La Comisión Europea ha cuestionado que la Ley de Amnistía responda al interés general y ha advertido de que la "autoamnistía" es "contraria al Estado de Derecho" cuando "quien está en el Gobierno garantiza la impunidad de sus socios a cambio del apoyo parlamentario". Así lo ha puesto de manifiesto en la vista celebrada para dirimir si aplicar la medida de gracia a los doce exintegrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por delitos de terrorismo violenta el derecho comunitario.

El representante de la Comisión Europea, Carlos Urraca, ha alertado a su vez de que la aplicación de la Directiva europea contra el terrorismo de 2017 "quedaría en peligro si un estado concediera una amnistía tan amplia que excluyera la persecución" de actos terroristas "durante un amplio periodo de tiempo" o defina el ámbito material y temporal de la norma de manera tan "amplia o vaga" que comprometa los efectos de esa disposición, excediendo en ese caso "los requisitos del Estado de Derecho".

Según ha puesto de manifiesto, las amnistías deben perseguir "un objetivo legítimo", cumplir el principio de proporcionalidad y respetar el principio de seguridad jurídica. A este respecto, ha asegurado que corresponde al juez nacional determinar si la ley "cumple las condiciones de seguridad jurídica e igualdad ante la ley y si existe un fin admisible y resulta proporcional".

Y ha precisado que el hecho de que la amnistía sea competencia de los estados miembros "no influye en la intensidad del control" que debe llevar a cabo el TJUE.

Fiscalía: "Pluralidad de beneficiados"

En esa vista clave para el futuro de la polémica ley, la Fiscalía ha negado que se trate de una "autoamnistía", que según ha señalado se caracteriza por el "ejercicio arbitrario del derecho de gracia que, lejos de perseguir el interés general, busca la impunidad de actos criminales". Pero en este caso, ha defendido, "no cabe hablar de autoamnistía" porque la ley persigue la "reconciliación nacional a través de la normalización institucional, social y política en Cataluña".

La teniente fiscal de la Audiencia Nacional ha puesto de relieve en este sentido que hay "una pluralidad de personas beneficiadas", y "no solo políticos", pues ha recordado que también han sido amnistiados 73 policías. A día de hoy, según ha expuesto, el Ministerio Público ha realizado 191 informes en relación a la aplicación de la Ley de Amnistía, 148 de ellos a favor y otros 43 en contra.

Durántez ha recalcado que la amnistía "es una figura admitida en la mayor parte de los países miembros de la Unión Europea" y ha defendido su tramitación parlamentaria incidiendo en que la ley fue aprobada "por mayoría absoluta" en el Congreso.

La representante del Ministerio Público ha comenzado su intervención trasladando al tribunal europeo que en nuestro país el Ministerio Fiscal "no representa los intereses del Estado ni del Gobierno" y defendiendo su "imparcialidad". Durántez ha puesto en valor la "especial sensibilidad" de la legislación española contra el terrorismo tras décadas de terrorismo de ETA y los atentados yihadistas de Madrid el 11-M y en Barcelona en agosto de 2017.

"Restablecer la paz social"

En esa misma línea, la abogada del Estado ante el TJUE, Andrea Gavela, se ha referido a la Ley de Amnistía como "una norma excepcional que ha sido además ratificada por el Tribunal Constitucional", cuya finalidad "no es otra que solucionar un conflicto de naturaleza política y restablecer la paz social" en Cataluña. "A juicio del Reino de España", ha asegurado, "la ley no es una autoamnistía y en todo caso ello no sería relevante al ser competencia exclusiva de un estado miembro".

De nuevo refiriéndose al TC, ha señalado el TC la finalidad de la ley con la voluntad de sus autores. La ley sí parece una justificación legítima por lo que no es posible hablar de una autoamnistía,

Muy al contrario, el abogado de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot) ha insistido en el TJUE que los hechos por los que están acusados los exintegrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) "están incluidos" tanto en la Directiva europea de 2017 de lucha contra el terrorismo como en la anterior Decisión Marco de 2002.

"Todo terrorismo es contrario a los derechos humanos"

José María Fuster Fabra ha defendido que afirmar que el terrorismo que se imputa a los CDR no supone una vulneración grave de derechos humanos (en cuyo caso la propia norma impide aplicar la medida de gracia) "es una contradicción en sí misma". "Todo terrorismo es contrario a los derechos humanos", ha señalado el letrado de la acusación popular, para quien aunque los acto terroristas que planeaban los CDR "no llegaron a materializarse" gracias a la intervención de la Guardia Civil, "tenían objetivos concretos".

El abogado constitucionalista ha insistido en que el TJUE es competente para pronunciarse sobre si amnistiar estos delitos de terrorismo choca con el derecho comunitario porque "un estado debe legislar respetando los principios mínimos de la ley europea y la Ley de Amnistía -que ve contraria al derecho europeo- no respeta esos principios mínimos". Siendo esto así, ha precisado, "no se puede amnistiar el terrorismo". "¿Qué delito tiene más gravedad que el terrorismo?", se ha preguntado.

Para Fuster Fabra, la directiva europea contra el terrorismo "se vería en peligro" si se amnistía a los CDR, aunque no -ha apuntado- "si fueran juzgados y condenados y luego indultados". El letrado ha cuestionado que se pueda eximir de responsabilidad penal a acusados de la posesión y fabricación de artefactos explosivos, "la fijación de objetivos" y la "persecución" de personas, conductas que según ha expuesto va en contra de las disposiciones comunitarias.

Acvot tiene claro que estamos ante una "autoamnistía", porque la aprobación de la ley fue -ha puesto de relieve- una condición indispensable "que pusieron los grupos independentistas para la investidura del presidente Sánchez". Y ha recordado que Jordi Turull, "uno de los beneficiados, ha reconocido que participó en la elaboración de la Ley de Amnistía". El Gobierno, ha dicho, solo aprobó la ley "en interés propio". Una norma que, ha indicado al TJUE, es "radicalmente contraria al interés general de Cataluña y de toda España".

Las defensas: "¿Cómo se puede hablar de quiebra del principio de igualdad?"

Las defensas de los acusados, por su parte, han pedido al Tribunal de Justicia de la UE que inadmita la cuestión prejudicial. El letrado David Aranda, por ejemplo, ha asegurado que la Ley de Amnistía "no es una cuestión de política criminal, sino que es una cuestión política que se encuentra prevista en el derecho comunitario".

Y respecto a la quiebra del principio de igualdad al que ha aludido Fuster Fabra, uno de los abogados de las defensas, el letrado Xavier Monge, se ha referido a que recientemente la Audiencia de Barcelona ha aplicado la amnistía a varios guardias civiles "investigados por torturas y coacciones" que fueron los que detuvieron a su defendido. Entonces, ha recordado, el letrado de la acusación popular "reclamó la amnistía y parece que no le suscitaba ningún reparo el principio de igualdad". "No parece que estos agentes fueran catalanes e independentistas", ha ironizado.

También ha replicado a que, como ha apuntado Acvot, no se haya aplicado la amnistía a los miembros de las conocidas como "brigadas de limpieza" juzgados por retirar lazos amarillos y esteladas de municipios catalanes, subrayando que "si tiene alguna duda al respecto, ha sido disipada por la sentencia del Tribunal Constitucional". Y es que el TC concluyó que la ley ampara también a quienes hayan cometido actos "con criterios contrarios a la independencia siempre que estén dentro del ámbito material y temporal" de la norma. "¿Como se puede hablar de quiebra del principio de igualdad? Aquí lo tienen señorías, el Tribunal Constitucional así lo ha determinado", ha afirmado.