Campaña contra Casado con «fakes» sobre la ayuda a la maternidad de las inmigrantes

Proponía garantizar la «confidencialidad» de las mujeres que den en adopción a sus bebés.

La propuesta del PP sobre las embarazadas en situación irregular se limita a plantear el blindaje a nivel nacional de la obligada confidencialidad del proceso para quienes voluntariamente quieran entrar en los trámites de adopción con el fin de evitar situaciones de abandono. En la actualidad ya hay protocolos a nivel local, pero el PP incluye en su programa, dentro de la Ley de Maternidad, generalizar a nivel nacional el programa en vigor en la Comunidad de Madrid, y que fue puesto en marcha con motivo de una campaña contra el abandono de bebés, diseñado en colaboración con jueces y fiscales. La finalidad era evitar el abandono de bebés y ayudar a las madres que deseen renunciar al cuidado de sus hijos para que lo hagan de forma responsable y con las mismas garantías jurídicas y de seguridad tanto para ellas como para los menores. Este programa garantiza que la entrega del bebé no tiene consecuencias legales ni administrativas para la mujer, y que es un proceso de carácter confidencial, incluso en el caso de que afecte a mujeres inmigrantes en situación irregular. Es decir, que aquellas que están en esa situación, y no quieran seguir adelante con el cuidado de su hijo, en vez de incurrir en la solución extrema de abandonarle en un contenedor o en la calle, opten por una tutela controlada con todas las garantías para el menor. La medida que va dirigida a la población en riesgo social, madres inmigrantes o situación de marginación, y que el PP incluye en su programa electoral, ha servido a la izquierda para promover una feroz campaña contra Casado por «xenófobo» o con el argumento de que ofrece «papeles» temporales a las migrantes en situación irregular a cambio de que cedan en adopción a sus hijos. Pero en España hace años que no se expulsan a mujeres en situación irregular. Y la propuesta que ha servido para alimentar la polémica no va de eso, ni tampoco de favorecer adopciones a cambio de papeles. Simplemente facilitar que antes del abandono se recurra a la adopción sin miedo a consecuencias de ningún tipo, incluso aunque no se esté en España en situación regular.

El artículo 57.6 de la ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social establece que «la expulsión no podrá ser ejecutada cuando ésta conculcase el principio de no devolución, o afecte a las mujeres embarazadas, cuando la medida pueda suponer un riesgo para la gestación o la salud de la madre».

La ley no prohibe la expulsión de las madres «sin papeles» con hijos nacidos en España, si bien «en la práctica» no se realizan. Una vez terminado el periodo de gestación, se sigue el procedimiento habitual y se analiza «caso por caso» antes de proceder a la expulsión de cualquier persona, ya que dependerá de su nacionalidad o de si tiene intención de pedir asilo entre otras cosas.