Bloqueado y sin salida. Así se encuentra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), atrapado entre el PSOE y el PP cuyos contactos no muestran avance alguno para encontrar una salida que ayude a nombrar los 20 vocales que lo integran, doce de ellos miembros de la carrera judicial y los otros ocho elegidos entre juristas de prestigio. El panorama es de extrema gravedad, pues cada vez se escuchan másvoces entre los socios de Gobierno que reclaman al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que se levante de la mesa de negociación y fuerce una renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin el Partido Popular.

La fórmula de impulsar una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para rebajar las mayorías que se requieren para renovar el órgano de gobierno de los jueces ha ido sumando adeptos y ya no es algo que se plantee de forma discreta. Podemos ha planteado una proposición de ley para quitar peso al Senado, mientras que Sumar ha anunciado una reforma para reducir las mayorías necesarias. Todo con vistas a dejar fuera al PP.

Por su parte, Bolaños afirmaba ayer en Sevilla que su “plan A” es renovar el CGPJ mediante un pacto con el PP, pero dejó la pelota en el tejado de los populares y advirtió que esta es "la última oportunidad que tiene el PP para atender al clamor de la carrera judicial".

La “carta a la ciudadanía” de Pedro Sánchez ha creado un clima de opinión propicio, tras las acusaciones de acoso al Poder Judicial y de “lawfare”, la supuesta instrumentalización de los órganos jurisdiccionales con fines políticos. Aunque el término surgió en los acuerdos de investidura con Junts y ERC, Bolaños renegó posteriormente del mismo. Pero hace unos días, el propio presidente del Gobierno denunció haber "sufrido ‘lawfare’ en el pasado”, en alusión a la época en que Mariano Rajoy lideraba el Ejecutivo.

Actualmente, de los 20 los integrantes del órgano de gobierno de los jueces, la mitad la elige el Congreso de los Diputados y la otra mitad la nombra el Senado y se requiere una mayoría cualificada de tres quintos, que exige que los principales partidos políticos -PP y PSOE- se pongan de acuerdo para sacar adelante los nombramientos. Este sistema ha sido cuestionado por algunas asociaciones de jueces e, incluso, por el propio presidente en funciones del CGPJ; Vicente Guilarte, porque deja patente la conexión directa del Poder Judicial con el poder político y atenta contra la imagen de independencia que debe transmitir.

Según explican fuentes jurídicas, el Gobierno y sus socios se pueden plantear reformar la LOPJ para que los vocales del consejo sean elegidos por mayoría absoluta. El PSOE y sus socios suman 176 votos, suficientes para aprobar dicha reforma, confirman a LA RAZÓN. Si con esos 176 apoyos se reduce la mayoría cualificada de tres quintos a una mayoría absoluta (la mitad de los 350 diputados más uno, es decir, 176), podrían renovar los vocales del CGPJ sin necesidad de pactar su nombramiento con el PP.

Esto, tal como han alertado algunas asociaciones de jueces –la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI)- sería demoledor dadas las numerosas vacantes que faltan por cubrir en la cúpula del Poder Judicial y las que se producirán de aquí a los cinco años de mandato que tiene el CGPJ una vez se ha renovado. El riesgo de que los órganos estén politizados es mayor, dado que los nombrarían los vocales elegidos solo por el Gobierno y sus socios.

Por otra parte, Podemos presentó una proposición de ley el lunes pasado quelimita el peso del Senado (donde el PP tiene mayoría absoluta) en la elección. La propuesta de la formación de Ione Belarra plantea que el Congreso elija a 16 vocales: los doce de la magistratura más cuatro juristas de reconocido prestigio. Los otros cuatro juristas quedarían en manos del Senado.

En el caso de Sumar, el portavoz en la Cámara Baja, Íñigo Errejón, anunció que presentarán una propuesta de reforma de la LOPJ para reducir las mayorías necesarias para elegir a los miembros del CGPJ.

Sin embargo, ninguna de estas formaciones se ha hecho eco de la reforma en el sistema de elección de los vocales que reclaman las asociaciones e instituciones europeas para "despolitizar", al menos, a los doce vocales de la magistratura y que estos sean elegidos por los propios jueces. Esta opción es la que exige el PP para llegar a un acuerdo: renovar el consejo y pactar de manera inmediata un cambio en el sistema de elección de los vocales.

Bloqueo inédito del CGPJ

La situación del CGPJ es inédita y preocupa en Europa. Fue el 4 de diciembre de 2018, cuando el órgano de gobierno de los jueces debió renovarse. Desde entonces, PP y PSOE han acrecentado la distancia que les separa sin lograr un acuerdo para el nombramiento de los 20 vocales. No han acercado posiciones ni en territorio español ni en Bruselas, bajo la supervisión del excomisario de Justicia Didier Reynders.

Como consecuencia, el consejo es el único órgano constitucional que no se ha renovado, una situación anómala con efectos devastadores. Desde instancias europeas, así como por parte de la AJFV y FJI, han insistido en la necesidad de que al menos los doce vocales de la magistratura sean elegidos por los propios jueces, tal como ocurre en gran parte de los países europeos.