A la cárcel por «piratear»

Todos los actores de la industria cultural estaban ayer de acuerdo: la reforma del Código Penal que ha anunciado el Gobieno va «en la dirección correcta» en lo que a persecución de la «piratería» se refiere (Artículo 270). El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón presentó tras el Consejo de Ministros la propuesta de reforma, que aún debe ser tramitada por el Parlamento (por lo que caben modificaciones) que contempla penas de prisión de hasta 6 años de cárcel para los responsables de páginas web que incluyan en ella enlaces a contenidos protegidos por propiedad intelectual.

«Se persigue la explotación económica, en especial la reproducción, el plagio, la distribución o comunicación pública de una obra sin consentimiento de los titulares con ánimo de obtener un beneficio directo o indirecto», explicó el titular de Justicia, que indicó que «si no hay ánimo de obtener beneficio económico o perjuicio de tercero, no hay delito». El objetivo, según insistió Ruiz-Gallardón, es perseguir las páginas que facilitan el acceso ilícito a obras protegidas pero en ningún caso ir contra los usuarios o buscadores neutrales, ni contra los programas P2P, que permiten compartir contenidos.

A las penas de prisión se añade la capacidad del juez para determinar la retirada de contenidos o la «interrupción de la prestación» del servicio si esa página web se dedica a facilitar esos contenidos. El Código Penal también prevé sanciones de trabajo en beneficio comunitario a la distribución al por menor, siempre y cuando el beneficio no sea mayor a 400 euros, de este tipo de obras, una medida dirigida a atajar el llamado «top manta».

Nunca más en la «Lista 301»

Para Antonio Guisasola, presidente de Promusicae, entidad que agrupa a las empresas discográficas, la reforma «es valiente» y «resuelve el problema de las páginas de enlaces, aunque estamos a la espera del trámite parlamentario, en el que nos hemos llevado algunas decepciones en ocasiones precedentes». «Sin embargo, este paso debe verse refrendado por una Ley de Propiedad Intelectual coherente, que avance en la misma dirección. No queremos que estos casos sigan siempre la vía penal, sino que se recuelvan en la Comisión de Propiedad Intelectual, porque nuestro interés no es que nadie vaya a la cárcel, sino disuadir de conductas ilegales», comentó Guisasola, que piensa que con este paso «algunos se lo pensarán, porque antes las consecuencias eran una multa que los infractores ni siquiera pagaban al declararse insolventes». Si bien la reforma del Código Penal no controlará los intercambios en las redes de P2P (que permiten el intercambio de contenidos entre particulares) sí bloqueará los enlaces a productos culturales. «Nos preocupa que en España siga siendo accesible una página como Thepiratebay, pero a partir de ahora no lo será», dijo. De esta manera, España quedaría fuera de la «Lista 301», que señala a los países que no hacen lo suficiente contra la «piratería», por pleno derecho. Antonio María Ávila señaló en nombre de los editores de libros que la medida es positiva, pero que «falta un cambio de mentalidad en la sociedad que empiece por el respeto de la cultura». «Nadie entra a robar aparatos tecnológicos a la tienda, así que existe un problema de valoración social», dijo Ávila.