Puigdemont desvincula su regreso de la reforma del delito de sedición

La reforma del delito de sedición que quiere sacar adelante Pedro Sánchez no cambia la hoja de ruta de Carles Puigdemont. A punto de cumplirse cinco años de su huida a Bélgica, el expresidente de la Generalitat no se plantea, según fuentes próximas al líder independentista, un posible regreso a España una vez que el Gobierno garantice la mayoría parlamentaria necesaria para rebajar las penas de prisión que acarrea la comisión del delito por el que fue condenado (además de por malversación) el núcleo duro de los líderes independentistas del «procés».

Según esas mismas fuentes, Puigdemont continuará con su retiro en Waterloo (Bélgica) y solo condiciona su vuelta a España a salir victorioso en «la batalla jurídica en Europa». Es precisamente en el foro eurocomunitario donde está pendiente del resultado de sus recursos para recuperar la inmunidad parlamentaria (cuestionó la decisión del Europarlamento de conceder el suplicatorio para proceder contra él) –que ahora solo mantiene de forma cautelar desde el pasado mayo por decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)–. Con todo, la resolución (que puede recurrirse) no se espera hasta el primer trimestre del próximo año.

Y, por si fuera poco, está a la espera de la suerte que corra la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) cursada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del «procés». Un petición pendiente ahora de lo que decida el TJUE.

Pendiente de la decisión sobre el suplicatorio

De momento, el abogado general de la UE se posicionó al lado de Llarena, que pidió al tribunal europeo que se pronunciara, tras negar Bélgica la entrega del exconseller Lluís Puig. En esa resolución (que suele anticipar la sentencia del TJUE), determinó que la Justicia belga no puede rechazar esa entrega, como hizo con Puig, cuestionando la competencia del Tribunal Supremo y sembrando dudas generalizadas sobre una hipotética violación de los derechos fundamentales de los fugados si finalmente son puestos a disposición de la Justicia española. Pero, en todo caso, la defensa de Puigdemont confía en revertir esa situación y en terminar convenciendo al tribunal comunitario para tumbar de nuevo esa orden de entrega.

¿Por que esa rebaja en las penas de prisión en el delito de sedición no sería un aliciente suficiente para propiciar el regreso a España del ex presidente de la Generalitat? En primer lugar, porque se enfrentaría a una posible entrada en prisión a la espera de juicio. Y, sobre todo, porque se sentaría en el banquillo no solo por sedición, sino también por malversación. Este último delito, castigado con penas de cárcel de dos a ocho años, contempla hasta doce años de prisión cuando la cantidad malversada supere los 250.000 euros.

Y aunque la moderación de las penas sea significativa en el caso de la sedición (si la pena más alta pasara de los 15 años de prisión a cinco o seis), a la hora de establecer la prescripción siempre se tendría en cuenta el delito con la pena más alta (si la pena máxima se sitúa entre los doce y los 15 años de prisión, el plazo de prescripción es de 15 años). Pero, para más inri, en el caso de Puigdemont apenas habría corrido el reloj, pues ese cómputo está paralizado por las actuaciones procesales que se siguen contra él en el Tribunal Supremo en la causa del «procés».

La OEDE paraliza el plazo de prescripción

En febrero del pasado año, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ya estableció que la emisión de una orden europea de detención paraliza la prescripción del delito, incluso en el caso de que la persona que se reclama esté en paradero desconocido, en tanto en cuanto supone una «efectiva» activación del proceso.

Distinto es el caso de Marta Rovira, refugiada en Suiza desde marzo de 2018, cuando dio la espantada ante el juez Llarena y no se presentó a la citación judicial en la que el magistrado debía comunicarle su procesamiento por rebelión. Al no tener que hacer frente la ex secretaria general de ERC a una posible condena por malversación (no formaba parte del Gobierno de Puigdemont), una reforma del delito de sedición sí incidiría directamente en su situación procesal.

Y es que si la pena más grave para este delito no supera los cinco años de prisión o inhabilitación, el plazo de prescripción sería de cinco años. Según fuentes jurídicas, dado que en su caso el único acto procesal contra ella es ese auto de procesamiento de marzo de 2018 (que incluía una orden de detención en caso de que pusiera un pie en España), la exdirigente republicana podría cancelar sus deudas con la Justicia española en marzo del próximo año al haber prescrito la supuesta responsabilidad por su papel en el proceso soberanista en Cataluña.