La defensa de García Ortiz asegura que actuó para desmentir "una confabulación" del Gobierno y la Fiscalía contra el novio de Ayuso

La Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de Álvaro García Ortiz en el juicio por haber filtrado supuestamente datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, ha defendido en la primera jornada del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo (TS) que el fiscal general recabó los mensajes entre el fiscal del caso y la defensa de Alberto González Amador para desmentir que existiese una "confabulación pública" entre el Gobierno, Hacienda y la Fiscalía contra el empresario.

Ese "frenético intercambio de comunicaciones" (en palabras del instructor, el magistrado Ángel Hurtado) para desmentir que el ofrecimiento de pacto a González Amador partiese de la Fiscalía y que se había frenado por parte de la Fiscalía General por tratarse de la pareja de la líder del PP en Madrid -ha defendido la abogada del Estado, Consuelo Castro- estuvo motivado por los tuits difundidos en la citada red social, ahora X, por el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez (que declara mañana como testigo), que según ha puesto de relieve intentaban poner de manifiesto esa supuesta confabulación.

Castro ha hecho hincapié en que existió una "actuación conjunta" entre la Comunidad de Madrid, el diario "El Mundo" (que publicó el 13 de marzo del pasado año la noticia de que la Fiscalía habría ofrecido un pacto a la pareja de Ayuso) y "algunos medios afines" para "perjudicar al fiscal general".

Defiende que el registro de su despacho es nulo

La defensa de García Ortiz ha solicitado además al tribunal que preside el magistrado Andrés Martínez Arrieta que incorpore al procedimiento un informe pericial sobre el borrado del móvil por parte del fiscal general que concluye que "es imposible saber qué mensajes se borraron" el 16 de octubre de 2024, el mismo día en que el Supremo acordó abrir una causa penal contra él por estos hechos. Por lo que, ha puesto de manifiesto, esa eliminación de mensajes de su móvil "puede no tener nada que ver con esta causa".

La abogada del Estado ha denunciado la supuesta vulneración de varios derechos fundamentales del máximo representante del Ministerio Público, como la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones y el derecho a un juez imparcial.

Según ha expuesto en su intervención inicial, tanto la declaración del secreto de las actuaciones como el auto de entrada y registro en el despacho del fiscal general son nulos de pleno derecho. El primero, "por falta absoluta de motivación" y al obviar las causas de excepcionalidad necesarias, lo que según su opinión le causó "indefensión".

Incautación excesiva e injustificada. En cuanto a la orden de registro para que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), entiende que "vulneró gravemente" los derechos a la intimidad a la vida personal y familiar del fiscal general y al secreto de las comunicaciones.

Hurtado dio "vía libre" a la UCO

"Podemos saber todo de una persona entrando en sus dispositivos electrónicos", ha resaltado, por lo que salvo autorización de su titular, es necesario que la decisión judicial que autoriza la medida debe incluir una "justificación específica ponderando el riesgo de afectación al derecho a la intimidad". Sin embargo, se ha quejado, Hurtado "dio vía libre para copiar toda la información" de los dispositivos electrónicos del fiscal general, dado que autorizó a la UCO a clonar toda la información de sus dispositivos "sin ningún filtro" para evitar copias del "material íntimo o reservado" del investigado. Algo que supuso, ha asegurado, una "vulneración frontal y grave" del artículo 18 de la Constitución, por lo que pide que se elimine de la causa toda esa información, así como los informes de la Guardia Civil que analizan esos mensajes.

La abogada del Estado ha denunciado que García Ortiz "ha sido sometido a un proceso injusto en su conjunto", con "constantes y patentes vulneraciones de su derecho a la tutela judicial efectiva" que le han impedido defenderse, pues según ha señalado la investigación comenzó con "la idea preconcebida de que el fiscal general era culpable" y buscando las pruebas para apuntalar esa conclusión mediante una "instrucción prejuiciosa y sesgada" de naturaleza "inquisitiva y "claramente prospectiva". Se trataba, ha dicho, de intentar demostrar que su actuación formó parte de una operación de carácter "político" de la que en su opinión no hay ni rastro.

Los datos que recabó García Ortiz sobre ese cruce de correos del fiscal del caso, Julián Salto, y el abogado de González Amador, forman parte -ha subrayado- del "mecanismo estatutario con el que los fiscales dan cuenta a sus superiores de asuntos de especial relevancia". "Nunca hemos sabidos de qué acusaciones había de defenderse", ha añadido.

La Fiscalía, de la mano de la defensa

Por su parte, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde -que alineada con los argumentos de la defensa pide la absolución de su superior-, ha denunciado igualmente en su intervención que se vulneraron los derechos fundamentales del fiscal general durante la instrucción. En un papel más propio de la defensa, la "número dos" del Ministerio Público ha criticado la "injerencia" en las comunicaciones de García Ortiz por la "aberrante" duración del registro, "Y todo esto por la filtración de un correo entre un abogado y un fiscal", ha subrayado. "Era nulo de toda nulidad", ha sostenido reproduciendo las quejas de la defensa de la abogada del Estado.

En su crítica a la labor del instructor -que ha sido avalado por la Sala de Apelación del Supremo-, Sánchez Conde ha puesto de relieve que él mismo "ha reconocido que su magnífica instrucción" ha concluido "no ha arrojado ninguna prueba", por lo que los únicos indicios que va a poder valorar el tribunal son "los que ya valoró la Sala de Admisión" del alto trbunal en octubre del pasado año, cuando acordó investigar los hechos que ahora le sientan en el banquillo.