El Gobierno hará cambios en la Ley del Aborto tras el informe de los jueces

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, confirmó ayer que el Gobierno analizará «con muchísimo interés» los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo Fiscal sobre el anteproyecto de Ley del Aborto, y que, después de estudiarlos, anunciará las «modificaciones» que estime oportuno introducir en su reforma. Sáenz de Santamaría compareció tras la reunión del Consejo de Ministros poco después de que se conociese que el CGPJ había aprobado por la mínima un informe que propone que los supuestos de malformaciones incompatibles con la vida deben ser recogidos como una indicación propia y desligarlos del daño psicológico a la madre, como recoge el anteproyecto. El Consejo Fiscal también ha pedido expresamente al Gobierno que autorice un supuesto legal de aborto para los casos de anomalías fetales incompatibles con la vida (no para el resto de anomalías).

«Analizaremos con muchísimo interés los informes. Para eso se piden y es la manera de llevar a cabo la tramitación de estas leyes más correcta y más conveniente», explicó. Aunque se le preguntó expresamente, la «número dos» del Gobierno no entró en detallar el sentido de los cambios que el Ejecutivo introducirá en su proyecto legislativo. «Primero analizaremos los informes y después informaremos de las modificaciones que a la luz de esos informes el Gobierno acepta», puntualizó. Este periódico adelantó el pasado 30 de mayo que el Gobierno preveía tener en su poder el preceptivo informe del CGPJ en la segunda quincena de junio. Y que a partir de ahí, en dos semanas más o menos, para finales de junio o principios de julio, tenía la intención de aprobar en el Consejo de Ministros el proyecto de Ley del Aborto que irá al Congreso para que comience su tramitación parlamentaria. Ya entonces, según informó este diario, desde el Gobierno se trasladaba la sensación de que estaban dispuestos a tomar muy en cuenta las enmiendas planteadas a los puntos más polémicos, como la malformación del feto, para corregirlos o modularlos sin cambiar la esencia del proyecto, «pero de tal manera que el gesto en favor del consenso» fuera claro y contundente.

De hecho, ya entonces el Ejecutivo reconocía oficiosamente que estaba dispuesto a estudiar cómo incluir la recomendación de que se incorporase como supuesto legal de aborto la anomalía fetal incompatible con la vida, uniéndolo así a los dos ya reconocidos en el anteproyecto, la violación y el grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la madre. Esto seguiría permitiendo, como establece el proyecto del Gobierno, que en caso de malformaciones graves, pero que no llegan a ser incompatibles con la vida, sí tenga que acreditarse que proseguir con el embarazo es un grave peligro para la salud psíquica de la madre. Previsiblemente habrá más «retoques» en el texto legal en lo que afecta, por ejemplo, a los médicos que deben, acreditar el supuesto legal de aborto o sobre la objeción de conciencia.