La Abogacía del Estado pidió al Gobierno contratar un abogado para Llarena

Coincide con el CGPJ en que la demanda al juez es por haber ejercido su «libertad jurisdiccional».

El Ministerio de Justicia, del que es titular Dolores Delgado, optó por no hacer el más mínimo caso al Consejo General del Poder Judicial en cuanto a proporcionar los medios procesales correspondientes para la defensa del instructor del «procés», el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, por la demanda civil interpuesta por el ex presidente catalán Carles Puigdemont y otros cuatro ex consejeros de su Gobierno.

Los cinco demandantes están prófugos de la Justicia y fueron procesados por Llarena. Antes de tomar esa decisión, Justicia pidió un informe a la Abogacía del Estado, la cual, si se hubiese prestado el apoyo necesario, sería quien hubiese tenido que coordinar la defensa, aunque materialmente la llevaría un abogado belga. El informe de los Servicios Jurídicos del Estado, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, no puede ser más concluyente a favor de la solicitud del CGPJ en defensa de Llarena. La conclusión es tajante: «... Se considera que concurren los requisitos legales pevistos para autorizar la representación y defensa de Pablo Llarena en relación con la demanda civil...» promovida por Puigdemont y sus ex consejeros.

La postura de la Abogacía del Estado es clara, pese a lo cual la ministra no ha tenido a bien considerarla. Llarena está citado en el juzgado belga el 4 de septiembre. Junto a ello, los servicios del Estado sí consideraban igualmente proceder a la contratación de un abogado de ese país asumir esa defensa, y que dado que la citación de Llarena es para dentro de un par de semanas, instaban a que esa designación se realizara por el embajador de España en Bélgica «a la mayor brevedad posible».

Otro de los puntos abordados por los Servicios Jurídicos del Estado hacía referencia a si el Reino de España debía o no personarse en ese procedimiento para poder alegar la falta de vulneración del principio inmunidad de jurisdicción e inmunidad de actos soberanos, es decir, que Bélgica no tendría competencia para tramitar una demanda contra Llarena, y, por otro lado, que las resoluciones dictadas por éste se enmarcan en su libertad jurisdiccional. Al respecto, la Abogacía del Estado apoya tal pretensión y pide que se ejecute de forma inmediata, a fin de asegurar la personación ante el juzgado belga con dos semanas de antelación a la comparecencia de Llarena, «y asegurar que pueda hacerse valer la inmunidad de jurisdicción y de ejecución de los actos llevados a cabo por la jurisdicción española». Inmunidad que se garantizaría mejor a través de la contratación del abogado belga antes que con la

representación directa del Reino de España.

Además, en contra de lo que se sostiene desde Justicia, la Abogacía del Estado no ve incompatibilidad alguna o entre en contradicción con la defensa de los intereses generales del Estado, sino más bien todo lo contrario: el hecho de que Llarena haya sido demandado por ejercer ese legítimo ejercicio de su función como magistrado del Supremo, «le atribuye una posición de persona que ejerce una de las funciones del Poder Judicial español. Por lo tanto, cabe apreciar la mayor coincidencia y compatibilidad entre el ejercicio de esa defensa y la

propia de los órganos constitucionales del Estado, que se atribuyen también a la Abogacía del Estado».

Con todo esto, los Servicios Jurídicos del Estado concluyen con el CGPJ que la demanda interpuesta por Puigdemont y los otros cuatro ex consejeros prófugos no tiene más motivación que el hecho de Pablo Llarena de haber desarrollado su «legítimo desempeño de las funciones» que tiene encomendadas» como magistrado del Tribunal Supremo.

Por su parte, magistrados del Supremo acogieron con estupor la decisión de no asumir la defensa del instructor del «procés». Consideran que los investigados buscan hacer daño personal al magistrado y no sólo desacreditar el proceso y que Justicia ha caído en su estrategia, dejando «vendido» a Llarena, que ahora tendrá que pagar un abogado de su bolsillo que le costará miles de euros. También mostró su desacuerdo en un comunicado la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que reprocha a Justicia que no defienda a Llarena sin reservas y advierte de que la demanda trata de «desautorizar el sumario del Supremo en su conjunto».

Todas las asociaciones de jueces y fiscales, a excepción de las progresistas Jueces para la Democracia (JpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF), se sumaron al documento de la APM. Este comunicado, elaborado inicialmente por la asociación mayoritaria –Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a la que pertenece el juez Llarena– fue firmado también por las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente y por las de fiscales Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.