Hacia un cambio de régimen

Se equivocan los que dicen que la amnistía es imposible. No sólo es posible, es que vamos a un cambio de régimen. En esto está Sánchez. Estos días hemos vuelto locos a los constitucionalistas, que una y otra vez repetían que «la amnistía es un mecanismo exclusivo de los cambios de régimen». Tontos de nosotros. Se perdonaron los crímenes en 1977, en efecto, para facilitar el paso de la dictadura a la democracia. El error de partida es suponer que la Constitución, con sus antiguas indicaciones sobre lo que sea la «indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles» (Art.2), no aguantará una reinterpretación total, que incluya de hecho un cambio de régimen. Esa es exactamente la cuestión que dirimen en estos días Pedro Sánchez, Puigdemont, Yolanda Díaz, Junqueras y Ortúzar. En reducir todo a un problema semántico.

Nos hemos enredado en leyes y reglamentos, suponiendo que la federalización de España iba a precisar de los tres quintos del parlamento, según especifica la ley fundamental, cuando el camino elegido por los que mandan es otro. Sencillamente, estirar el significado de las palabras. Por ejemplo, Pere Aragonés explicó ayer que la «desjudicialización definitiva» ya está acordada con el Gobierno. El palabro sustituye al viejo término «amnistía». También hemos leído en las propuestas del PSC, registradas en el parlamento catalán el pasado 14 de septiembre, «la necesidad de hacer evolucionar el sistema de financiación autonómica hacia una hacienda federal». Vamos a una federación de naciones hispanas sin pasar por un proceso constituyente. El fraude es mayúsculo, pero tiene un sólido fundamento. Los partidos que van a hacer gobierno con Sánchez saben que cualquier alternativa les resultaría menos favorable. El acuerdo con este PSOE es un punto de partida, más que de llegada.

En la sociedad líquida, las definiciones se desdibujan y, sobre todo, nada importa gran cosa. Salgan a la calle, hay muchísima gente ahí fuera absolutamente indiferente a una escisión de Cataluña o el País Vasco. La población no defiende la unidad de España porque no sabe para qué sirve. Nadie ha enseñado a las nuevas generaciones que las leyes protegen la igualdad entre las personas y el justo reparto de los recursos. Se creen que el patriotismo es una cuestión sentimental. Y se ríen de él. Pedro Sánchez es un cínico que cabalga cómodamente sobre la indiferencia general. Tienen razón Santos Cerdán o Bolaños cuando insultan a Felipe González y Alfonso Guerra. El ministro del Cultura y Deportes, Miquel Iceta, ha tachado de «antiguas» las advertencias de los viejos líderes. ¿Cuántas personas hay en el parlamento o en las sedes de los partidos que estén dispuestas a no salir en la foto por hacer frente al plan traidor de Sánchez?

Son días aciagos. Tengo para mí que si nos invadiesen los franceses de nuevo, la mayor parte de los españoles cogerían un avión o un tren y pondría pies en polvorosa. Resulta que la hacienda no es federal, señoras y señores, porque pretende hacer iguales a los españoles. De modo que uno de la Línea de la Concepción pague e ingrese tanto como uno de Girona. Y está prohibido hacer referendos ilegales porque la Constitución prima la igualdad sobre los derechos particulares. Son cosas todas que cada vez más gente parece incapaz de comprender. No les digo nada si entramos en la forma de la jefatura del estado o el papel del rey en la defensa de la Constitución.

Van a «desjudicializar» el procés de 2017 y los delincuentes van a llevar a cabo no sólo la «federalización de la hacienda» sino la federalización de España, sin que nadie mencione la palabra federación. Hay una sola duda. Alguien tendrá que pagar todo esto, la «deuda histórica de 450.000 millones de euros de España con Cataluña». Veremos si entonces entienden los de la calle de qué estamos hablando.