Los dos fiscales investigados por la denuncia del novio de Ayuso declaran que García Ortiz ordenó difundir la nota

Los dos fiscales investigados por revelación de secretos tras la denuncia de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, han corroborado -según fuentes jurídicas- que fue el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien dio la orden de publicar el comunicado detallando las conversaciones con la defensa del empresario para llegar a un acuerdo de conformidad a cambio de reconocer el fraude fiscal de 350.000 euros que se le imputa. Una nota cuya responsabilidad última ya asumió García Ortiz por escrito ante el instructor, instándole a dejar la investigación en manos del Tribunal Supremo (TS) por su condición de aforado.

En su comparecencia ante el juez en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid Francisco José Goyena, tanto la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, como el fiscal de delitos económicos Julián Salto han asegurado que se limitaron a cumplir órdenes al difundir el comunicado de la Fiscalía que detallaba las negociaciones con la defensa de González Amador, que se querelló contra ellos por este motivo.

El pasado día 13, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ratificó al juez Goyena que fue el fiscal general quien dio la orden de que se publicara ese comunicado, y aportó incluso un wasap para corroborar esa afirmación. Según explicó, ella trasladó a García Ortiz que coincidía con él en que era necesario desmentir las informaciones que apuntaban que García Ortiz había ordenado que la Fiscalía no pactara con la defensa de González Amador, pero que discrepaba en que se hiciera publicando un comunicado que desvelase las conversaciones reservadas con el abogado del empresario. Según las fuentes consultadas, el fiscal general le habría replicado que "estaba consensuada" con la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y que la nota tenía que "salir ya", por lo que finalmente se terminó difundiendo.

Ambos fiscales están investigados en esta causa a raíz de las querellas presentadas por González Amador y por el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha asegurado en relación a este asunto que «el secreto profesional es una piedra angular del ejercicio de la abogacía» por lo que recordó que «la revelación indebida de información confidencial no solo pone en riesgo la confianza entre el abogado y su cliente, sino que también socava el derecho a la defensa». Y justificó la denuncia del Colegio de la Abogacía de Madrid en su propósito de «asegurar que el ejercicio de la abogacía se realice en un marco de respeto a los derechos que rigen nuestra profesión y nuestro Estado de derecho» y no permitir «que ninguna violación a estos principios quede impune».

«Respetamos y confiamos en el sistema judicial español», recalcó Ribón, que reiteró que la personación del ICAM en la causa como acusación popular demuestra su empeño en que «las infracciones a la confidencialidad» no sean toleradas.

García Ortiz asumió -contestando un requerimiento del instructor al Ministerio Público- que fue él quien dio "instrucciones expresas y directas" para que se publicara el polémico comunicado, que según dijo "no se hubiera distribuido entre los medios de comunicación sin mi previa autorización y sin mis instrucciones expresas y directas", por lo que asumía ser "el máximo responsable (en rango) que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir" esa nota.

Pero el fiscal general defendió que actuó correctamente y que el comunicado era ajustada a derecho porque su objetivo era "desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios, así como a proporcionar información objetiva e imparcial tras la sucesión de publicaciones dispares y la difusión pública de correos electrónicos que afectaban a la honorabilidad y profesionalidad del Ministerio Fiscal". Según expuso, su contenido no reveló datos desconocidos pues diversos medios ya habían publicado el intercambio de correos electrónicos entre el fiscal y el abogado del novio de Ayuso. De hecho, instaba al juez Goyena a investigar al entorno del empresario, a quien atribuye la filtración de esos correos, y no a los dos fiscales de Madrid.