Del «Lehendakari» a «plantar batalla» al Código Penal

Madrid- El próximo vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PNV, Enrique Lucas Murillo de la Cueva, ejerció cargos de responsabilidad en distintos gobiernos del País Vasco cuando gobernaba el ese partido, antes de que Patxi López accediese a la lendakaritza. En concreto, fue director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento del Gobierno vasco (1985-1998), secretario general del Régimen Jurídico del Ejecutivo autonómico, entre los años 1999 y 2005, así como presidente de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi en ese mismo período.

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Derecho Constitucional, sus publicaciones denotan su claro interés por todo lo que se refiere a la figura del lendakari y a las cuestiones relevantes de ámbito autonómico.

Así, en 1990 publica su obra «El lehendakari», editada por el Instituto Vasco de Administración Pública, y sólo un año después le dedica otro libro: «El lehendakari: análisis orgánico-funcional». En 1990 publicó también el artículo «La figura del lehendakari desde la perspectiva de diez años de autogobierno».

Relacionado también con el País Vasco, en 2005 publicó un artículo en la «Revista Vasca de Administración Pública» titulado «Las garantías del autogobierno». Años antes, en 1989, en esa misma revista publicó el artículo «Aproximación al estudio de la obra legislativa del País Vasco».

Su interés por el ámbito autonómico y sus competencias le llevaron a publicar obras como «comunidades autónomas y política europea» o artículos como «Los gobiernos de las comunidades autónomas», «El Poder Judicial en Andalucía y las competencias autonómicas en materia de Justicia».

Por su parte, María Concepción Sáez, quien accederá al Consejo a propuesta de IU, se ha mostrado más que crítica con el proyecto de Código Penal impulsado por el Gobierno, a instancias del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Secretaria judicial destinada en un juzgado de lo Penal de Madrid, pertenece a la plataforma «Otro Derecho Penal es posible», en la que se agrupan juristas de clara tendencia «progresista». En una conferencia pronunciada el pasado marzo en el Colegio de Abogados de Baleares, animó a la abogacía y al resto de operadores jurídicos a librar una batalla y alzar la voz contra lo que entonces era anteproyecto del Código Penal, por considerar que muchas medidas se proponen y, especialmente la prisión permanente revisable y la custodia de seguridad, «son muy regresivas».

Las profundas modificaciones que propugna el prelegislador son, señaló en ese acto, muy preocupantes, dado que, tanto cuantitativa como cualitativamente, «suponen un paso atrás de enormes dimensiones y de graves consecuencias».

Así, la futura vocal del Consejo a iniciativa de Izquierda Unidad, consideró que, lejos del objetivo rehabilitador y del principio de intervención mínima que deben prevalecer en el Derecho Penal, la propuesta de reforma «entroniza la pena de prisión, a la que convierte en eje del sistema penal, incrementa la carga punitiva e incluye algunas medidas que pueden comprometer seriamente la justicia penal en términos de derechos humanos».