos también a la Fiscalía General del Estado y al Consejo de Estado. Hemos entrado en una senda de sospecha sobre la independencia e imparcialidad de nuestras instituciones que hay que corregir.

¿Por qué al PP le incomoda tanto el nombre de Conde-Pumpido?

Nosotros respetamos la decisión de los miembros del Tribunal Constitucional de nombrarle presidente.

Respetarán, pero después de perder la batalla que han librado con Moncloa para evitar su elección.

Hay votos particulares del señor Conde-Pumpido en sentencias anteriores que son absolutamente sorprendentes.

¿A qué se refiere?

En las actas del Tribunal están sus votos particulares sobre recursos contra el estado de alarma o en temas territoriales. Y no nos olvidemos que fue fiscal general del Estado con un Gobierno del Partido Socialista. Desde el punto de vista profesional no es la persona adecuada, aunque pueda tener la formación que exige el cargo. En todo caso, a mí no me corresponde más que respetar la decisión del Tribunal Constitucional y desearle suerte.

¿El PP está trabajando para ayudar a que la Comisión Europea amoneste a España en su próximo informe sobre el Estado de Derecho por la falta de independencia judicial?

La amonestación corresponde al comisario europeo y a la Unión Europea en su conjunto. Nosotros sólo estamos dando información. En diciembre notificamos a la Unión Europea que había dos miembros del Gobierno propuestos como magistrados del Tribunal Constitucional. Y también hemos enviado la iniciativa que llevamos a las Cortes en diciembre para que, siguiendo la estela de las propuestas de la Unión y del comisario de Justicia, los magistrados y jueces elijan a sus representantes en el Consejo.

La izquierda les acusa de ir incluso contra la marca España para llegar a La Moncloa.

Tenemos la obligación de defender la independencia judicial y lo que estamos haciendo es, precisamente, defender a España.

El bloqueo del CGPJ tampoco facilita la independencia judicial.

Cuando las decisiones de un Gobierno, miembro de la UE, bordean o atentan contra la independencia del Poder Judicial, nuestro deber, ya no solo político, sino moral, es informar a la Unión. No ha habido ningún Gobierno en España que haya atacado más, y con descalificativos más gruesos, a los jueces, magistrados y tribunales españoles, desde el «fachas con toga» al «golpe de las togas», sólo por el hecho de que el Tribunal Constitucional aceptó un recurso de amparo para que se tramiten las leyes conforme a los derechos parlamentarios de los diputados. Todo esto, por supuesto, lo tiene que saber Europa.

Eso no había ocurrido nunca hasta ahora.

Nunca habíamos tenido un Gobierno como éste.

Asumimos ya que no habrá renovación del CGPJ en esta Legislatura. Pero si usted gobierna, el PSOE puede devolvérsela manteniendo también bloqueada «sine die» esa renovación.

Después de Sánchez el Partido Socialista tendrá que resetearse. Se acabará el «sanchismo» y volverá el PSOE con el que siempre hemos pactado y acordado. Además, la ley con la que el Gobierno interviene el Consejo, para desposeerle de sus competencias y prohibirle hacer nombramientos, es inconstitucional.

Eso lo tendrá que decidir precisamente el nuevo TC, del que dice que hay «sospechas» de parcialidad.

Sí. Pero, en cualquier caso, nosotros vamos a derogar esa ley porque estamos convencidos de que es inconstitucional. No se puede quitar competencias a un órgano sólo por el hecho de que esté prorrogado. Imagínese que no se llega a un acuerdo para renovar al defensor del Pueblo o para renovar el Tribunal de Cuentas, ¿eso significa que el Estado se queda sin fiscalizar sus cuentas o que los ciudadanos no pueden presentar quejas ante el defensor del Pueblo?

El plan de regeneración democrática que anuncia, ¿incluirá alguna medida que le afecte si ocupa la Presidencia del Gobierno?

Sin duda. Ir a una boda o ir a un concierto en el Falcon es incompatible con la decencia política. Como también lo es irse a un mitin del partido y colar una pequeña cita unas horas antes donde se celebra el mitin para enmascarar que no solo se utiliza el Falcon para el ocio, sino también para el partido. La regulación de todas estas prácticas formará parte de ese nuevo código ético.

¿También limitar los mandatos a ocho años? Se lo planteó, y luego no se lo aplicó en Galicia….

No tiene sentido limitar los mandatos, limitar la democracia y limitar los derechos civiles de la gente. Puede ser un compromiso personal, pero no creo que haya que legislar sobre ello. Yo llevaba ocho años en Galicia, y cuando llegaron las elecciones de 2016 el Partido Popular había perdido todas las mayorías absolutas en España. Entonces, me hice la pregunta de si no me presentaba para cumplir con lo de los ocho años o porque creía que en este contexto político no iba a sacar la mayoría absoluta. Al final, opté por no esquivar mi responsabilidad y en Galicia gobernamos con otra mayoría absoluta.

Dicen que se ha hecho «sorayista» por el perfil de los fichajes que está haciendo.

Yo creo y confío en todo mi partido. Y mi intención es ensancharlo sin perder el tiempo con divisiones antiguas. Estamos abiertos al talento y a la mayoría.

¿A quién escucha en materia económica?

A mucha gente.

¿Como quién?

Cuando he tenido que formar un gobierno no lo sabía ni el cuello de mi camisa. Así que entenderá cuál es la respuesta a esa pregunta.

Muchos de los que ahora le susurran querrán estar en su gobierno.

No lo sé, pero tampoco me importa.

¿Ve a Inés Arrimadas y a Begoña Villacís en el PP?

Algo de eso he leído en un periódico.

¿Y qué ha pensado al leerlo?

Pues que es un buen titular.

¿Qué posibilidades tiene ese titular de hacerse realidad?

Ciudadanos tiene que decidir su propio futuro. En cuanto al PP, siempre estamos abierto a incorporar talento de verdad y capacidad de trabajo. Y cuando haya algo que anunciar, lo haré.

¿Es bueno para el centro derecha que Ciudadanos no se presente a las elecciones?

Para el centro derecha es buena la unidad del voto, con el PP como referente, por ser la única alternativa real a Sánchez. Hay gente de Ciudadanos que así lo ha visto ya y seguirán produciéndose integraciones en los próximos meses.

¿Un Gobierno de derechas estará desarmado para combatir el independentismo?

Mi Gobierno recuperará todas las barreras para proteger la integridad de España. Recuperaré el delito de sedición y la malversación.

Pero esto podría hacer que el independentismo volviera a calentar la calle y se acabara con la «pacificación» de la que presume el Gobierno de coalición.

Mi obligación como presidente del Gobierno es proteger la integridad de España y no facilitar las cosas a los que roban fondos públicos. Con independencia del uso que hagan del dinero robado.

El PP no tiene interlocución ni con ERC ni con Bildu. Desde la Presidencia del Gobierno, ¿tampoco la tendrían?

Cumpliremos con nuestras obligaciones institucionales.