El fraude de los cursos de formación a parados podría alcanzar los 3.000 millones

La Policía impulsa una nueva fase de la «operación Edu» con 90 nuevas órdenes de detención .

Estudios para aprender a poner la redecilla a las señoras después de colocarles los rulos en el pelo. Aunque parezca una broma éste era uno de los «cursos» que ha descubierto la Policía en las investigaciones que realiza sobre el fraude en Andalucía de los cursos de formación, muchos de los cuales, pese a recibir las subvenciones, ni se realizaban ya que eran solicitadas por empresas creadas ad hoc, que desaparecían una vez recibido el dinero.

Lo más llamativo es que los «alumnos» que se seleccionaban para dicho curso eran discapacitados, que de alguna manera se han visto envueltos, por supuesto, contra su voluntad en este turbio asunto.

Fuentes de la investigación consultadas por LA RAZÓN han señalado que, conforme avanzan las pesquisas, a las que ayer se dio un importante impulso con el inicio de la «operación Edu-Costa», se topan con hechos tan escandalosos como el relatado, a la par que aumenta la cifra estimada de lo que podría haber sido defraudado, que se estimó en 2.000 millones, pero que podría ascender a mil más.

Las pesquisas las realiza la Comisaría General de Policía Judicial (CGPJ) del Cuerpo Nacional de Policía, a través de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

A lo largo del día de ayer comenzó a desarrollarse el citado operativo, en Málaga, Cádiz y Almería, en la que están previstas unas 90 detenciones de carácter policial, de las que al cierre de esta edición se habían practicado unas 16. Los arrestados, tras su comparecencia, son puestos en libertad con la condición de imputados.

Aunque ya se han realizado algunas actuaciones en el pasado, sobre todo a raíz de denuncias concretas –como la que llevó a la juez Mercedes Alaya a imputar a los exconsejeros andaluces Ángel Ojeda y Antonio Fernández–, la de ayer es, en realidad, la primera fase de la operación, que se interrumpirá en las próximas semanas para no incidir en el proceso electoral que se va a desarrollar en Andalucía. Se retomará después y abarcará a toda la Comunidad Autónoma, con una cifra total de detenciones que se puede aproximar a las 400, según las citadas fuentes.

Hasta el momento, se han realizado unas 4.500 tomas de declaración a alumnos (supuestos o no), profesores (lo mismo), empresarios y a algunos políticos relacionados con el fraude de los cursos de formación. En cada declaración se obtienen datos que permiten avanzar en las pesquisas y abrir nuevas líneas para poder implicar a otras personas en la trama.

La UDEF se ha marcado un sistema de trabajo que consiste en empezar por la base de la «pirámide», con la toma de declaración y, en su caso imputación a alumnos, profesores y empresarios, con el fin de ascender poco a poco, hasta llegar, si procede, a los que desde arriba consintieron esta gigantesca trama fraudulenta.

Además, los investigadores se ven apoyados ahora por el reconocimiento que la Hacienda Pública andaluza ha realizado en el sentido de que se han podido producir irregularidades, fraudes en una palabra, en los fondos para los cursos de formación.

De la magnitud que puede alcanzar este asunto en toda Andalucía da idea que la «operación Edu-Costa» está basada en, al menos, 19 expedientes instruidos por la UDEF, con un posible volumen de estafa de 400 millones de euros. «Estamos en el inicio de la investigación y ni nosotros sabemos lo que nos encontraremos cuando lleguemos al final», subrayaron las mismas fuentes.

En cada expediente van incluidas las declaraciones de alumnos, profesores, y empresarios, así como otras evidencias, que implican a determinadas personas o entidades en el supuesto fraude, con el fin de que la autoridad judicial tenga, en su día, los datos concretos por los que cada individuo ha sido detenido por la Policía. Uno de los casos que se ha detectado, junto con el de falsos alumnos que prestaban su nombre para que se pudieran solicitar las subvenciones, es el de «profesores» que, una vez recibido el dinero por la empresa que presuntamente les había contratado, cobraban el 50 por 100 de lo estipulado y desaparecían por el mismo camino por el que habían llegado. Las irregularidades detectadas podrían ser constitutivas de delitos de falsedad, estafa y fraude de subvenciones al estar relacionadas con el control y la concesión de las ayudas. La UDEF había detectado la falta de capacitación de algunas de las empresas a las que se le concedieron los fondos y también un supuesto incumplimiento en la contratación del sesenta por ciento de alumnos o posibles irregularidades en los partes de asistencia. Los agentes también determinaron que pudo haber falta de control a la hora de conceder los fondos y en la justificación posterior de los programas formativos. La investigación policial aprecia también casos de facturas falsas con las que empresas justificaban gastos no realizados y falsificaciones en los partes de asistencia.