«Billetes Pepito»: el rastro del pago de la contravigilancia de Puigdemont en Waterloo

La Guardia Civil considera que empresarios afines a Carles Puigdemont recurrieron a «actuaciones opacas» para «enmascarar» actividades económicas con el objetivo de difuminar el rastro de los fondos que manejaban para insuflar recursos económicos al proyecto independentista. Así consta en varios informes de la Guardia Civil remitidos por el instructor del «caso Voloh» al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, al frente de la investigación del «caso Tsunami», en cuya cúspide sitúa a Puigdemont, pendiente ahora de que el Tribunal Supremo decida si, como mantiene el instructor, hay indicios suficientes para imputarle en esa investigación por terrorismo, una de las que quedarán en papel mojado cuando la ley de amnistía entre en vigor.

Tras analizar un ordenador incautado en el registro del domicilio del empresario Josep Campmajó, que utilizaba los alias de «Canalla» y «Ainvar The Druid» e imputado en el «caso Tsunami», los agentes recelan de unas capturas de conversaciones en la aplicación Wire que habían sido «programadas para su destrucción en cinco minutos».

En una de esas conversaciones, mantenida con «Kanabo» (alias que la Guardia Civil identifica con el empresario Jaume Cabaní, excolaborador de Puigdemont en Bélgica y también imputado en la causa de Tsunami) se hace referencia a «un pago en criptomoneda a Catalitza, sociedad creada por el propio Cabaní en Estonia en agosto de 2019, que se justificaría con una factura girada por la empresa Dobleseo por un supuesto «servicio consultoría posicionamiento» para el pago de «billetes a pepito», indicándose que se puede incluir como concepto «análisis oficinas y rastreo señales».

Los investigadores no descartan que «se trate de algún servicio de alguien que se tenga que desplazar» en avión «para determinar la existencia de aparatos de vigilancia encubiertos». Dado que Cabaní se encontraba entonces «al servicio de Puigdemont», señalan que ese servicio se habría prestado «en la casa que ocupa en Waterloo».

"Necesito 52.000 spaguettis"

El objetivo, dice la Guardia Civil, era «contratar a un experto en vulnerabilidades tecnológicas», aunque los agentes desconocen «sobre qué lugar o personas, no descartándose que sea en Waterloo y que para el pago utilizan un complicado entramado». Al parecer, el elegido por Puigdemont (que en esa aplicación utiliza el alias de «K Mes Nou»), era Bruno Pérez Junca, que sería destituido como director general del Gobierno de Aragón tras salir a la luz sus vínculos con el independentismo.

Esas conversaciones dejan traslucir –llama la atención el informe– sus «inquietudes» sobre el hecho de «estar bajo vigilancia (micros, intervenciones telefónicas, etc.) planteándose valorar el coste de una revisión para descubrir si ello es cierto».

La Guardia Civil vincula también con esas gestiones a Xavier Vinyals, presidente de la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes (investigado en el «caso Voloh»), que los investigadores consideran «una especie de entidad pantalla por la que fluiría dinero público» para financiar la causa independentista supuestamente a través del exconseller de ERC Xavier Vendrell y el propio Cabaní. Este último emitió el 31 de agosto de 2017 una factura por 10.559 euros a dicha Plataforma por supuestos trabajos de mantenimiento informático, servicios que la instrucción judicial considera falsos por inexistentes.

En relación a las criptomonedas, el informe se detiene en lo que considera «peticiones de fondos en clave a Campmajó a través de aplicaciones de mensajería seguras», desconociendo los investigadores el destino de esos desembolsos. Por ejemplo, se hace referencia a una solicitud de dinero por parte de alguien que utiliza el alias de «As de Copes», que le escribe: «Necesito 5.200 spaguettis», dos mil de ellos con carácter «urgente». Una petición que va acompañada de varios «pantallazos de una recarga y pago a través de Bitsa» en criptomonedas por la cantidad solicitada. Asimismo, «Andy G» (un alias detrás del cual los agentes creen que está un empresario) pide en octubre de 2019 a Vinyals 25.000 euros «para pintar la casa», un montante «tan elevado» que lleva a la Guardia Civil a concluir que está destinado a «otra cosa».