Más de 1.300 jueces censuran las críticas del Gobierno a la condena de García Ortiz: "Alimenta un relato falso y dañino"

Más de 1.300 jueces muestran su "profunda preocupación por el descrédito para el Poder Judicial" provocado por los miembros del Gobierno y los responsables políticos que vienen realizando criticas a la condena del aún fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.

A través de la segunda y cuarta asociación profesional de la Carrera judicial, denuncian que "cuestionar la imparcialidad de los jueces o insinuar motivaciones políticas" en la actuación del Tribunal Supremo (TS) "alimenta un relato falso y muy dañino".

¿Cuál es esa narrativa perniciosa? "Que las resoluciones judiciales responden a afinidades ideológicas y no al análisis riguroso de los hechos y del Derecho aplicable", que, en el caso de García Ortiz, le han llevado a ser hallado culpable de la revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Respecto a los votos particulares discrepantes (de los que aún no se conoce el fundamento) emitidos por dos de las magistradas del TS, recuerdan que su existencia "es una muestra de discrepancia jurídica y la riqueza técnica del sistema, no de una división ideológica, y forma parte de la normalidad de cualquier órgano colegiado independiente".

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) avisan al Ejecutivo de Pedro Sánchez y a los dirigentes políticos de que estas manifestaciones vertidas contra el tribunal de la Sala Segunda "suponen un riesgo real para la confianza de la ciudadanía en la Justicia, pilar básico de cualquier democracia".

No comprenden, especialmente, "que se hayan formulado valoraciones de alcance político, cuando el contenido íntegro de la sentencia aún no se conoce, lo que hace aún más improcedente cualquier intento de desacreditar la labor judicial".

"La crítica jurídica forma parte del debate democrático, pero el descrédito institucional no", reivindican en un comunicado conjunto difundido este jueves.

Los "vitorinos" y FJI hablan claro y señalan "este tipo de declaraciones" como "un ataque directo a la independencia judicial y a la separación de poderes".

Solo queda pedir -insisten- "responsabilidad institucional a todos los poderes públicos", en especial a los que forman parte del Gobierno del PSOE y Sumar, para que "contribuyan a un clima de respeto institucional que la ciudadanía exige y la Constitución garantiza". Y así poder "preservar la confianza en la Justicia es una obligación democrática de primer orden".

Jueces sin etiquetas

Tampoco comprenden estas dos agrupaciones de la judicatura que desde la Moncloa y los ministerios se hable de "etiquetas", de carácter ideológico, "para referirse a jueces".

Más allá de que estiman que "evidencia un claro desconocimiento de cómo funciona la Justicia en España", ven conveniente subrayar que "las decisiones judiciales no se adoptan en función de afinidades políticas" y solo están sometidas "al imperio de la ley".