Euroorden contra Puigdemont: Llarena espera vía libre del TJUE

En plena tramitación procesal de la revisión de las condenas del «procés», el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont afronta unas semanas decisivas en su batalla judicial contra el Tribunal Supremo. Lo hará allí donde siempre ha querido situar esa contienda jurídica desde que huyó de la Justicia española a finales de octubre de 2017: ante los tribunales europeos. En juego, el bálsamo de Fierabrás con el que su defensa pretende desbaratar todo el proceso judicial contra él: la inmunidad parlamentaria que neutralice la euroorden cursada por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del «procés».

El político independentista ha llevado el tira y afloja con la Justicia española hasta donde quería: cinco años después, sigue sin rendir cuentas ante el Tribunal Supremo tras sortear varias OEDE (órdenes europeas de detención y entrega) y dos arrestos incluidos en Alemania y en Cerdeña. Y ahora, además, se encomienda a la reforma penal del Gobierno que ha eliminado la sedición y rebajado la malversación para hacer frente a una nueva euroorden, de momento paralizada.

Pero la suerte de Puigdemont depende, sobre todo, de dos tribunales europeos: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE). Del primero depende el futuro de la OEDE; del segundo, una posible retirada de la inmunidad que dejaría al ahora europarlamentario desamparado frente a una nueva reclamación a Bélgica para su entrega.

La negativa de Bélgica

El TJUE debe resolver mañana mismo la cuestión prejudicial planteada en marzo de 2021 por Llarena tras el revés que supuso la negativa a entregar al exconseller Lluís Puig. Entonces, la Justicia belga expuso sus dudas sobre la competencia del Tribunal Supremo para perseguir al político soberanista e incluso en relación a una posible vulneración de derechos fundamentales si finalmente era puesto a disposición de la Justicia española.

Frente a ese escenario, a Llarena no le quedó más remedio que recurrir a Europa para que le aclarase si Bélgica puede esgrimir esos argumentos para negarse a entregar también a Puigdemont. La intervención del TJUE es, por tanto, clave para determinar el curso de esa OEDE, dado que deben ser igualmente los tribunales belgas los que den el visto bueno al regreso del expresident.

En este primer asalto, las perspectivas son halagüeñas para el juez Llarena, pues el abogado general de la UE (cuyos pronunciamientos suelen anticipar el fallo del tribunal) ya se alineó con el magistrado español al determinar, en julio del pasado año, que Bélgica no puede escudarse en la supuesta falta de competencia del Supremo ni en una posible violación de derechos fundamentales sin acreditar «deficiencias sistémicas o generalizadas» en el sistema judicial español.

La OEDE seguirá paralizada

En su dictamen, el abogado general del TJUE Jean Richard de la Tour concluía que dado que el marco legal de la OEDE se basa en el principio de confianza mutua entre estados miembros, para tumbar una euroorden son necesarios «datos objetivos, fiables» y «precisos» de una posible vulneración de derechos fundamentales en caso de entrega del reclamado que revelen deficiencias «generalizadas» en el sistema de garantías que debe amparar a un encausado.

El magistrado español confía, por tanto, en que el tribunal europeo se ponga de su parte y dé un tirón de orejas a la Justicia belga que le permita retomar la tramitación de la euroorden. No obstante, y aunque el TJUE avale a Llarena, el instructor de la causa del «procés» no podrá reactivar la OEDE por el momento, pues tal y como señalan fuentes del Tribunal Supremo «mientras mantenga la inmunidad, aunque sea de forma cautelar, no pueden tramitarse las euroordenes». Por este mismo motivo, recuerdan esas mismas fuentes, «no se tramitaban antes de la concesión del suplicatorio ni tampoco desde que el TJUE le devolvió transitoriamente la inmunidad. Estamos obligado a esperar». De ahí que, insistan, lo que esperan del tribunal europeo es que aclare «cómo hay que tramitar la OEDE, pero solo se podrá aplicar cuando pueda tramitarse» (si el TGUE desviste al líder soberanista catalán de su inmunidad).

Tampoco desde el entorno de Puigdemont consideran esta decisión determinante. Fuentes de su defensa asumen que el tribunal europeo dictará una sentencia «intermedia con la que vamos a poder convivir» aunque avale que las objeciones de Bélgica no sean suficientes para impedir a Llarena cursar la OEDE del expresidente y de sus consejero fugados. Saben, no obstante, que donde se la juegan es ante el Tribunal General de la UE (ante quien plantearon sendas demandas contra el Parlamento Europeo por la concesión del suplicatorio). «Ahí vamos a ganar sí o sí», pronostican.

A la espera del Tribunal General de la UE

En todo caso, si se cumplen los pronósticos y el TJUE respalda a Llarena, aflorará otro punto de fricción entre el juez y Puigdemont. Su defensa entiende que, al haber cambiado los delitos por los que se le persigue tras la derogación de la sedición y la reforma de la malversación (ahora el magistrado le reclama por malversación agravada y desobediencia), Llarena debe pedir un nuevo suplicatorio a la Eurocámara, pero el magistrado descarta esa posibilidad, porque entiende que el Parlamento Europeo ya dio su plácet para que el Supremo pueda proceder penalmente contra el expresident al margen de los delitos que se le imputen.

A diferencia de este primer pronunciamiento europeo, la decisión del TGUE no tiene fecha prevista (aunque su decisión se espera a lo largo de los próximos dos meses). Pero aunque el tribunal retirara la inmunidad a Puigdemont (que ahora la ostenta de forma cautelar desde mayo del pasado año), la defensa del expresident puede recurrir ante el TJUE (y así lo haría), lo que dilatará aun más la resolución de la controversia.

En caso contrario, si el TGUE tumba el suplicatorio y ratifica la inmunidad, el expresident se plantea regresar a España, aunque si pone un pie en nuestro país será detenido en ejecución de la orden de detención nacional que Llarena mantiene en vigor. Puigdemont impulsaría entonces ante el TGUE un procedimiento de incumplimiento contra España. La partida, de nuevo, se jugaría en Europa pero entonces, seguramente, con Puigdemont en prisión.