Acusaciones y defensas discrepan en sus valoraciones del juicio al fiscal general del Estado tras una semana de vista oral (que está previsto que concluya este jueves). Mientras fuentes de la defensa de Álvaro García Ortiz sostienen que sigue sin haber «ninguna prueba» contra él, las acusaciones consultadas por LA RAZÓN se muestran optimistas y creen que los testimonios que se han escuchado en la sala acreditan los indicios que le llevaron al banquillo por la supuesta filtración de datos reservados del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. «Si ahora tuviera que apostar todos mis ahorros a una apuesta, sería a que lo condenan», apuntan fuentes de una acusación.

Muy al contrario, fuentes de la defensa de García Ortiz discrepan en absoluto de estas valoraciones. «Es un juicio en el que hasta el momento no hay ni una sola prueba de cargo», apuntan antes de recalcar que se está acreditando en la sala que «hay una explicación para todo» el comportamiento del fiscal general, que las acusaciones consideran delictivo.

Según estas mismas fuentes, «aunque no hubiera habido testimonio de periodistas, incluido el de Esteban Urreiztieta, no hay ninguna prueba» contra él.

La "animadversión" de Lastra

Y en cuanto al testimonio de Almudena Lastra, «que algunos consideran de cargo», ponen de relieve, «solo constata su animadversión hacia el fiscal general del Estado» (que en caso de apreciarla así el tribunal le llevaría a no tomar en consideración su testimonio para dictar su sentencia). «Pero prueba, ninguna», reiteran.

Las acusaciones populares consideran que los testimonios de los testigos que han comparecido hasta ahora ante el tribunal refuerzan los indicios contra el fiscal general del Estado, a quien siguen señalando como autor de la filtración de la confesión de Alberto González Amador la noche del 13 de marzo del pasado año. Pasado el ecuador de la vista oral, no se plantean modificar sus conclusiones provisionales, que contemplan penas de cuatro a seis años de prisión y hasta doce de inhabilitación.

Fernando García Capelo, abogado deFundación Foro Libertad y Alternativa, asegura que el juicio ha transcurrido hasta ahora «más o menos como esperábamos» y se muestra «bastante satisfecho» con cómo se ha desarrollado pues considera que «en términos generales ha sido una semana positiva para las acusaciones». Y es que el letrado sostiene que «se ha acreditado la intervención injustificada, y con una urgencia inusitada, del fiscal general para conseguir unos mails que luego se filtran».

El abogado de la acusación popular –que agrupa además a Vox y Hazte Oír– señala además «otros de los indicios que apuntan a la responsabilidad del fiscal general»: que apremiase al fiscal Julián Salto a enviarle los correos a través de la fiscal jefe provincial Pilar Rodríguez, «tras decirle Almudena Lastra (fiscal superior de Madrid) que no era urgente» y que «él mismo participase con premura en la redacción de la nota de la Fiscalía y se pusiese a redactarla» (junto a su jefa de prensa). Un comportamiento que ve «inexplicable si no hay una coordinación que responde a una maniobra política».

"Refuerza los indicios"

En esa misma línea, el abogado de Manos Limpias, Víctor Soriano, expone que «estamos en una situación muy parecida a cómo cerramos la instrucción». Y destaca, tras escuchar los “muy interesantes” testimonios del exlíder del PSOE de Madrid Juan Lobato, de la que fuera asesor de Moncloa Pilar Sánchez Acera y de la propia Almudena Lastra, entre otros, que “tenemos un conjunto de indicios claros frente a los cuales no hay ningún testimonio que los desmonte”.

Soriano cree que la declaración de los dos periodistas que afirmaron que tuvieron acceso al correo antes de que se produjera la filtración que se imputa al fiscal general “no resulta verosímil”. “No es creíble que un periodista tenga una noticia tan relevante y se la calle durante días”, subraya. Y en todo caso, hace hincapié, “no sirve para descartar que la filtración no procediese del fiscal general”. “Al contrario”, añade, “refuerza los indicios que ya tenemos”.

Para el letrado de Manos Limpias, la defensa de García Ortiz -que ejerce formalmente la Abogacía del Estado, pero en la que también se emplea a fondo la Fiscalía, que pide su absolución- “la defensa está únicamente centrada en intentar probar que el correo lo conocían más personas que el fiscal general con anterioridad a él”. Y matiza al respecto que “aunque Precedo (el periodista de Eldiario.es que afirmó ante el tribunal que tenía en su mano el controvertido email desde el 6 de marzo) lo tuviera una semana antes, eso no se reveló”. Pero el hecho clave, sostiene, es que tras la publicación de su contenido por la cadena Ser, “el correo le llega a Pilar Sánchez Acera, que es quien lo distribuye”.

Testimonios "absolutamente inverosímiles"

Su compañero de Foro Libertad y Alternativa coincide en que “los contraindicios tienen muy poca credibilidad” y en relación a las declaraciones de los dos periodistas que defienden que conocían con anterioridad el contenido del correo por cuya filtración están siendo juzgado García Ortiz, las califica de “absolutamente inverosímiles” puesto que según García Capelo “adolecen de una falta de credibilidad”.

En todo caso, añade al respecto, “aunque hubieran tenido acceso al correo, la jurisprudencia se aplica cuando se dispone del mismo para su publicación, pero no cuando no están autorizados a publicarlos”. “Ni siquiera en ese caso hipotético este hecho desmontaría los indicios, frente al cúmulo de evidencias que hay y que se ve van a poner de manifiesto con los informes de la UCO”.

Por lo visto y escuchado hasta ahora en la sala, la acusación popular no tiene “ninguna intención” de modificar sus conclusiones (Foro Libertad y Alternativa pide una condena de cuatro años de prisión por revelación de secretos). García Capelo cuestiona el planteamiento de la Abogacía del Estado al quejarse de que la intervención del móvil del fiscal general buscase afianzar su culpabilidad. “Es una actuación objetiva que solo es incriminatoria si eres culpable”, mantiene, por lo que piensa que “esa queja supone casi una autoinculpación”.

"Muy débil prueba de descargo"

También el letrado de Manos Limpias considera “muy débil la prueba de descargo”. Algo que Soriano cree que “podía haber cambiado” si los periodistas que testificaron “hubiesen sido más elocuentes” o si Sánchez Acera “hubiese explicase lo que sucedió esa mañana” del 14 de marzo, cuando la entonces asesora de Moncloa instigó a Juan Lobato a utilizar en la Asamblea contra Ayuso el correo de la confesión de González Amador, del que le remitió un “pantallazo”.

“Si en instrucción fue poco creíble, en juicio no lo ha podido ser menos. Vino a la defensiva. Nadie puede pensar que fuera cierto lo que contó. Su credibilidad esta del todo en entredicho, por lo que ese testimonio no tiene valor”, afirma.

Para el letrado de la acusación popular, Sánchez Acera “no fue capaz de explicar por qué un periodista le mandaría esa información a ella en lugar de hacerla pública. No tiene ningún sentido”. En su opinión, este hecho “solo se explica de una manera: ella recibió el correo de alguien que no puede identificar porque estaría revelando el delito”.

Las denuncias de supuestas vulneraciones de derechos fundamentales de García Ortiz por parte del Supremo -que su defensa expuso de forma prolija en el trámite de cuestiones previas- tampoco han convencido a las acusaciones. “Es evidente que no ha habido ninguna vulneración de derechos fundamentales ni se le ha generado ninguna indefensión porque el secreto de las actuaciones se prolongara ocho días en una instrucción que se ha durado meses”, apunta García Capelo. A este respecto, destaca además que la defensa de García Ortiz y la propia Fiscalía “han dejado sin recurrir varias resoluciones” a lo largo de la instrucción. “Todo lo que dicen respecto a diligencias que el instructor no ha admitido es sorprendente”, recalca. “A Foro no nos ha admitido un montón de diligencias...”.

"Están preparando el recurso de amparo"

En cuanto a esas denuncias de la defensa sobre supuestas vulneraciones de derechos fundamentales, el letrado de Manos Limpias cree que la defensa “da por perdido” el juicio “y lo fía todo al Tribunal Constitucional”. “La sensación que me da es que están preparando más el recurso de amparo”, añade. “La defensa está más preocupada por justificarse mediáticamente”, valoran fuentes de otra de las acusaciones populares.

El abogado de Foro Libertad y Alternativa avala la actuación del presidente del tribunal, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, que en su opinión “está siendo muy garantista, incluso muy permisivo con las defensas ante la reiteración de sus preguntas, pero me parece bien”. “Es la élite de la judicatura”, apostilla.

En esa misma línea, Soriano entiende que el tribunal “se está comportando muy ecuánimemente”, “garantizando el derecho de defensa al permitir que la defensa esté reiterando preguntas y que formule algunas que no tienen relación con el procedimiento”.

Fuentes de otras acusaciones abundan en la percepción desde los estrados de que, tras una semana de juicio, la Abogacía del Estado y la Fiscalía “están peor” que antes del comienzo de la vista oral. “Todo sigue igual que en instrucción. El testimonio de los periodistas no es verosímil”, reiteran en la línea de sus compañeros. “Si la jefa de prensa de la Fiscalía tiene la dación de cuentas el 7 de marzo es imposible que un periodista tuviera el correo el día 6”, señalan.

"Apuesta" a una condena

Estas mismas fuentes llaman la atención sobre el hecho de que el testimonio de Mar Hedo, según el cual García Ortiz supo el 12 de octubre del pasado año (cuatro días antes de que el Supremo lo hiciera público) que iba a ser investigado por revelación de secretos, “supone atribuir una filtración a la Sala de Admisión del Supremo”, algo que según apuntan no ha sentado nada bien en el seno del tribunal. “No se dan cuenta de que como magistrados del Tribunal Supremo te confirman una prisión permanente revisable o 20 años de prisión y se van a dormir tan tranquilamente. Están acostumbrados”, apuntan.

Y respecto a las declaraciones de Sánchez Acera y de los periodistas, pone de relieve que “casualmente todos los que pueden exculpar al fiscal general o se acogen al secreto profesional o han borrado el móvil” (como hizo la exasesora de Moncloa).

“Si ahora tuviera que meter todos mis ahorros a una apuesta, sería a que le condenan”, enfatizan convencidos de que la próxima semana, cuando declaren los agentes que elaboraron los informes clave que llevaron a García Ortiz al banquillo, los indicios contra él se “reforzarán”. “El ambiente que hay entre las acusaciones es de muchísimo optimismo”, destacan.