Así es el nuevo Código de Conducta de los Diputados

La normativa recoge una ampliación de la declaración de sus intereses económicos y la publicación de sus agendas institucionales

La Mesa del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 28 de febrero el nuevo Código de Conducta de los Señores Diputados, que se aplicará a partir de la próxima legislatura. Esta nueva normativa provocará un cambio en cuanto a qué actividades tiene un político que declarar mientras se encuentren en posesión de este cargo público, recogiendo algunas novedades como la ampliación de la declaración de sus intereses económicos o la publicación de sus agendas institucionales.

La redacción y aprobación de este Código de Conducta tiene que ver con “las nuevas exigencias derivadas de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y de las demandas de los ciudadanos en materia de transparencia”, cuyo objetivo busca “desarrollar y complementar las obligaciones de los Diputados, contenidas en el Reglamento de la Cámara, para mantener y reforzar la confianza de los ciudadanos en los miembros de la Cámara”, exigiéndoles un mayor grado de integridad y transparencia. La normativa se aplica a todos los diputados mientras desempeñen su actividad parlamentaria.

Y es que el reglamento recoge una nueva declaración de intereses económicos, en el cual los políticos tienen que reflejar las actividades que hayan desempeñado en el pasado y que le hayan proporcionado ingresos económicos, precisando el nombre del empleador y su sector de actividad. Además, asegura que tienen que declarar donaciones u obsequios y beneficios no remunerados de cualquier naturaleza, entre los que se incluyen viajes e invitaciones a actividades deportivas o culturales. El precepto establece que, todo aquel que quiera conseguir su acta de diputado, deberá rellenar un formulario que recoja estos intereses económicos, que se presentará en el Registro de la Cámara en el plazo que establezca la Mesa.

Otro de los artículos redactados en la normativa afirma que los diputados deben de hacer públicas sus agendas institucionales en el Portal de Transparencia del Congreso, incluyendo, en todo caso, las reuniones mantenidas con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés. Además, deberán publicar una breve reseña de sus datos biográficos personales, académicos y profesionales, en el que se podrán consultar todos los títulos, datos y archivos que el propio Parlamentario considere relevantes.

Desde la Fundación Civio, una organización cuya misión se basa en el control y la vigilancia de los poderes públicos que busca lograr una transparencia real y eficaz en las instituciones, no están totalmente conformes con este nuevo reglamento. “Cuando hablamos de transparencia, no nos referimos solamente al sueldo de los políticos, sino también a conocer con quien se reúnen para saber que influencia tienen para tomar decisiones”, cuenta Eva Belmonte, periodista de Civio, a LA RAZÓN, que considera que el registro de lobbies no se ha desarrollado del todo bien, ya que incluye las personalidades con las que se reúnen pero no los temas de los que se habla. “Se entiende que trabajan para nosotros, por eso hay que rendirle cuentas”, añade.

El precepto también recoge una Oficina de Conflicto de Intereses del Congreso de los Diputados, un órgano que resolverá las dudas de interpretación que genere la aplicación del Código de Conducta, que podrán ser planteadas tanto por los Diputados como por la Mesa de la Cámara.