El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mandó dos cartas a la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, alertando de los fallos de las nuevas pulseras antimaltrato que compró el Ministerio de Igualdad en la etapa de Irene Montero. Se trata de dos misivas fechadas el 8 de enero y 21 de febrero en las que se deja patente que han recibido informes y avisos de jueces avisando de los fallos del sistema.

Las misivas, a las que ha tenido acceso LA RAZÓN, llevan la firma electrónica de la presidenta del Observatorio, Esther Erice, además del membrete oficial del Observatorio y del CGPJ. En la primera de ellas se expone que han recibido escrito del presidente de la Audiencia Provincial de Granada dando cuenta de "distintas incidencias y disfunciones" detectadas con los dispositivos telemáticos que instala el centro Cometa, encargado del seguimiento de las llamadas.

"En cumplimiento del objetivo que compartimos de garantizar la mayor protección y seguridad de las víctimas, te adjunto copia del mencionado escrito, a los efectos oportunos, con el ruego de que me mantengas informada de las medidas que se puedan adoptar al respecto", reza el documento, evidenciando que no solo se alertó a principios de año al Ministerio de Igualdad de este asunto, sino que, además, se adjuntó el informe de la Audiencia de Granada con la información precisa al respecto.

Dos cartas con informes de las incidencias

La segunda carta se remitió poco más de un mes después; el 21 de febrero. La magistrada Erice explica que envía la misiva "como continuación" de la del 8 de enero, lo que pondría de manifiesto que no habrían recibido respuesta alaguna del primer escrito. Al respecto, le comunica que adjunta "nueva documentación" sobre este sistema al que se acogen en la actualidad a unas 4.500 mujeres de todo el país.

"Te remito ahora nueva documentación en la que figuran informes emitidos por distintos organismos sobre la misma cuestión, que nuevamente nos ha hecho llegar el presidente de la AP de Granada. En cumplimiento del objetivo que compartimos de garantizar la mayor protección y seguridad de las víctimas, ruego me mantengas informada de las medidas que se puedan adoptar al respecto", reiteró la actual presidenta del Observatorio.

A estas cartas se suman las actas de las reuniones anuales de los presidentes de las audiencias provinciales, recogidas por este diario, en las que también se advirtió de los fallos de geolocalización, de falsas alarmas de quebrantamiento y de hasta la facilidad con la que algunos investigados se podían retirar los dispositivos. En los documentos, que datan de 2024 y 2025, los togados avisaron de la gravedad de la situación e instaron a corregir las disfunciones para proteger a las víctimas.

Las actas de los jueces

Tanto las actas como las cartas enviadas del Observatorio confirman lo defendido por los jueces de Violencia de Género consultados por este diario que insisen en que se ha avisado puntualmente de los errores detectados con el nuevo sistema. De hecho, la anterior presidenta del Observatorio del CGPJ, María Ángeles Carmona, también ha asegurado que bajo su mandato se le dio traslado de estas taras y que y que lo derivó al Ministerio de Igualdad.

Sin embargo, su titular, Ana Redondo, defendió el viernes que no había sido notificada por el Poder Judicial y que las incidencias con las pulseras se solventaron en 2024. La ministra se refirió a los fallos surgidos con la licitación del servicio, pero no a la problemática derivada del cambio de dispositivos, que es la que ha alertado especialmente a los jueces.

En octubre de 2023 Montero licitó el nuevo contrato de prestación de servicio que, hasta el momento, prestaba Movistar. El contrato, que se dotó con 50 millones de euros y se financió con fondos europeos, fue a parar a la UTE formada por Vodafone Securitas. La migración de información de una empresa a otra provocó la pérdida de datos de quebrantamientos de órdenes de alejamiento por parte de presuntos maltratadores. Ello se tradujo en "una gran cantidad" de absoluciones de archivos de causas, tal y como alertó la Fiscalía General del Estado en su última memoria anual.

Doble fallo en Igualdad

Los togados consultados por este medio precisaron que, en aquellos casos en los que el procedimiento se sustanciaba únicamente en el quebramiento de la orden de alejamiento no se podía hacer otra cosa que no fuera archivar porque se había perdido la prueba esencial que mantenía vivo el caso. Con todo, el segundo problema también derivado de la gestión de Montero fue peor. En paralelo al cambio de empresa gestora del servicio, el Gobierno rescindió el contrato con la empresa israelí que suministraba los aparatos y decidió que se adquirieran directamente desde Moncloa.

Frente a la calidad de los anteriores dispositivos, las nuevas pulseras (que se venden en la web del gigante chino Aliexpress) presentaban deficiencias de base que se tradujeron en falsas alarmas y hasta en errores clave de geolocalización. Tanto jueces como Policía Nacional y Fiscalía advirtieron rápidamente del asunto, toda vez que estos fallos se tradujeron en una sensación de indefensión y de inseguridad de las víctimas que se pretende evitar a toda costa.

Los jueces consultados por este medio confirman que cada vez son más las víctimas que prefieren no hacer uso de este sistema y que ellos, en algunos de los casos, también prescinden de las pulseras porque las incidencias, además, generan muchísimo más trabajo en su labor cotidiana. En cualquier caso, recuerdan que el sistema funciona, que las pulseras es un mecanismo más pero no el único y que ante la mínima duda ahora se opta por acordar medidas más restrictivas para el investigado, como puede ser la prisión provisional.