El PP corteja al campo con una nueva "Ley Feijóo" en el Senado

Antaño, el Partido Popular fue el que capitalizó un voto clave en España: el rural. Hogaño, es Vox el preferido entre los agricultores y los ganaderos. Un nicho electoral que le ha dado grandes alegrías a Santiago Abascal y en el que Alberto Núñez Feijóo quiere recuperar terreno perdido. De ahí, las distintas iniciativas que está llevando a cabo, como la Proposición de Ley que, según ha podido saber LA RAZÓN, acaba de registrar su grupo en el Senado y que lleva por título: «En apoyo del sistema alimentario español como sector estratégico esencial de la economía».

El objetivo último, tal y como aparece en el primer artículo del texto, es: «Dotar al sector agroalimentario de nuevos y más eficaces instrumentos que contribuyan a garantizar su carácter estratégico esencial, capaz de garantizar el suministro y la seguridad alimentaria a la población española, en especial en situaciones de crisis, y, por tanto, contribuir a los retos de sostenibilidad y la garantía de rentabilidad y futuro de sus explotaciones y empresas».

A comienzos de año, el PP ya registró en la Cámara Alta una iniciativa de fiscalidad agraria, que consensuó con las principales patronales del sector. Ahora, vuelve a la carga con algunas de las principales reivindicaciones de los productores, como «mejorar la protección de la producción nacional ante el impacto de determinadas importaciones de terceros países y las fluctuaciones de los mercados internacionales». Un canto de guerra entre agricultores y ganaderos, que cada año denuncian la llegada de toneladas de productos procedentes de otros países, caso de Marruecos, con estándares de seguridad y ambientales bien laxos si se comparan con la infinidad de requisitos y trabas que se exigen en España.

El PP asegura que «el conjunto del sector agroalimentario en nuestro país viene atravesando en los últimos años una difícil situación que está poniendo en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones y empresas y el mantenimiento en la actividad de un importante número de productores». De ahí la necesidad de su «refuerzo, a través de la aplicación de políticas de apoyo a las explotaciones más vulnerables y de la revisión de aquellas políticas que no están dando el resultado esperado».

Entre todas las medidas que aterrizarán en la Cámara Alta de la mano de esta norma, destacan la «concesión de ayudas a los titulares de explotaciones agrarias en situación de crisis», con propuestas concretas. La más significativa: «El Gobierno habilitará anualmente ayudas destinadas a los titulares de las explotaciones agrarias de aquellos sectores en situación de crisis por verse gravemente afectadas en sus resultados económicos, tanto por unos elevados costes de los factores de producción, como por unos precios percibidos muy inferiores a los costes normales de producción, que pongan en riesgo la sostenibilidad de las explotaciones y su continuidad en el ciclo de producción».

La ley insta al Ministerio de Agricultura a determinar «anualmente los ámbitos y sectores afectados por serias dificultades de mercado» y establecer «las bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales».

En materia tributaria, se estipula que «mientras permanezcan las condiciones que supongan un riesgo de cese de actividad por pérdida de rentabilidad derivado del exceso de coste de producción», otra demanda muy frecuente dentro del sector, «se aplicará el tipo mínimo permitido del Impuesto sobre el Valor Añadido a la energía y a las compras realizadas por los productores de aquellos productos que se utilizan en las actividades agrícolas, ganaderas o forestales como inputs agrarios y materias primas».

Para el «seguimiento de los mercados y la evaluación del impacto de los acuerdos comerciales», figuran medidas de calado: «Se reforzará el seguimiento de los mercados agrarios, para disponer de una información continua y permanentemente actualizada de su comportamiento y tendencias, en sus diferentes eslabones, y del desarrollo de los intercambios comerciales, especialmente de aquellos sectores que pueden verse afectados por los acuerdos comerciales con terceros países. Dicho seguimiento incluirá tanto los aspectos económicos, como los relacionados con la implantación de barreras a los intercambios, así como los sanitarios, en especial lo relacionado con el control de la entrada de plagas y enfermedades, el cumplimiento de los contingentes y de las fechas de entrada establecidas en los acuerdos con terceros países».

La ley también plantea soluciones «para la detección temprana y el seguimiento de alteraciones graves en el funcionamiento de la cadena de suministro y de los mercados agrarios», y aborda los famosos Seguros Agrarios, para los que propone un refuerzo de la viabilidad del sistema; y de los asegurados, para los que aumenta la protección. Y, en materia comercial, apuesta por un «fortalecimiento de la posición negociadora de los productores en los mercados agrarios».

Alicia García defiende la ley agrícola

La portavoz popular en el Senado, Alicia García, asegura en declaraciones a este diario que «es necesario declarar estratégico el sector agroalimentario español, para reforzar y asegurar el futuro de la producción agraria y de la industria agroalimentaria». Elementos clave en una sociedad que necesita «disponer y tener acceso a alimentos en cantidad, calidad y precio adecuado a sus necesidades y de una manera uniforme y constante en el tiempo».

Según defiende, la proposición de Ley registrada «remarca esta necesidad». Y se pregunta, para enfatizar la importancia de la iniciativa legislativa de su grupo: «¿Nos hemos parado a pensar alguna vez lo que ocurriría si no dispusiésemos de los suficientes alimentos para nuestra sociedad en cantidad, calidad y precio adecuado?». Por ello, insiste en que esta norma se suma a la «ley de fiscalidad agraria» que busca reducir «la carga impositiva a agricultores, ganaderos y pescadores». Entonces, el PP proponía medidas que supondrían un «ahorro de 700 millones de euros» que alcanzaría «a 800.000 profesionales».

En ese contexto, García desvela por dónde irá la siguiente estrategia en materia agrícola: el agua. A su juicio, es imprescindible «impulsar las obras de regadío que sean necesarias para asegurar el aprovisionamiento de alimentos». Especialmente, ante situaciones de sequía «como la que hemos vivido en los últimos años». Sobre los avatares que afligen al sector agroganadero, la portavoz popular en el Senado resalta un artículo clave de la ley que verá la luz a la vuelta del verano: «Que se establezcan concesiones de ayudas estatales para aquellas explotaciones en situación de crisis y con riesgo de continuidad en su actividad». Y otro más: «Llevar a cabo la creación de un seguro de estabilización de ingresos modificando la ley de seguros agrarios combinados actual».

Frente a las «políticas radicales de Sánchez», que «están castigando duramente al sector agroalimentario español y asfixiándolo con impuestos», Alicia García defiende «proteger la producción agraria nacional». Con menos «exigencias medioambientales», con una política que ponga coto a la «competencia desleal» de terceros países, «que son capaces de producir a un menor precio» por los «altos costes laborales» que hay en España, y en definitiva: con menos trabas e «impuestos».