Los abogados del turno de oficio abren un nuevo frente salarial a Justicia

El ajuste de las tarifas que cobran los abogados del turno de oficio se presenta como un nuevo frente de batalla para el ministerio de Pilar Llop. En una carta dirigida a la Ministra de Justicia y firmada por el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, se detalla la necesidad urgente de que se mejoren las condiciones en las que los letrados de oficio ejercen su función de defensa.

El envío de esta misiva se produce justo un día después de que el Consejo de Ministros aprobase las mejoras salariales para los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), los jueces y los fiscales, de estre 430 y 450 euros al mes. Ribón ha recalcado en la carta que “la abogacía no puede soportar por más tiempo la situación de precariedad y grave desatención en la que se encuentra” y ha destacado que los abogados de oficio cumplen una función fundamental, al ser los encargados de garantizar el acceso universal a la tutela judicial de la población más vulnerable.

“Padecemos unas condiciones insostenibles: sin derecho a la conciliación, sin recibir el justo pago por todas nuestras actuaciones y sujetos a un trato, con frecuencia, contrario a la dignidad", explica el decano de los abogados madrileños, una de las organizaciones profesionales de mayor peso a nivel nacional. Esta situación, en el caso del turno de oficio, resulta particularmente crítica.

Según datos facilitados por el ICAM, España es el país europeo con más asuntos de Justicia Gratuita por cada 100.000 habitantes, con 3.379 procedimientos frente a los 734 de media. Sin embargo, es uno de los que menos pagan cada caso. Los abogados de oficio cobran 178 euros, muy por debajo de la media europea, que es de 462 euros.

La actualización de los baremos es una de las principales reclamaciones de la abogacía madrileña. Los profesionales del turno de oficio de Madrid perciben 157,64 euros por una guardia de 24 horas en el servicio asistencia al detenido ante la Audiencia Nacional. En los procedimientos penales ante este mismo órgano, cobran 339,60 euros en total, una cifra que aumenta hasta los 378 euros en los casos de especial complejidad. Por los recursos de amparo y de casación, los baremos del Ministerio prevén una remuneración de 301,50 euros y de 122,60 euros para los recursos de apelación.

"Aunque los baremos del Ministerio de Justicia se actualizaron en 2018, incrementándose en un 23,71% respecto a los vigentes desde el 2003, el aumento del IPC desde enero de 2003 a enero de 2023 fue del 52%, por lo que el incremento real de los baremos es un 26,23% inferior a la subida del coste de la vida en el mismo periodo", denuncia el decano en la carta.

"Gratuidad o esclavitud"

Pero no es la única reivindicación. La abogacía madrileña también exige que se ponga fin a la designación de abogados de oficio para la defensa de personas jurídicas, es decir, empresas y organizaciones, algo que se produce "sin remuneración en algunos órdenes jurisdiccionales" y pide que se reconozcan las "actuaciones no retribuidas actualmente en el turno de oficio".

De acuerdo a lo expresado por el decano en la misiva, el colegio madrileño no dispone de ningún listado pro-bono para la prestación de la asistencia a personas jurídicas. En palabras de Ribón, esta situación supone "la prestación del servicio en régimen de gratuidad o esclavitud". La falta de solución pone en grave riesgo, afirma, el normal funcionamiento de la Administración de Justicia en causas especialmente sensibles.

Entre las reivindicaciones planteadas por el ICAM en la carta enviada a la ministra Llop, pide garantizar el derecho a la conciliación y a la desconexión digital, pese a reconocer que la aprobación del RDL 5/2023 supone un avance.