Puigdemont se encomienda a la reforma de la sedición como un “plus” para tumbar el suplicatorio

Carles Puigdemont esgrimirá en Europa la reforma del delito de sedición para intentar tumbar su suplicatorio. Como informó LA RAZÓN, el expresidente de la Generalitat afronta los próximos días 24 y 25 en Luxemburgo ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) dos citas clave para intentar recuperar de forma plena su inmunidad (que el Parlamento Europeo le retiró a petición del instructor de la causa del “procés”, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena). Porque su objetivo, admiten fuentes de su entorno, es “plantarse en Cataluña ya” si le ampara el paraguas de la ansiada inmunidad parlamentaria.

En apoyo de sus argumentos, la defensa del líder independentista ha aportado a la causa una ingente documentación (que suma casi 15.000 folios), pero aun falta un papel por sumar a esa panoplia documental, que quizá termine siendo determinante en esa batalla judicial. Según fuentes de su defensa, los abogados de Puigdemont pondrán a disposición del TGUE la proposición de ley impulsada por PSOE y Podemos para derogar el delito de sedición y equipararlo a unos desórdenes públicos agravados penados con un máximo de cinco años de prisión.

No solo eso. En la decisiva vista del día 25 -en la que se sustancia la demanda de Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí contra la Eurocámara por no defender su inmunidad y conceder el suplicatorio-, los letrados del expresident tienen previsto abrir su intervención precisamente con la polémica reforma abanderada por el Gobierno.

Avala su queja por la “desproporción” de las penas

No en vano, uno de los ocho argumentos que defienden para intentar revertir ese suplicatorio es, precisamente, la “desproporción” de las penas que supone el delito de sedición por el que (junto al de malversación) la Justicia española reclama su entrega. En ese contexto, recalcan esas mismas fuentes, el hecho de que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya justificado la medida en la intención del Ejecutivo de “armonizar” la respuesta penal a la que contemplan para ese tipo de conductas otros países de nuestro entorno (pese a que el Supremo ya precisó que en Alemania o Francia las penas son más severas) supone un “plus” en la defensa de sus postulados.

Lo cierto es que aunque políticamente el expresident esté obligado a considerar insuficiente esa reforma (a la espera de los pasos que dé el Gobierno en una posible modificación del delito de malversación, verdadera espada de Damocles que se cierne sobre su hipotético regreso), jurídicamente sus abogados están dispuestos a “sacar punta” a esa iniciativa del Ejecutivo. “Tenemos al Gobierno de España derogando uno de los dos delitos por los cuales solicitaron el suplicatorio”, recalcan antes de recordar que desde un primer momento han defendido en Europa “que no era delito”.

Además, añaden, también piensan poner sobre la mesa las palabras de la vicepresidenta Nadia Calviño al asegurar que la reforma de la sedición favorecerá la entrega de Puigdemont por parte de la Justicia belga (que en su día se mostró dispuesta a tramitar la OEDE solo por el delito de malversación). “Lo que ha pasado es de locos. Decir que esto es para traer a Puigdemont tiene poca explicación”, aseguran antes de dejar claro que ese “derrape legislativo no nos viene mal”.

“Es un indicio de que el suplicatorio no es serio”

“La proposición de ley es un indicio de que no el suplicatorio no es serio”, hacen hincapié fuentes de la defensa del expresident. “Vamos a jugar con un plus”, dicen, al tiempo que se congratulan de que Pedro Sánchez haya anunciado la reforma “antes de estas vistas”.

Los letrados del líder independentista tampoco pasan por alto una posible reforma de la malversación que ya reclaman Unidas Podemos y ERC, y a la que el Gobierno no cierra la puerta. “Hay un problema de desproporción desde el mismo momento que te quitan la sedición pero te dejan la malversación, que puede acarrear penas de inhabilitación de 20 a 30 años por ser agravada y cometida por autoridad”.

Esa “desproporción” es, precisamente, una de las alegaciones de la demanda que defenderán en la vista del día 25 ante el TGUE, en la que argumentarán que el suplicatorio es nulo porque cuando Llarena lo cursó Puigdemont ya gozaba de inmunidad una vez el Tribunal de Justicia estableció que la adquirió desde la proclamación de los resultados por la Junta Electoral Central en junio de 2019. “La Junta Electoral Central opina una cosa, el Tribunal Constitucional otra y Pedro Sánchez otra distinta. Son voces discrepantes. Para Europa es desquiciante”.

La querella de Vox

Entre esos ocho puntales jurídicos con los que la defensa del expresident piensa hacer zozobrar el suplicatorio (la decisión del TGUE, que es recurrible, no se conocerá previsiblemente hasta febrero del próximo año) se incluye una supuesta vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva por “incongruencia omisiva”, al no haber dado respuesta el Parlamento Europeo a todas las cuestiones planteadas en contra de la retirada de la inmunidad.

Asimismo, sus letrados consideran “desproporcionada” la concesión del suplicatorio y achacan la iniciativa del Supremo a una “persecución política” (que ya rechazó el Tribunal Constitucional, negando que fuera perseguido por sus ideas) porque “la reclamación se basa en unos hechos vinculados a su actuación política”. En sustento de esa apreciación, su defensa recalca que “Vox inició el procedimiento con una querella en los juzgados de Barcelona dos días antes de la querella de la Fiscalía” y llama la atención sobre el hecho de que “el ponente de los tres suplicatorios sea miembro del mismo grupo parlamentario europeo al que pertenece Vox”, en referencia al diputado Angel Dzhambazki, del partido de extrema derecha Movimiento Nacional Búlgaro, “que llegó a corear en un mitin “Puigdemont a prisión””.

Defiende su inmunidad desde junio de 2019

La primera de esas dos citas clave para el expresident se celebrará el próximo día 24, cuando el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) aborda la demanda que presentaron Puigdemont y Comín contra el Parlamento Europeo por considerar que no defendió su inmunidad ante la petición de suplicatorio.

Puigdemont defiende que, tal y como estableció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el 19 de diciembre de 2019 respecto a Oriol Junqueras, gozaba de la condición de eurodiputado desde la proclamación oficial de los resultados de las elecciones europeas de mayo de 2019, ratificados por la Junta Electoral Central el 13 de junio. Un mes después de esa fecha, el 13 de enero de 2020, el entonces presidente del Parlamento Europeo David Sassoli ratificó la condición de eurodiputados de Puigdemont y Comín, horas antes del que el Tribunal Supremo solicitara el suplicatorio (cuya concesión conlleva la pérdida de la inmunidad parlamentaria).

Al día siguiente, el 25, se sustancia la demanda que apunta directamente contra la concesión del suplicatorio por parte del Parlamento Europeo, lo que acarreó para el líder independentista la pérdida de su inmunidad (que recuperó el pasado mayo de forma cautelar por decisión del Tribunal de Justicia de la UE). El expresident y sus exconsellers denuncian supuestas irregularidades en la tramitación del suplicatorio, al poner en duda la imparcialidad del presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara, el eurodiputado de Ciudadanos (Cs) Adrián Vázquez. Asimismo, cuestionan de nuevo que el Tribunal Supremo sea competente para dictar las euroórdenes contra ellos.