“Caso Koldo”: La empresa de la trama avisó a Baleares de que tenía "un avión lleno de mascarillas”

La falta de transparencia e, incluso, la ausencia de documentación sobre cómo el Gobierno balear, durante la etapa en la que Francina Armengol estaba al frente, conoció a la empresa del “caso Koldo”, es una constante en la adjudicación del contrato por 3,7 millones de euros. Tampoco hay información ni datos sobre las negociaciones previas, ni sobre cómo contactaron con la sociedad que la trama utilizó para cobrar comisiones ilegales, tal como sostiene la investigación que se instruye desde la Audiencia Nacional (AN). Lo que sí constataron los agentes es que la sociedad “avisó” a Baleares de que tenía "un avión lleno de mascarillas”.

Las anomalíasen esta contratación han quedado reflejadas en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analiza los pormenores de la adjudicación por el procedimiento de emergencia y sin publicidad que se celebró entre finales de abril y principios de mayo de 2020, cuando España estaba sumida en un confinamiento estricto para reducir los contagios.

Los guardias civiles no encontraron ninguna señal de comunicación previa entre las partes, ni actas o documentos en el que se indique de manera transparente y clara cómo contactaron con la empresa adjudicataria, la sociedad de la trama Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL.

El primer antecedentedocumental que hallaron fue una factura del 26 de abril, solo un día antes de que se produjera la entrega y más de una semana antes de que se formalizara el contrato, el 4 de mayo. Con el fin de concretar si cuadraban las fechas del suministro, “se ha localizado una factura comercial datada el 26 de abril de 2020 en la que se estipula el suministro de mascarillas al Servicio de Salud de las Islas Baleares por importe de 3.701.500 €”, dice el informe.

Por otra parte, encuentran otro documento, pero datado el 4 de mayo con el nombre “Resol emerg ACG 08.05” que firmó Julio Fuster Culebras, entonces director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares.

En su página 7, se indica que fue la empresa de la trama, Soluciones Gestión, “quien se puso en contacto con el organismo de contratación para ‘avisar’ de que tenían un avión repleto de mascarillas FFP2”. Es decir, la sociedad investigada tenía un gran volumen de material sanitario para colocar en las administraciones públicas.

“Se desconoce de qué manera y qué personas físicas son las que gestaron los acuerdos en referencia a cantidades de mascarillas a suministrar e importe a abonar por las mismas”, indica el informe.

El oscurantismo que rodea a la adjudicación de Baleares se confirma también en otro hecho sobre el que los agentes dejan constancia. Y es que no pudieron localizar documentación sobre la formalización del contrato enla que se reseñen datos básicos para cualquier acuerdo de este tipo, máxime cuando se trata de fondos públicos.

Les fue imposible dar con ningún documento en el que se identificase a las partes o en el que se definiera el objeto del contrato o las condiciones de recepción de las mascarillas. Además, no se designó a ningún encargado que se responsabilizase de controlar que el contrato se ejecutara en tiempo y forma.

Otra situación que activó las señales de alerta fueron las fechas de la contratación. El informe policial también constata indicios de que la adjudicación de Baleares pudo estar preconcedida.

De acuerdo con la documentación que se analizó durante las diligencias, la entrega de las mascarillas se produjo el día 27 de abril de 2020.Pero no fue hasta dos días más tarde, el 29 de abril, cuando se solicitó al órgano de contratación la declaración de tramitación de emergencia para el contrato de suministro de mascarillas. Yuna semana después, el 4 de mayo, se emitió la resolución del órgano de contratación en la que se acordaba la tramitación de emergencia de dicho suministro.

De ello, la Guardia Civil concluye que “cualquier actuación entre SOLUCIONES y elServicio Balear de Salud que se hubiera producido con anterioridad a esafecha se entiende contraria a la Ley que regula los contratos celebradospor las entidades pertenecientes al Sector Público”.