La demora del TC en blindar la amnistía harta a Puigdemont

Puigdemont vuelve a tensar la cuerda y Moncloa contiene la respiración. No es la primera vez que el líder independentista amaga con dejar en la estacada a Pedro Sánchez a cuenta de promesas que considera incumplidas. Pero en esta ocasión, como aseguran fuentes próximas al expresident, no está dispuesto a esperar más porque «llega un momento en que la paciencia deja de ser una virtud».

Y es que la lista de agravios de Puigdemont no solo incluye deudas pendientes de carácter político –como la oficialidad del catalán en la Unión Europea o el traspaso de las competencias de inmigración– sino, también, otras que se sitúan extramuros de la contienda política. Por encima de todas ellas, la efectiva aplicación de la Ley de Amnistía, que, según apuntan esas mismas fuentes, desde el PSOE se les trasladó que sería realidad solo «unos meses después» de su entrada en vigor.

Y ahí el foco del líder de Junts se sitúa sobre los destinatarios de la medida de gracia que todavía no se han beneficiado de la amnistía –los síndicos del 1-O, por ejemplo– y, sobre todo, en torno al Tribunal Constitucional (TC), que tiene pendiente de resolver los recursos de amparo que presentaron los condenados por el «procés», entre ellos Oriol Junqueras (que sigue inhabilitado hasta 2031 para ser candidato) y los huidos, con el propio Carles Puigdemont a la cabeza.

Todos ellos están a la espera de que la corte de garantías que preside Cándido Conde-Pumpido se pronuncie sobre la negativa del Tribunal Supremo a amnistiarles el delito de malversación por el que están condenados o procesados. Una decisión que no se espera hasta cerca de primavera, lo que parece haber colmado la paciencia del expresident.

Críticas a la Fiscalía

Antes, previsiblemente en diciembre, el TC tendrá ocasión de pronunciarse sobre otra petición del político independentista: la suspensión cautelar de la orden de detención que mantiene en vigor el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena y que le impide regresar a España si no quiere ser detenido.

Pero Puigdemont no parece albergar demasiadas esperanzas a este respecto. Se esperaba con expectación cuál sería la posición de la Fiscalía al respecto y sus alegaciones han caído como un jarro de agua fría. El Ministerio Público no solo se opone a que se suspenda su orden de detención, sino que, además, replica al expresident que el daño irreparable que esgrime, la amenaza de esa orden de prisión, no es real, sino meramente hipotético, y que, en todo caso, esa situación la ha provocado él mismo al eludir ponerse a disposición de la Justicia española.

Ese informe de la Fiscalía, se quejan fuentes próximas al líder de Junts, «refleja que no hay un compromiso en que se aplique la amnistía». «Han estado esperando. No es casual», apostillan.

En su entorno están convencidos de que el Tribunal Constitucional «ha estado jugando con los plazos, como el PSOE». Y cuestionan que se afirme que la tramitación de los amparos se ha demorado por sus recusaciones de tres magistrados conservadores (finalmente inadmitidas), que debían resolverse antes de entrar en el fondo del asunto, cuando «con anterioridad ya se habían planteado cinco escritos de recusaciones». Incluidos los del propio Oriol Junqueras y el de la Abogacía del Estado (que pretendía apartar a José María Macías por haber firmado un informe en contra de la amnistía cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial).

Reclama el "cumplimiento efectivo" de la ley

El Tribunal Constitucional, se quejan, «debería haber garantizado el cumplimiento efectivo de la ley mucho antes». Sobre todo, recalcan esas mismas fuentes, una vez que el tribunal avaló la Ley de Amnistía el pasado junio.

Sin esos recursos de amparo resueltos, protestan, la medida de gracia sigue negándose a Puigdemont y al resto de recurrentes. Y el expresident sigue sin poder volver a España, una situación que no parece que se vaya a desbloquear a final de año con la decisión del TC sobre su suspensión cautelar de su orden de detención. «Sería absolutamente inesperado suspender la orden de prisión», apuntan fuentes del TC (que coinciden con los argumentos en contra del fiscal), «porque supondría la concesión de hecho del amparo».

Asumiendo ya el revés en su petición de cautelares, y hastiado de esperar la respuesta a los amparos (el plazo medio de resolución ronda el año y el primero de ellos, el que planteó Jordi Turull, se formalizó en octubre de 2024, aunque Puigdemont no lo hizo hasta el pasado julio), el expresident mira ahora hacia Europa.

Mira a Europa

Por un lado, espera que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) resuelva las demandas de los condenados por el «procés» a principios de 2026 y que la decisión de Estrasburgo suponga un varapalo a la Justicia española. Y, por otro, confía en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) descarte, como tarde en febrero del próximo año (en noviembre hará públicas sus conclusiones el abogado general de la UE), que la Ley de Amnistía vulnera el Derecho comunitario.

Dos pronunciamientos que, aventuran en el entorno del expresident, dejarían en papel mojado la actuación del TC y precipitarían la aplicación efectiva de la Ley de Amnistía. «El momento de romper es ahora; cuando hablen Estrasburgo y el TJUE ¿qué puede ofrecer Pedro Sánchez?», se preguntan de forma retórica.

Pero si el escenario no es ese, y Europa le da la espalda, las fuentes consultadas cuestionan que se concedan los amparos porque no creen «que la mayoría del tribunal tenga vocación de mártir y, pese a todo, estimase los recursos».