Alaya acusa a la Junta de crear una red de «clientelismo político» con fondos públicos

La magistrada considera que se impartían «órdenes» desde la Consejería de Empleo «para que no se controlara el dinero».

«Una red de clientelismo político». La jueza Alaya mantiene la tesis de los investigadores de la UCO, adelantada ayer por LA RAZÓN, y considera que la Junta de Andalucía habría creado una estructura clientelar a través de las ayudas para formación, según los distintos autos de imputación de los ex delegados de Empleo detenidos en la «operación Barrado» que declararon entre la noche y la madrugada del martes y ayer.

Según fuentes judiciales, la operación se denomina Barrado en referencia al nombre de un documento contable de la Junta que anula total o parcialmente el importe consignado en otro documento contable de similar naturaleza. En el arranque del caso, Alaya acusó a la Junta de haber destinado en cuatro años 950 millones a cursos de formación sin obligar a las empresas a justificar los fondos. Al testigo protegido T. M., incluso, llegó a cuestionarle si esos fondos fueron utilizados para financiar al PSOE.

En los autos, Alaya señala que desde la Consejería de Empleo de la Junta se impartían «órdenes» a las diferentes delegaciones provinciales de Empleo «para que no se controlara el dinero» de la formación, «creando de esta forma una red de clientelismo político».

La magistrada de Instrucción 6 de Sevilla dejó en libertad con cargos a los primeros doce arrestados que comparecieron en sede judicial en el marco de la «operación Barrado». Ayer se negó a declarar la delegada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, destituida por la Junta de Andalucía tras conocerse su detención, Aurora Cosano, que se negó a testificar y quedó en libertad con los cargos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en subvenciones. También salió en libertad con cargos la ex delegada de Empleo en Granada y actual directora de la Fundación Pública El Legado Andalusí, Marina Martín Jiménez. En igual tesitura se encuentra la ex delegada de Empleo en Almería Francisca Pérez Laborda. La presidenta de la UTE gestora del Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio de Mijas (Ciomijas), María de la O Ustarán, se enfrenta a una fianza civil de más de seis millones solicitada por la Fiscalía Anticorrupción. Todas ellas se negaron a declarar ante Alaya. Al cierre de esta edición, el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas también salió en libertad con cargos, entre vítores de sus allegados, sin petición de fianza civil por parte de la Fiscalía al carecer aún de elementos para cuantificar la responsabilidad civil y tras acogerse a su derecho a no declarar. Rivas, imputado también en los ERE, está citado el 7 de abril por la ayuda a Cydeplast.

También comparecieron anoche ante Alaya el ex delegado de Empleo en Cádiz Juan Bouza; el de Córdoba, Antonio Fernández; y el de Huelva, Eduardo Muñoz (cesado tras su detención). Todos quedaron en libertad con cargos tras no declarar.

La madrugada de ayer ya quedaron libres con cargos las ex directoras de Formación Profesional para el Empleo María José Lara, con una petición de fianza de responsabilidad civil de más de un millón, y María Teresa Florido, que también es cuñada del ex consejero imputado Ángel Ojeda, acusado de haber recibido más de 33 millones en ayudas. Salieron igualmente libres con cargos la ex delegada de Empleo en Jaén Irene Sabalete y la ex directora gerente de Formades, en Almonte (Huelva), Ana María Orihuela. Hay otro ex consejero imputado en la trama de los fondos de formación, Antonio Fernández.

Las críticas a Alaya por sus supuestas interferencias en los procesos electorales se quedaron sin argumentos con el arranque de la «operación Barrado», que se concretó en la detención de 16 altos o ex altos cargos de la Junta y otras cinco imputaciones. Se trata de un presunto caso de prevaricación, malversación y fraude en subvenciones. Los investigadores han comprobado que la excepcionalidad se había convertido en norma. La magistrada mantiene desde el 20 de enero el secreto parcial de la causa, con cuatro líneas abiertas. Dos días después del 22-M, la magistrada dirigió una operación de gran importancia, que afecta a toda la Junta y en todas las provincias de la comunidad. Oficialmente, no se ha intervenido antes porque no estaban todos los cabos atados. La investigación se abre a raíz del fraude en los ERE y, sobre todo, por la declaración del testigo protegido T. M. , que señaló irregularidades en la gestión de los fondos de formación. Según fuentes de la investigación, el entramado existía para crear redes de clientelismo con las que ganar elecciones cada cuatro años. Los directores provinciales de formación certificaban como buenas las facturas que les pasaban las empresas o los agentes sociales que habían sido receptores de la subvención. En algunos casos, se ha comprobado que ni siquiera había facturación o ésta era incorrecta. Sin control, se trataba de un «vicio» establecido».