El Congreso elige este martes qué comisión tramita la amnistía

La amnistía superó la semana pasada su primer trámite (la toma en consideración) y este martes se encamina hacia el segundo: la reunión de la Mesa abrirá el periodo de enmiendas (15 días) y decidirá a través de qué comisión se tramita. Ahí surge el debate sobre qué comisión escogerá el PSOE: la Comisión Constitucional o la Comisión de Justicia.

A efectos jurídicos, da igual a través de qué comisión se tramite porque el bloque de la investidura tiene mayoría en ambas y la ley no corre ningún riesgo. Sin embargo, cada comisión tiene sus propias connotaciones porque la Constitucional suele abordar las reformas de la Carta Magna (ahora tiene que volver el artículo 49 para suprimir el término «disminuido») y de los Estatutos de autonomía, mientras que la de Justicia suele contener las modificaciones del Código Penal, del Código Civil o las normas procesales (ley de enjuiciamiento criminal y ley de enjuiciamiento civil), además de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Todo apunta a que la comisión escogida será la Constitucional dadas las maniobras que ha hecho el PSOE ahí: el secretario general Fernando Galindo, exalto cargo del Gobierno socialistas, ha apartado a Manuel Fernández-Fontecha, Letrado crítico con la amnistía en un artículo publicado en LA RAZÓN, de esa comisión para evitar informes desfavorables (pese a que los informes tampoco son vinculantes, pero sí muy relevantes). Además, la Comisión Constitucional está presidida por una figura de peso en las filas socialistas, José Zaragoza.

Además de la comisión que se escoja, se abrirá el periodo de enmiendas: lo previsible es que PP y Vox presenten enmiendas a la totalidad del texto de la ley de amnistía, por lo que será necesario convocar un nuevo Pleno en enero para debatir y votar antes de que el proyecto normativo pase a la comisión correspondiente. Una vez llega la ley a comisión es cuando ya se empiezan a abordar las enmiendas al articulado, aunque la previsión es que ninguno de los grupos independentistas ni el PSOE presenten (tan solo se contempla la posibilidad de introducir algunos cambios técnicos).

De esta manera, el calendario hace indicar que la amnistía difícilmente saldrá del Congreso antes de que acabe el mes de enero: durante las primeras semanas del año se trabajará el texto porque se ha habilitado, pero hasta el mes de febrero, al menos, no irá al Senado. Por tanto, todo invita a pensar que la ley quedará aprobada en primavera.

Además, este mismo martes dará comienzo el segundo Pleno ordinario de la XV Legislatura y se debatirá una proposición de ley de Esquerra muy polémica: trata sobre reformar la Ley del Deporte para eliminar la obligatoriedad de acudir a las convocatorias de la selección española en las distintas disciplinas deportivas.

También se someterá a debate una proposición de ley de Sumar para reformar el Código Penal y suprimir los delitos contra la Corona, recogidos en los artículos 490.3 y 491; los delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público, reflejado en el artículo 525; o, las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho, a España, a sus comunidades autónomas o a sus símbolos o emblemas, recogido en el artículo 543. Es decir, Sumar vuelve a abrir una carpeta sensible.

En ambas proposiciones de ley, la presión se volcará sobre el PSOE para que dé su «sí» a tramitarlas: de momento, es toma en consideración. El Pleno también servirá para ver un nuevo cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo porque el presidente del Gobierno comparece para dar explicaciones sobre el último Consejo Europeo: sin embargo, el debate permitirá medir el grado de diferencias entre ambos líderes en un momento en que está en el aire la posibilidad de que haya un encuentro antes de finales de año.

Feijóo ha enfriado esa posibilidad después de los últimos acontecimientos políticos: el pacto de Sánchez con Bildu para entregarle la alcaldía de Pamplona, la posibilidad de que el presidente del Gobierno tenga una reunión con Carles Puigdemont o el bronco debate del líder socialista en el Parlamento Europeo, que se sometió a la oposición del PP europeo.

Delito de injurias a la Corona

Sumar defiende que debe dejarse sin efecto el delito contra los sentimientos religiosos o escarnio público a las distintas confesiones, por ser «innecesario» al estar las creencias protegidas por distintos artículos como la libertad religiosa.

Y lo mismo pide para el de injurias a la Corona, que también ha motivado sentencias de Estrasburgo contra España. Según el portavoz de IU, Enrique Santiago, su derogación no genera «indefensión» a la Casa Real, pues seguirá protegida como cualquier persona por los delitos de injurias, calumnias o vulneración del honor.