Política

Así presionó el Gobierno al Vaticano con Franco

La vicepresidenta Calvo amenazó veladamente al cardenal Parolin con un «conflicto jurídico y político» si no se obligaba al prior del Valle a permitir la exhumación

LA RAZÓN accedió a las cartas entre la vicepresidenta Calvo y el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Parolin
LA RAZÓN accedió a las cartas entre la vicepresidenta Calvo y el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Parolin

La vicepresidenta Calvo amenazó veladamente al cardenal Parolin con un «conflicto jurídico y político» si no se obligaba al prior del Valle a permitir la exhumación.

Llamada a ser la iniciativa estrella de la legislatura, los intentos de Moncloa por exhumar a Franco se han convertido en un pozo de arenas movedizas diplomáticas y políticas en el que Moncloa se hunde más con cada intento que hace para salir airoso del contencioso. LA RAZÓN ha tenido acceso a una carta dirigida al secretario de Estado del Vaticano, cardenal Parolin, fechada el 18 de enero en la que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, amenaza veladamente «con un conflicto jurídico y político» a la Santa Sede si no redobla su presión el prior del Valle para que incumpla su compromiso de custodiar la basílica y permita la exhumación sin el consentimiento de la familia Franco. La lectura completa de la contestación del Vaticano –no de unas pocas líneas filtradas interesadamente por Moncloa– deja al descubierto la estrategia de desprestigio contra la Iglesia en la que se ha embarcado el Ejecutivo socialista al intentar hacer pasar el espaldarazo de la Santa Sede a la comunidad benedictina como precisamente lo contrario.

La comparación de ambos documentos íntegros –posible por primera vez ahora– deja al descubierto, por un lado, la errática argumentación del Gobierno y, por otro, la cristalina respuesta del secretario de Estado Parolin respaldando la posición mantenida desde el principio y reiteradamente por la Iglesia española y por el prior Cantera en un ejemplo canónico de precisión diplomática vaticana. Concretamente Parolin recuerda que «la controversia, que ahora es objeto de un recurso ante el Tribunal Supremo, es competencia del Estado español y está sometido al Derecho y a la Justicia española». En este párrafo decisivo se señala que la decisión final sobre la exhumación de Franco no corresponde al Gobierno o al parlamento, sino al Tribunal Supremo, que la instancia que garantiza la custodia legal efectiva de los derechos de la familia del general.

La decisión del Supremo será acatada por el Vaticano, la Conferencia Episcopal Española, la Archidiócesis de Madrid, la Congregación Benedictina de Solesmes y la Abadía del Valle de los Caídos. Así se ha afirmado siempre pese a los intentos de manipulación y distorsión de los comunicados emitidas por todas estas instituciones. Sin embargo, hasta que el Supremo se pronuncie sobre el fondo del asunto prima el deseo de la familia para que se deniegue la necesaria autorización del prior al tratarse de una exhumación que se pretende realizar en un lugar de culto protegido por los acuerdos internacionales firmados por el Estado y la Santa Sede en enero de 1979. En la carta con la que intenta que sea Roma quien desbloquee una situación creada por Moncloa, la vicepresidenta Calvo carga contra la postura de la abadía porque «privilegia la voluntad de los familiares del Dictador (sic)» y argumenta que «no cabe invocarla voluntad de la familia, a quienes solo les corresponde la decisión posterior acerca del lugar de inhumación de los restos». Como queda dicho, la contestación del cardenal confirma la tesis –repetida por el propio prior Cantera en numerosas ocasiones– de que ninguna institución eclesiástica se opone ni se opondrá a la exhumación si esta es decretada por la Justicia cuando la familia (y el resto de partes interesadas) haya agotado el procedimiento para hacer valer sus derechos.

La estrategia de desprestigio contra la Iglesia a la que se ha lanzado el Gobierno volvió a quedar patente ayer mismo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «Si la Iglesia se sometiera a los deseos del prior, la Iglesia tendría un daño reputacional como institución de magnitud significativa», afirmó Isabel Calaá, portavoz del Gobierno y ministra de Educación. Celáa también mostró su optimismo en referencia al pronunciamento del Supremo sobre la cuestión cuando se presenten finalmente los recursos contra la decisión del Gobierno. Para Moncloa la argumentación jurídica es firme y aún hay tiempo antes de las elecciones para materializar la polémica exhumación.

No es de la misma opinión la familia Franco. Fuentes cercanas a los familiares del general confirmaron ayer a este diario que en los próximos días se contestará al Gobierno afirmando que la autorización para la exhumación es «innegociable» y que el único lugar de inhumación propuesto será la catedral de la Almudena. Familia, Fundación Francisco Franco, Abadía y la Asociación para la defensa del Valle tienen de plazo hasta el 22 de abril para presentar sus recursos al Supremo, que podría dictar o no medidas cautelares a continuación con lo que la ventana de oportunidad para el Gobierno es muy estrecha al celebrarse elecciones sólo una semana después.