Una acusación insta al juez a investigar el destino de cuatro millones de mascarillas de la "trama Koldo"

Una acusación popular del "caso Koldo" quiere que el juez Ismael Moreno abra una pieza separada para investigar el destino de cuatro millones de mascarillas compradas a Soluciones de Gestión, por las que el ministerio de José Luis Ábalos pagó diez millones de euros, respecto a las que no constan albaranes de entrega ni actas de recepción, denuncia.

En el escrito remitido a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la Asociación Liberum asegura que "no queda claro ni siquiera con la auditoría" encargada por el ministro Óscar Puente, el papel desempeñado por Raminatrans -la empresa que impuso Soluciones de Gestión para el transporte del material desde el aeropuerto- en la distribución de las mascarillas. Y es que, señala, aunque la auditoría atribuye la ejecución de la misma a Correos (que en diciembre de 2020 certificó que distribuyó 2,3 millones de mascarillas), admite que "no existe albarán de la entrega inicial" ni de Correos a las comunidades autónomas, empresas ferroviarias o de transportes.

La acusación considera este hecho "inquietante", pero asegura que "no menos preocupante" es lo sucedido con los vuelos contratados para el transporte de las mascarillas, y recuerda que el ex consejero delegado de Globalia "arrojó tres cifras distintas" (de 11 a 15, 20 y finalmente 18) sobre el número de vuelos de transporte de mascarillas, sobre cuyo destino decidían -según la auditoría de Transportes- Koldo García o el empresario Víctor de Aldama, uno de los principales comisionistas de la supuesta trama, "quien negociaba aviones como habilitado por el ministro".

Por este motivo, solicitan la declaración como testigos, entre otros, del presidente de Raminatrans para que aclare la ausencia de albaranes en el primer envío a Transportes y al funcionario que firmó en representación de Corroes el certificado, en el que consta que el sobrante de mascarillas (1.034.163) se puso a disposición del Ministerio de Sanidad a través del Ingesa.

Del mismo modo, quiere que Sanidad aporte a la Audiencia Nacional los albaranes de las mascarillas puestas a disposición del ministerio (a ese millón se sumaron otras 618.535) desde Transportes.

La acusación quiere igualmente que testifique la entonces directora general de Air Europa, María José Hidalgo, y el director comercial de la compañía aérea.

Para la Asociación Liberum, del contenido de los correos electrónicos intervenidos, de la propia auditoría de Transportes y de las declaraciones realizadas en los últimos días por los investigados y testigos de Puertos del Estado, Adif y Globalia se deduce la existencia de "suficientes indicios de una ausencia adrede de albaranes y actas de entrega a los destinatarios finales de millones de mascarillas, o lo que es lo mismo, de millones de euros pagados con dinero público". La acusación va un paso más allá y afirma que "no se puede descartar la posibilidad de un desvío de material público para su posterior venta en el mercado, generando así pingües beneficios", una posibilidad que -defiende- "debe ser investigada" ante la posible existencia de posibles actuaciones delictivas "quizás de mayor calado e importes" que las hasta ahora bajo la lupa judicial.

En el escrito, la acusación se pregunta por qué ni Raminatrans ni el Ministerio de Transportes "no disponen de las correspondientes actas o albaranes de entrega" de 2.861.806 mascarillas (del primer lote de cuatro millones) y la citada empresa de logística tampoco pudo acreditar mediante los correspondientes albaranes la entrega de 1.140.977 mascarillas más (correspondientes al último pedido de cinco millones de unidades para Adif).

Por tanto, se queja, "no queda acreditado si esta mercancía sanitaria finalmente llegó a los trabajadores y el resto del personal del Ministerio de Transportes, y demás sociedades o empresas públicas bajo su supervisión". La "pérdida de la cadena de custodia", señala, pues "si merecen nuestra atención procesal las supuestas comisiones percibidas por funcionarios del Estado o el supuesto desvío de capital a terceros países, ha de esperarse el mismo interés sobre el objeto de tales transacciones, es decir, el destino final de la mercancía adquirida con dinero público: las mascarillas". Y lamenta que la declaración como testigo del expresidente de Puertos del Estado no haya aclarado "cómo gestionó la empresa de distribución el reparto de la mercancía". Tampoco el resto de testigos, recuerda, aportaron luz al respecto

Liberum insiste en que resulta necesario investigar "si efectivamente las mascarillas fueron al destino final, legítimo motivo de la contratación de emergencia, o por el contrario, esta ausencia de actas y albaranes de entrega a los destinatarios finales de millones de mascarillas, fue fruto de una pésima gestión de control o de un interés espurio".