ualquiera que compare la entrevista que realizó la semana pasada RTVE a Pedro Sánchez con la que hizo el jueves Carlos Alsina a Yolanda Díaz en Onda Cero, sacaría la conclusión de que no hay un gobierno, sino piezas de un puzle que no encajan de ninguna manera unas con otras.

Sánchez afirmó que puede desarrollar su proyecto sin tener unos presupuestos generales, justificando que en esta legislatura no los ha presentado a las Cortes en ninguno de los ejercicios.

Díaz, sin embargo, admitió que el Ejecutivo está obligado constitucional y políticamente a presentarlos y que debe presentar un proyecto de presupuestos al Congreso. Pero la discrepancia con más calado fue con relación a Junts.

A primeros de mes, Illa acudió a Bruselas a rendir pleitesía a Puigdemont, actuando como correveidile de Sánchez que necesita contar con el apoyo del independentismo. Desde las filas socialistas se repite el argumento de que se ha recuperado la normalidad democrática y que la visita se inscribe en ese marco.

Sin embargo, la vicepresidenta calificó de chantajistas a Junts, que había acabado horas antes con la propuesta de reducción de la jornada laboral. El reconocimiento de que Puigdemont extorsiona al gobierno bicolor es esclarecedor de la ley de amnistía o la reforma del Código Penal.

Las palabras de Díaz son de gravedad, es la primera vez que lo explicita un ministro de Sánchez que, por cierto, fue investido sin una mayoría progresista que lo respaldase después de haber perdido las elecciones.

Después de hacer públicas, en poco más de una semana, las discrepancias que existen entre los dos socios de coalición, la pregunta que surge es cómo es posible que todos sigan en la mesa del Consejo de Ministros juntos. Y la única respuesta es que solo les une el poder.

Sánchez ha pagado la presidencia con indultos, ley de amnistía, financiación privilegiada de Cataluña y demás chantajes de Puigdemont, algo que, por otra parte, la sociedad española ya sabía.

Le faltó a Díaz explicar por qué permanece en un gabinete incapaz de sobrevivir si no paga el rescate de turno al independentismo y también cómo tiene pensado que el Gobierno sobreviva dos años sin satisfacer las exigencias de Junts.

Desde la dirección socialista se afirma que no habrá adelanto electoral y que los comicios se producirán «cuando toca». Sin embargo, son cuestiones distintas que en nuestro sistema político las urnas se convoquen cada 4 años y que las circunstancias políticas de un momento determinado exijan anticipar elecciones.

Precisamente, esa es la coyuntura en la que estamos. El Estado no debería estar sometido a los intereses ni de Pedro Sánchez ni de siete diputados de la derecha independentista y supremacista. Es la razón más importante, aunque no la única, que aconseja una nueva legislatura.

Los problemas judiciales se acumulan y no hay semana que no venga cargada de novedades, siempre inquietantes para el líder socialista. Esta semana, Begoña Gómez declaró de nuevo en el juzgado.

Que la esposa del presidente esté investigada judicialmente ya es una anomalía en un país democrático, pero, que el Gobierno intentase sendas maniobras en las Cortes para evitar la coincidencia de la declaración en el juzgado de Gómez con la sesión de control al Gobierno, es una muestra más de instrumentalización de las instituciones.

En la declaración reconoció que, puntualmente, la asesora del presidente le había hecho favores con relación a sus negocios privados, lo que es lo mismo que reconocer que ha utilizado recursos públicos para fines personales en ocasiones.

Los procesos judiciales generan desgaste porque, independientemente de cómo terminen, se produce un goteo de información importante que deteriora políticamente.

Dado el calendario judicial, en otoño verán la luz nuevas informaciones del caso Cerdán, de Aldama, que ha amenazado con documentación comprometedora para el presidente, de las ex parejas de Ábalos, que abren nuevas líneas de investigación, veremos al fiscal general del Estado sentándose en el banquillo y al hermano de Sánchez conteniendo la respiración para no ser condenado.

La situación en su conjunto es de tal deterioro y de una enorme confrontación que se traslada a los periodistas y a la sociedad, además de aportar un grado importante de miopía política.

Valga como ejemplo, que en la última sesión parlamentaria, ni Sánchez ni Feijóo se refirieron a la incursión de una veintena de drones rusos con armamento en Polonia y que tenía en jaque a los países europeos y la OTAN.

La salida de Sánchez no es la solución a todo, aunque sí constituye la condición necesaria para que las aguas del sistema vuelvan a un cauce de normalidad y de calidad democrática. Es probable que los Puentes y Bolaños intenten mantener el sanchismo después del propio Sánchez, e incluso que lo consigan durante un corto periodo, pero el balance de lo que ha representado esta etapa la sentencia a ser historia.