Cien investigados por las comisiones

Siete de los 24 detenidos en la «operación Taula», en libertad tras declarar ante el juez.

La Guardia Civil tiene previsto llamar a declarar a un centenar de personas –cargos públicos y empresarios– en el marco de la «operación Taula», en la que se ha desmantelado una trama de corrupción que afecta a administraciones públicas de la Comunidad Valenciana, algunos de cuyos responsables e integrantes de dichas instituciones supuestamente percibían comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.

Los investigadores, según fuentes consultadas por LA RAZÓN, sospechan que, al final de las pesquisas, y de las toma de declaraciones, se podrá demostrar que no sólo se buscaba el lucro personal sino también la financiación del PP de la citada comunidad.

El centenar de personas que van a ser investigadas serán llamadas a declarar por la Guardia Civil en las próximas semanas, una vez concluyan las diligencias derivadas de la «operación Taula», que se saldó con 24 detenciones y 33 registros en domicilios particulares, sedes sociales de empresas, fundaciones y el grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia. Por lo que respecta a los registros, las citadas fuentes han señalado que no se han encontrado cantidades de dinero, pero sí documentación de «extraordinario interés» para las investigaciones.

Lo que sí ha confirmado la Benemérita es que los pagos de comisiones se hacían siempre en «dinero negro», mediante la entrega personal de los adjudicatarios de las obras, o personas delegadas, o los miembros de la referida trama. En ese sentido, el interrogatorio de los agentes de la UCO a los tres miembros del PP del Ayuntamiento de Valencia «investigados» en el marco de la operación Taula, a saber, el edil Alfonso Novo; el asesor, Luis Salom y la secretaria, María José Pi, se ciñó única y exclusivamente al donativo que los tres hicieron al partido, de mil euros, para ayudar a costear los gastos de la campaña electoral de los comicios de mayo de 2015.

La Guardia Civil tiene la sospecha de que dichas cantidades fueron aportadas por los ediles y asesores del grupo, y luego devueltas «bajo mano» por el partido para conseguir de este modo «blanquear» comisiones ilegales aportadas por empresarios para la obtención de adjudicaciones.

El enrevesado argumento fue desmentido tajantemente por los tres investigados, que negaron que el dinero les fuera devuelto, y por lo tanto, no habiendo devolución, no existe la posibilidad de que esos donativos blanquearan nada. Además, los donativos al partido por parte de sus miembros, que son habituales y legítimos, aparecen contabilizados en las cuentas del PP en las que se anotan como entradas y no vuelven a aparecer como salida, ni mucho menos retorno, a sus titulares. Según fuentes conocedoras de la investigación, la labor de recoger los donativos sugeridos por el partido a sus cargos era de la secretaria del grupo, Carmen García Fuster, motivo por el cual habría sido detenida como autora de un delito de blanqueo. Su secretaria, María José Pi, habría colaborado en las tareas encomendadas a su jefa.

Por su parte, Alfonso Novo sería el responsable de las cuentas del grupo. La imputación de Luis Salom queda más confusa, si bien es cierto que el asesor del grupo municipal realizó la aportación mediante transferencia bancaria por lo que su titularidad puede figurar en la documentación que maneja la Guardia Civil.

Fuentes próximas al caso hicieron hincapié en que el hecho de que Salom realizara una transferencia bancaria da crédito al argumento esgrimido por los tres de que las aportaciones fueron voluntarias y totalmente transparentes, sin que sirvieran para realizar ningún blanqueo. El pago de este donativo fue voluntario entre concejales y asesores y se recogió entre 40.000 y 50.000 euros que, según todas las fuentes, nunca fueron devueltos.

Siete de los detenidos pasaron ayer a disposición judicial, entre ellos el ex secretario autonómico de Deportes y ex diputado en las Corts David Serra; la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María del Carmen García Fuster, y el ex gerente de la Fundació Jaume II El Just, Vicente Burgos, ex marido de María José Alcón, en libertad el día anterior bajo fianza de 150.000 euros. Los siete fueron puestos en libertad provisional por el juez, que impuso fianza a cuatro de ellos.