La asesora de Presidencia del Gobierno Cristina Álvarez le preguntó al que fuera vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio si Begoña Gómez podía cobrar 15.000 euros por cada uno de los dos másteres que dependían de la cátedra extraordinaria que codigirió durante tres cursos.

Así lo desveló Doadrio cuando acudió, por primera vez, a declarar como testigo ante el juez Juan Carlos Peinado en julio de 2024, tal y como refleja el audio de su comparecencia al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

El antiguo alto cargo de la Complutense lo desveló después de que, por parte de la acusación popular unificada, que ahora lidera Hazte Oír, se le preguntase si la esposa del presidente del Gobierno «cobraba algún emolumento» de la universidad por su «labor pedagógica».

Es, entonces, cuando Doadrio explicó que Gómez no percibió «absolutamente ninguna» retribución económica por la extinta cátedra extraordinaria en Transformación Social Competitiva «porque lo tenía más que prohibido». En cambio, como también apuntó este testigo, la mujer del jefe del Ejecutivo sí que cobraba por los dos másteres propios.

«Hubo preguntas. Ella (Gómez) cobraba 15.000 euros, ni podía cobrar más nadie de fuera de la Complutense. De dentro pueden cobrar hasta 30.000 euros», aseguró.

Conoció estos detalles de la relación económica que mantenía la esposa de Sánchez con la UCM a raíz de que le consultase sobre ello la directora de Programas de Presidencia del Gobierno y la propia Gómez. «Me hicieron la pregunta ellas, cuando digo ellas me refiero a Cristina y Begoña. Como eran dos másteres, preguntaron si podían cobrar 15.000 y 15.000 euros».

Doadrio preguntó a la Sección de Asuntos Económicos y le dijeron que Gómez no podía percibir más dinero. «Me dijeron que no, que por normas presupuestarias tenía que ser 15.000 euros, diera lo que diera, lo que cobraría de los másteres. Por la cátedra no pudo cobrar», declaró, tajante, ante el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

El testimonio del exvicerrector se ha convertido en clave para la investigación de si pudo haber un delito de malversación de caudales públicos en que la alto cargo hiciese estas gestiones de la actividad profesional privada de la mujer de Sánchez, mientras cobraba un sueldo público.

Él mismo, en su segunda testifical ante el instructor, contó que tenía «ciento y pico correos» con la asesora, que utilizaba su cuenta de Gmail, y la pareja del también líder del PSOE. «Casi todo era por correo, al principio con ella y luego a través de Cristina Álvarez. He estado revisando y son muchos», contó en sede judicial el pasado mes de febrero.

De hecho, Doadrio llegó a aseverar que hablaba con ambas «indistintamente» y, con el paso de los meses, «casi más con Cristina que con Begoña». El cargo de la universidad la definió en su segundo interrogatorio como «una persona de su confianza» que «acompañaba» a la esposa del inquilino de la Moncloa.

Asimismo, contó que también tiene con la asesora y un responsable de Google mails cruzados sobre la participación del gigante tecnológico en el desarrollo del software de la cátedra que se analiza en si se apropió indebidamente la mujer del presidente

Además de otros, como uno de octubre de 2024, en que Álvarez le hace saber que ya se encuentra realizando los trámites para dejar constancia de la existencia del programa informático que fue creado para ser propiedad de la UCM. «Cristina en octubre me dice que ella estaba registrándolo en la OTRI, la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación».

Esta pasada semana, coincidiendo con la declaración de Gómez y la asesora como imputadas por malversación en relación a estos actos, el juez Peinado ordenó a la Complutense que, en un plazo máximo de 10 días, le entregue todos los correos que intercambiaron Doadrio y Álvarez.

El instructor aprobó esta última diligencia de investigación para tratar de esclarecer, con el contenido de sus comunicaciones, si, como ambas sostienen, solo fueron «favores puntuales» o, realmente, la participación de la empleada pública en los asuntos de la cátedra era una constante.

De igual forma, las afirmaciones de Doadrio fueron tenidas en cuenta por la Audiencia Provincial de Madrid cuando avalaron el investigar estas labores desarrolladas por la asistente, tras percibir indicios de «desviación de recursos públicos».

Está pendiente, asimismo, que la Unidad Central Operativa (UCO) entregue al magistrado un informe policial en el que se aclare si, además, la asesora mantuvo comunicación telefónica con las distintas compañías que financiaron la cátedra o la elaboración del software.