Edmundo Bal: "Sí, hubo violencia, señor Sánchez"

Sí, hubo violencia. La vieron todos los españoles en el cerco a la Consejería de Economía de la Generalidad el 20 de septiembre de 2017, en los cortes de carreteras y asaltos de estaciones de tren por parte de los comandos separatistas o en los ataques a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la jornada negra del 1-O.

Sí, hubo violencia: la vieron todos los españoles y así está recogido en la sentencia al Procés del Tribunal Supremo. Por ejemplo, en la página 266, donde queda establecido que «la existencia de hechos violentos a lo largo del proceso de secesión ha quedado suficientemente acreditada» y se constatan «movilizaciones multitudinarias, acaecidas principalmente el día 20 de septiembre de 2017, puestas al servicio de la finalidad suscrita por los acusados».

Una página después, en la 267, el propio tribunal señala «la constatación de indiscutibles episodios de violencia», dando por buena la versión que siempre defendí como abogado del Estado jefe de Penal y por la que el Gobierno de Pedro Sánchez me destituyó de mi cargo: que en el otoño de 2017 hubo episodios de violencia en Cataluña, habiendo un concierto de voluntades entre los acusados para servirse de estos tumultos de cara a sus fines personales y políticos.

También queda probado en estas páginas que el Govern de Puigdemont y Junqueras hizo caso omiso a las advertencias sobre la violencia que le hicieron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. O cuando se afirma que se vieron en los vídeos y por los testimonios a ciudadanos organizados para impedir que los agentes cumplieran con el mandato judicial, en casos a través de la resistencia activa (y no meramente pasiva o pacífica, como alegaban las defensas).

Otra cuestión es la argumentación por la que el Supremo finalmente ha decidido quedarse en la sedición y no escalar a la rebelión. Para ello, el tribunal se basa en su sentencia en el arco de acusación establecido por la Fiscalía y que comienza en 2012 para culminar en el otoño de 2017. En palabras llanas, hubo violencia, sí, al contrario de lo que reflejó el escrito de la Abogacía del Estado condicionado por Sánchez, pero ésta no fue suficiente a juicio del Tribunal para fundar el delito de rebelión, porque no fue planificada como medio para alcanzar la independencia, sino que sucedió sobre la marcha. El Supremo añade, así mismo, que la verdadera intención de los autores no era declarar la independencia, sino forzar al Estado a una negociación sobre un referéndum pactado (de ahí, a su entender, que la declaración se hiciera y se suspendiera inmediatamente).

Hubo violencia, por tanto, hubo concierto de voluntades y el Tribunal Supremo observa un delito de sedición que puede incluir los fines de la rebelión. Precisamente éste fue el contenido del tercer borrador de escrito que yo mismo redacté, donde preveía incluso que la malversación y la sedición se encontraran en concurso medial. Un escrito donde, a falta de mayor concreción, como en todo borrador, se intuían penas de 16 años para Junqueras, muy cercanas a las que finalmente se han impuesto. Pero quisieron que mintiera respecto a los hechos violentos que ahora el Tribunal Supremo estima contundentemente probados y me cesaron. Hay compañeros que pueden corroborar lo que digo, porque vieron ese escrito. Si me hubieran dejado mantener ese escrito y llevar el juicio hoy el éxito sería rotundo y el Gobierno no habría ocultado la verdad de los hechos a los ciudadanos. Allá cada cual con su conciencia; sólo lamento que lo que es historia de España se haya intentado sembrar de mentiras y medias verdades por los intereses espurios de Pedro Sánchez, sus socios y su Ejecutivo. En lo que a mí respecta, yo seguiré sirviendo a mi país desde el proyecto de Ciudadanos y eso es lo que cuenta, al menos en mi caso: mirar para adelante.

Desde Ciudadanos, como no puede ser de otra forma, respetamos y acatamos la sentencia y consideramos que se ha hecho justicia. Desde el primer minuto, lo que Albert Rivera propuso es que se hiciera justicia, sin buscar venganza, pero tampoco impunidad. Si el próximo 10-N el señor Rivera es elegido presidente, respetaremos escrupulosamente la sentencia, sin tratar de enmendarle la plana al Tribunal Supremo con un indulto. Lo que toca ahora es exigir a Sánchez que despeje de una vez por todas la incógnita de si piensa conceder el indulto a los condenados y estar muy vigilantes para que ninguno de ellos reciba privilegios. España no entendería que los condenados estuvieran en la calle en las próximas semanas.

Yo mismo le he preguntado al Gobierno en sede parlamentaria y al menos tres veces sobre este particular, he pedido que me digan «sí o no» y la respuesta ha sido «no hay respuesta hasta que no haya sentencia». Bien: ya la hay y seguimos esperando, porque su silencio hace demasiado ruido.

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