Acababa de llegar a la Puerta del Sol procedente de la Asamblea de Madrid. Venía de una reunión. De pronto, poco antes del mediodía, una persona de su equipo se acercó para darle la noticia: el fiscal general del Estado, condenado. Isabel Díaz Ayuso, aseguran en su equipo, esbozó algo más que una sonrisa. «Está muy satisfecha, esto es un éxito sin precedentes de la democracia: un español [es decir, su novio, Alberto González Amador] ha vencido al aparato del Estado que ha ido contra él simplemente por su relación personal con ella. Se han revelado secretos de un ciudadano y la Justicia ha imperado en España». Hoy, está previsto que la presidenta de la Comunidad de Madrid comparezca en «declaración institucional».

Todo empezó con su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. Nada más lanzar la izquierda toda su artillería contra la presidenta popular por las informaciones que daban cuenta de una paralela de Hacienda a su novio, él desveló un acuerdo entre un particular y la Fiscalía que echaba por tierra el relato gubernamental. La maquinaria del Estado se puso manos a la obra y cayó en la tela de araña.

Alberto Núñez Feijóo supo del fallo judicial en Génova. Recién aterrizado del Teatro Real, donde había participado en un acto de la Fundación CEOE con la Reina Letizia. Hasta entonces, había más que escepticismo en su equipo. El juicio no arrojó ninguna conclusión clara y en la cúpula popular optaron por un relato prudente: al margen del resultado final, lo grave era el procesamiento en sí. Todo un fiscal general del Estado, máximo responsable de la institución encargada de perseguir los delitos, en el banquillo por, presuntamente, cometerlo. Ya sin presunto.

Por la tarde, superada la sorpresa, el líder popular declaró de forma solmene. «El señor García Ortiz ha escrito una página negra en la historia de la democracia española y la tinta, se la ha proporcionado Pedro Sánchez». La sentencia, dijo, marca «un antes y un después» y también «implica a quien lideró este bochorno institucional». El presidente del Gobierno.

A la espera de leer las conclusiones del Supremo, «parece que [García Ortiz] no cometió un delito por su cuenta y deseo, sino que se prestó a ser un peón en la estrategia política del Ejecutivo. Y participó con ciega obediencia en una operación política contra una presidenta de una comunidad autónoma. Es decir, antes que servir a los intereses generales de los españoles, escogió defender a los intereses partidistas y hacerlo por encima de la ley».

Con un «mínimo de decencia», no habría «otra salida que la dimisión del presidente y la devolución de la voz a los españoles, para decidir qué futuro quieren». Y precisamente, «por eso», por ser la más honrosa, el líder popular vaticinó que Sánchez «no la tomará». Palabras que pronunció parapetado, como en las ocasiones solemnes, por las banderas de España y Europa.

Voz grave y rictus serio para no restar gravedad a la crisis institucional que describió. «El fallo condena al fiscal general del Estado por una conducta rigurosamente incompatible con la dignidad de su cargo. El fiscal general del Estado es el principal funcionario del Estado encargado de la defensa de la legalidad y la ha quebrantado». Quien debía «perseguir el delito, lo cometió». Y quien debía «proteger a los ciudadanos por encima de todo, se saltó y vulneró sus derechos».

Núñez Feijóo mostró su «respeto» por los magistrados del Supremo. «Igual que si la sentencia hubiera sido diferente». Todos ellos, denunció, «han sido sometidos a presiones inadmisibles por parte del Gobierno», hasta convertirse en «objeto de ataque de los ministros». También quiso recordar a «todos los fiscales que ejercen su labor cada día desde el respeto a la ley». Porque la institución «es mucho más que su cabeza visible». Es más, ha apuntillado, los fiscales «son víctimas de lo que está ocurriendo».

La tesis expuesta por el presidente popular fue que la «responsabilidad jurídica» recae sobre García Ortiz, pero no deja exento a Sánchez. «Primero, por haberle nombrado pese a que el Poder Judicial lo consideró no idóneo. Segundo, por haberle mantenido e incluso animado a mantenerse. Tercero, por haber sometido que el fiscal general era inocente y la sentencia debía ser exculpatoria». Y, por último, «por haber criticado abiertamente la decisión del Supremo, algo que supone una injerencia inédita».

Todo esto, sintetizó el jefe de la oposición, «tiene un nombre: abuso de poder y ataque a la independencia judicial». El fiscal general, insistió, «se ha comportado como el fiscal general del Gobierno», lo cual entraña un «enorme peligro». España convertida «en un lugar donde los ciudadanos deben protegerse de los excesos del poder». Aun así, lanzó un mensaje de esperanza: «Aquellos que abusan de su poder, acaban condenados».