El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha partido en dostras las duras críticas del Gobierno a los magistrados del Tribunal Supremo que han condenado al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Voces internas consultadas por LA RAZÓN explican que se ha delegado la defensa de la carrera en la presidenta del Consejo y del alto tribunal, María Isabel Perelló, ante la ausencia de acuerdo sobre este asunto.

La fricción gira en torno a la respuesta que tendría que dar el órgano de gobierno de los jueces ante los ataques de Moncloa. Vocales del bloque conservador explican que la intención era responder a los descalificativos que emplearon algunos de los miembros del Ejecutivo contra los magistrados de la Sala Segunda que han juzgado y condenado a García Ortiz. En concreto, barajaron plantear una reacción a las palabras del ministro para la Transición Digital y de la Función Pública, Óscar López, que dijo que acatarían la sentencia pero que el fallo era "profundamente injusto".

También a las palabras de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que instó a la gente a manifestarse tras conocerse el fallo del alto tribunal. "Las calles no son de la extrema derecha de nuestro país. Igual que hacen llamamientos ellos a las movilizaciones, nosotros tenemos el derecho legítimo a decirle al pueblo español que salga a defender la democracia", expuso. Este mensaje se materializó con la protesta del pasado domingo 23 de varios centenares de personas encabezadas por Dolores Delgado y Baltasar Garzón a las puertas del alto tribunal.

En manos de Perelló

Se trata de manifestaciones que provocaron la enérgica reacción de buena parte de la carrera, desde donde se ha venido pidiendo una respuesta contundente del CGPJ, dado que es el órgano de gobierno de los jueces. Sin embargo, el Consejo no ha hecho ninguna declaración institucional al respecto y no se espera que lo haga. La situación ha fraccionado a los 20 vocales, toda vez que los conservadores sí que eran partidarios de responder ante la preocupación que les generan los ataques al Poder Judicial (y que se suman a otros recientes en los que se les ha acusado de ser "fachas con toga"), pero los progresistas entienden que son críticas que se enmarcan en el escrutinio al que están sometidos los poderes públicos.

De hecho, el bloque progresista sostiene que no ha habido ninguna propuesta firme para emitir un pronunciamiento del Consejo. Además, encuadran dentro de la normalidad las críticas del Ejecutivo a la condena a dos años de inhabilitación al ya exfiscal general del Estado. De esta forma, se ha dejado en manos de Perelló la defensa de la carrera.

La presidenta del órgano alzó la voz en favor de la judicatura en el acto de entrega de la VIII edición de los premios Confilegal. La también presidenta del Supremo aprovechó su discurso para pedir respeto a la independencia judicial. Aunque no hizo alusiones concretas, sí que apeló al respeto del trabajo de los togados y dijo que "sin jueces independientes no hay Estado de Derecho ni democracia representativa".

En su discurso expuso que las decisiones judiciales pueden "y deben" ser objeto de crítica porque contribuyen a fortalecer el sistema, pero pidió que la "legítima discrepancia" se realice con respeto. "Es un buen momento para resaltar que nuestros tribunales afrontan sus responsabilidades -a menudo no en las mejores condiciones de trabajo-, pero sí con la plena disposición a ejercerlas con sosiego, independencia y serenidad", dijo.

Las asociaciones judiciales piden respeto

Las que sí han reaccionado han sido las asociaciones judiciales. En concreto, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) avisaron de que las manifestaciones del equipo de Pedro Sánchez contra el tribunal de la Sala Segunda "suponen un riesgo real para la confianza de la ciudadanía, pilar básico de cualquier democracia". Los entes, que representan a unos 1.300 togados, denunciaron que cuestionar la imparcialidad de los jueces o insinuar motivaciones políticas en la actuación del Tribunal Supremo "alimenta un relato falso y muy dañino".

Por su parte, la mayoritaria Asociación Profesional para la Magistratura (APM) arremetieron contra las manifestaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, efectuadas en una entrevista al diario El País, en las que dijo que García Ortiz era inocente en plena celebración del juicio. "Las declaraciones solo pueden ser calificadas como una intromisión que al mismo tiempo quebranta ese deber de respeto que debiera vincularle", advirtió la APM el pasado viernes.

Al hilo, recordó que en un Estado democrático el respeto al Poder Judicial es un postulado que obliga a la sociedad en su conjunto y, en particular, a quienes ostentan responsabilidades institucionales en el Gobierno. "La desautorización dirigida en los días posteriores contra la decisión avanzada por la Sala Segunda del Alto Tribunal, supuso un nuevo traspaso de la barrera de lealtad institucional, especialmente censurable cuando ni siquiera se aguardó a conocer las razones por las cuales se pronuncia la condena", sostiene. Por todo ello apelaron al cese de "tan graves ataques y descalificaciones (...) absolutamente impropias en una democracia avanzada".