Alaya amplía la investigación de los ERE hasta la etapa de Díaz

Dos días. Ése es el tiempo que la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, Mercedes Alaya, le ha dado a la Junta de Andalucía para que ésta remita al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que dirige la relación de ayudas concedidas durante 2011 y 2012, así como el importe global de las mismas, las resoluciones por las que se acordaron, «la concesión de éstas» y «la fecha del abono, en su caso».

El movimiento de la magistrada, expresado en un auto fechado el 15 de julio pero notificado ayer a las partes y al que ha tenido acceso LA RAZÓN, supone una ampliación de las pesquisas judiciales, por cuanto hasta ahora se centraban en el reparto de fondos públicos en el periodo comprendido entre los años 1999 y 2010. Es más, se trata de la segunda prolongación de la causa llevada a cabo por Alaya, dado que en 2013 ya dilató el periodo analizado hasta 1999.

Entonces, la juez sostuvo que si bien cuando arrancó el caso se acordó analizar las ayudas sociolaborales otorgadas por la Consejería de Empleo en virtud del acuerdo marco de 17 de junio de 2001 mediante las transferencias de financiación, del devenir de la instrucción y sobre todo de lo aportado en los sucesivos atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en especial del vinculado al funcionamiento de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, surgieron conexiones con otras posibles subvenciones anteriores que había que investigar.

Ahora, la magistrada quiere volver a engrosar la columna vertebral del proceso y exige más documentación al Gobierno regional, «con el fin de completar la relación de subvenciones sociolaborales concedidas hasta el ejercicio 2012 con cargo al programa 31L –el denominado 'fondo de reptiles'–» por Empleo.

Pone así la lupa sobre una docena de años de gobiernos socialistas en la comunidad e introduce en las averiguaciones policiales también al actual ejecutivo de coalición de PSOE e IULV-CA. De hecho, reclama conocer datos de gestión de la etapa en la que la actual presidenta andaluza, Susana Díaz, formaba parte ya del Ejecutivo autonómico.

Cabe recordar que la líder socialista ostentó el cargo de consejera de Presidencia e Igualdad durante el primer año de la presente legislatura, en concreto de mayo a septiembre de 2012, antes de asumir las riendas de San Telmo, tras la dimisión de José Antonio Griñán, producida al calor de su señalamiento en el proceso. La instructora lo encausó, pero como «preimputado», al ser aforado en su condición de senador.

La decisión de Alaya llega después de que hace sólo unos días la Fiscalía Anticorrupción alertara del «crecimiento desmesurado y no justificado del volumen» de la causa y de los riesgos de que prescriban los delitos imputados. A lo que hay que sumar que la propia magistrada ha apuntado en varias ocasiones que la instrucción culminaría «en breve».

Un nuevo imputado

Con todo, de momento y en el mismo auto desmenuzado, ha añadido otro imputado. Se trata del ex secretario general de Hacienda José de Haro Bailón. La instructora relata en su resolución que el ex alto cargo ocupó el mencionado puesto desde abril de 2004 hasta el mismo mes de 2009, «a las órdenes del titular en aquellas fechas, José Antonio Griñán». Para la juez, a De Haro, le correspondía «el impulso y coordinación de la política presupuestaria» y a su departamento «se encontraba adscrita la Intervención de la Junta». Desde esa posición de partida, entiende que el imputado «tendría una activa participación en el uso inadecuado de la partida presupuestaria de las transferencias de financiación en el programa 31L de la Dirección General de Trabajo en el proceso de elaboración» de las cuentas.

De igual modo, prosigue la juez, el nuevo encausado «conocería el falseamiento del presupuesto necesario en IDEA –ente que funcionó como pagador del dinero–, creando gastos inexistentes, para que el uso de las transferencias de financiación por parte de la Dirección General de Trabajo a dicha agencia fuera posible».

En 2009, De Haro pasó a ser viceconsejero de Economía y Hacienda, cuya titular era entonces Carmen Martínez Aguayo –preimputada, al ser diputada andaluza y también aforada–, desde donde, según la magistrada, tuvo una «participación activa en la elaboración del Presupuesto de 2010», en cuya memoria «se establecía como prioridad la continuidad del sistema» de riego a IDEA para «dar cobertura a los compromisos adquiridos en virtud» de ERE, «planes de jubilación o ayudas para la viabilidad de empresas». En definitiva, en 2010 todo «siguió como en años anteriores» y se «permitió» la «concesión de las ayudas sociolaborales al margen del procedimiento legalmente aplicable», remata Alaya.

Tras conocer el auto, fuentes de la Junta recordaron a este periódico que la Cámara de Cuentas recogió en un informe que en 2010, con la publicación de una Orden de encomienda «se regularizó el procedimiento administrativo y presupuestario usado hasta ese momento» para asignar las subvenciones. Aseguran que Griñán ya apostó «por el control previo y posterior» de esos fondos. Y en relación a 2012, apuntan que ese año «ninguna ayuda pasó por el Consejo de Gobierno», en el que ya estaba Díaz.