Hacienda detectó un desvío de 6.150 euros para el referéndum en junio

El Gobierno toma medidas y cancelará el FLA si se vuelven a destinar partidas a la consulta.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros
El ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros

Después de que Hacienda detectara el pasado junio un desvío de 6.150 euros para el referéndum, el Gobierno toma medidas y cancelará el FLA si se vuelven a destinar partidas a la consulta.

Nuevo paso del Gobierno frente al referéndum secesionista. Esta vez la Comisión Delegada de Asuntos Económicos ha aprobado un refuerzo del sistema de control ya previsto para tener acceso al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), con el que las comunidades autónomas accedieron a financiación extraordinaria ante sus dificultades en plena crisis para acceder a los mercados, colocar su deuda y sostener la financiación de los servicios públicos. Cataluña, una de las autonomías que más dependen del FLA, estará a partir de ahora sometida a una vigilancia extraordinaria por parte del Ministerio de Hacienda con el objetivo de que no pueda desviar dinero a gastos relacionados con el referéndum ilegal del 1 de octubre. En teoría ya no era posible, pero se blindan aún más los controles.

La decisión extraordinaria se adoptó después de que el pasado martes Hacienda remitiese a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal Planella, una carta requiriéndole, en un plazo de tres días, explicaciones acerca de la partida de gastos de 6.150 euros con el epígrafe Organización, Gestión y Seguimiento de Procesos Electorales. La partida afectaba a 19.370 euros, pero luego también autorizaba gasto por un total de 25.520 euros. Esta diferencia es la que hizo saltar las alarmas de Hacienda. A la interventora general de la Generalitat se le demandaba información específica sobre esta partida y los expedientes de gastos tramitados con cargo al programa y los planeados de cara al futuro. No hubo respuesta y esto es lo que ha obligado al Gobierno a activar las medidas de control extremo sobre los Presupuestos de la Generalitat.

A partir de ahora, la Generalitat estará sometida semanalmente a un control por parte del Gobierno de sus cuentas, de tal manera que los interventores, el director general de política financiera y el director general de presupuestos, y todas las instituciones públicas dependientes de la Generalitat con capacidad de gasto, deberán certificar ante el Ministerio de Hacienda que no han abierto ningún expediente de inversión en los preparativos del referéndum. El sistema para que las comunidades puedan beneficiarse del FLA está perfectamente reglado, y fue revisado en 2015 con la previsión de hacer aún más estricto el acceso a esta financiación extraordinaria. De hecho, el Gobierno ya controla todos los gastos de las consejerías de la Generalitat. Tanto que el Gobierno catalán debe presentar un certificado mensual del interventor avalando que no hay partidas que van contra el ordenamiento jurídico. Incluso se estableció la conexión telemática para poder controlar cada una de las facturas.

La decisión de la comisión delegada entra en vigor este sábado, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del acuerdo refrendado por el Consejo de Ministros. Y Moncloa la justifica en la radicalización de la Generalitat y en las decisiones del Tribunal de Cuentas y del Constitucional. El Tribunal de Cuentas ha abierto un procedimiento contra el ex presidente de la Generalitat Artur Mas y contra dos de sus consejeros para reclamarles la factura de los 5 millones de euros gastados en la organización de la consulta del 9-N. También el TC se ha pronunciado contra el presupuesto destinado a la organización del referéndum del 1 de octubre al anular la disposición adicional de la Ley de Presupuestos catalana, que incluía una partida para financiar la consulta. El responsable directo de organizar la consulta es el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, según la remodelación realizada en el Gobierno catalán la pasada semana para prescindir de los consejeros más moderados.

El Gobierno lleva ya semanas sosteniendo, y así lo ha reiterado el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, que el dinero de los catalanes no va a ir a pagar referéndums ilegales. Es una iniciativa muy importante por lo que representa en la práctica de cercar el margen de actuación de la Generalitat, pero también porque confirma lo que desde Moncloa vienen advirtiendo, que no hace falta recurrir al 155 de la Constitución para reforzar los controles sobre la Generalitat y limitar su margen de actuación en la puesta en marcha del referéndum ilegal. El artículo 155 es el que prevé la intervención de una comunidad autónoma, íntegra o competencias parciales, en el caso de que el Gobierno de ésta actúe deslealmente y no se someta al ordenamiento jurídico. Pero desde Moncloa sostienen que hay recursos legales para conseguir llegar al mismo objetivo sin darle a la Generalitat el argumento de que pueda vender a los catalanes que se les ha retirado su autonomía. En ese sentido, el Gobierno está confiando en la Fiscalía y en el instrumento de la advertencia administrativa, es decir, en trasladar a los funcionarios el mensaje de su responsabilidad individual en el caso de que colaboren en actuaciones que desobedezcan el mandato del TC. Pero, sobre todo, la decisión de ayer solemniza en una coyuntura tan delicada como la actual la advertencia de que la Generalitat dejará de recibir financiación del FLA si desvía dinero a la consulta. Si fuera así, se adoptarán sanciones, previstas ya en la ley, aunque Moncloa no entra en anticiparse a ese escenario. Sí recuerda que Cataluña ha recibido 67.000 millones de euros de este fondo, y que prevé transferir otros 3.700 en este ejercicio. Si se llegase al escenario extremo de tener que cortar el FLA, «el responsable será Puigdemont, que será el que tendrá que dar explicaciones a los catalanes», una vez que, como recordó ayer Méndez de Vigo, no sólo el Constitucional, sino también el Consejo de Garantías Estatutarias y el letrado mayor del Parlamento catalán han advertido que el referéndum es ilegal.

Méndez de Vigo incidió en que los 3.700 millones presupuestados para este ejercicio tienen como finalidad mejorar los servicios públicos y la situación de todos los catalanes, y, por tanto, no pueden ser utilizados para sostener una consulta que está fuera del ordenamiento jurídico. «Si quieren hacer un referéndum, tendrán que ser ellos quienes lo sufraguen, no todos los catalanes», sentenció.