El informe del Defensor del Pueblo del año 2019 alertó al Ejecutivo y al Ministerio de Igualdad de varias denuncias sobre los fallos de las pulseras anti maltrato del Centro COMETA, después de que se realizarán diversas actuaciones de oficio desde la primavera del año 2018.

Aunque la ministra de Igualdad, Ana Redondo, haya negado los fallos en los sistemas de pulseras para controlar a los arrestados por violencia machista y no haya mencionado el número de víctimas afectadas, han sido varios los avisos registrados desde las fuentes judiciales y los organismos institucionales. Ahora bien, hasta que no ha estallado el escándalo de las pulseras, no se habían producido declaraciones.

Antes de las cartas del Poder Judicial y las advertencias registradas el año pasado, el socialista, Fernández Marugán, presentó en el informe anual del Defensor del Pueblo del curso 2019 varias denuncias que señalaban los fallos de las herramientas de Igualdad. En la primavera de 2018, en los meses anteriores a la llegada del sanchismo a Moncloa, el Defensor del Pueblo solicitó información sobre el funcionamiento de las pulseras de control, debido a varias denuncias sobre "los fallos de los dispositivos y falsas alarmas".

Sin tiempo para reaccionar ante la moción de censura planteada por el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con la licitación de la explotación de las pulseras en pleno concurso público, las advertencias se traspasaron al seno del partido socialista con la adjudicación a finales del año 2018 que "pretendía garantizar la continuidad y perfeccionamiento de las pulseras y la aplicación del protocolo de actuación". Con el cambio en el Gobierno, antes de terminar el año, una nueva víctima y usuaria denunció que no se habían tomado medidas para terminar con los fallos del sistema.

Se ordenó la suspensión de las actuaciones

Pese a la denuncias presentadas, el informe sentencia que las actuaciones se suspendieron en el año 2019 a la espera de nuevas quejas, dejando sin una gran relevancia las denuncias presentadas.

"El mal funcionamiento de la pulsera provocaba que el dispositivo generara falsas alarmas cuando salía de cobertura, y no era posible discriminar si era por problemas técnicos o si el maltratador estaba quebrantando el alejamiento. En consecuencia, el Centro COMETA advertía del peligro a la víctima y activaba los protocolos de emergencia con la Policía Nacional", reza el apartado del Defensor del Pueblo.

En virtud de un nuevo contrato en mayo de 2019, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género informó que los errores habían sido subsanados con nuevas herramientas tecnológicas. De esta manera las denuncias quedaron el olvido y pese a las advertencias en los años venideros no se produjeron cambios.