La amnistía rehabilita a Puigdemont

«A usted se le fugó Puigdemont y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española», espetó Pedro Sánchez en un debate electoral en 2019 frente a Pablo Casado. Sin embargo, cuatro años después, las cosas han cambiado diametralmente y el presidente del Gobierno se ha contradicho a sí mismo y se ha comprometido a traer a Carles Puigdemont, pero libre y eximido penalmente de sus responsabilidades por el «procés» gracias a la aprobación de una amnistía que también consideraba inconstitucional hasta el 23 de julio.

¿Cuál ha sido la causa de los tumbos que ha dado Sánchez? Los resultados de las elecciones, que convirtieron a Junts en el partido determinante para que el PSOE mantuviera el poder de la Moncloa. Y Junts, muy necesitado también de volver a adquirir protagonismo tras años de ostracismo, tampoco ha querido desaprovechar la oportunidad de ganar visibilidad: con la amnistía, los posconvergentes vuelven al centro del tablero político en un momento en que necesitan un cambio de rumbo estratégico para frenar su declive electoral a poco más de un año de la cita con las urnas en Cataluña.

El partido de Puigdemont, arrastrado por el derrumbe electoral del independentismo, ha perdido 140.000 votos en las elecciones generales y 121 concejales y 6.000 votos en las elecciones municipales. Es decir, ha perdido un escaño en el Congreso y ha perdido mucho poder local (ciudades como Girona, Vilafranca del Penedés o Reus). Esta circunstancia parece haber hecho reaccionar a Junts, que ya ha dejado atrás su rechazo a todo lo que proceda del Gobierno de España y ha tendido la mano para negociar. También es cierto que, echando un ojo a la última encuesta del Centro de Estudio de Opinión de la Generalitat (CIS catalán), la forma de actuar de Junts iba en la línea de lo que opinaban sus electores, que son muy críticos con el Gobierno y le puntúan con un 3,4 (de acuerdo a un sondeo elaborado entre octubre y noviembre).

La negociación que ha emprendido Junts con el PSOE para dar estabilidad al Gobierno tiene dos puntos: el «reconocimiento nacional de Cataluña» y la ampliación del autogobierno. Es decir, ambos puntos marcan la diferencia entre la vuelta al «procés» y la vuelta al posibilismo y al acuerdo que caracterizó a la antigua Convergència. Junts va a tratar de lograr un acuerdo político de impacto (aspira a un referéndum sobre la independencia y a la gestión del 100% de los tributos que se pagan en Cataluña) a lo largo de esta próxima legislatura, aunque parece que tampoco va a perder de vista su oportunidad de participar de la gobernabilidad de España porque le va a permitir reforzar su definición ideológica, muy desdibujada con el «procés».

De hecho, para ello, ha formado un bloque ideológico con el PNV para hacer más fuerza frente a la alianza Bildu-ERC. El propio CIS catalán advierte de las diferencias que hay entre lo que opinan los electores de Junts y los electores del bloque de la investidura (PSC, Sumar y ERC): por ejemplo, los electores de Junts son mucho más partidarios de defender la escuela privada que los de ERC, Sumar o PSC; o, mucho más opuestos a subir impuestos, una materia que esta legislatura se tratará. Esos puntos de divergencia son en los que ahonda Alberto Núñez Feijóo a la hora de advertir a Junts sobre su alianza con el PSOE. Sin embargo, de momento, no ha habido atisbo de acercamiento entre populares y posconvergentes.

El «regreso» de Junts a la política nacional ha dejado ya una imagen significativa: la diputada Marta Madrenas presidirá la Comisión de Seguridad Vial, un paso importante de integración en la vida parlamentaria del Congreso de los posconvergentes.

Es evidente que Junts está imprimiendo un giro estratégico y está dejando atrás el rumbo que había tomado con el «procés», pero eso no quita que también mantiene «tics» radicales que pueden poner en muchos aprietos al Gobierno del PSOE. De entrada, las exigencias: una vez conseguida la amnistía (previsiblemente, aprobada en primavera), los posconvergentes exigirán el referéndum y habrá que ver ahí cuánto aprietan las tuercas al Gobierno. Es decir, si son capaces de hacer caer a Sánchez si no cumple con el referéndum. Como preludio, Puigdemont ya trasladó a Manfred Weber (jefe de filas de los populares europeos en el Europarlamento) que podía llegar a dar apoyo a una moción de censura si Sánchez incumple con los acuerdos: de hecho, le llegó a trasladar (según recogió «Politico») que hay cuestiones en las que está más alineado con las posiciones del PP (por ejemplo, con la carpeta de Israel). De momento, el PSOE está cumpliendo detalladamente con lo que pide Junts: ha reformado el Reglamento del Congreso para que se puedan usar las lenguas «cooficiales», ha apoyado la creación de comisiones de investigación para indagar sobre el «lawfare» (como piden los posconvergentes pese al rechazo rotundo de los jueces) y ha aceptado una reunión mensual en Suiza con mediador para negociar los contenidos pactados. El mediador elegido es un diplomático salvadoreño que ha desatado también mucha polémica porque es un «experto en guerrillas latinoamericanas», algo que en el PP ven como una «humillación» a España.

Junts también puede poner en aprietos al Gobierno de la nación con el tono que emplea en determinados momentos: Míriam Nogueras protagonizó recientemente en sesión parlamentaria un discurso lleno de ataques a jueces y policías, algo que ha desatado un gran malestar en el colectivo judicial y puede enrarecer todavía mal las relaciones entre instituciones y tensionar un clima político que está muy inflamado.