La Guardia Civil eleva a 1,9 millones el gasto público del 1-O

El último informe remitido a Llarena señala a las consejerías de Junqueras, Romeva, Turull, Comin y Bassa.

La Guardia Civil eleva a 1,9 millones de euros el coste del referéndum independentista pagado con dinero público, lo que apuntala el procesamiento por malversación a los principales responsables del procés. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha alzado el secreto de la pieza separada en la que investiga los costes del 1-O tras las dudas del tribunal alemán que debe decidir sobre la entrega de Carles Puigdemont y horas después de pedir explicaciones al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien aseguró que no se destinó dinero de las arcas públicas para la consulta.

En el informe remitido al magistrado, el Instituto Armado desgrana los desembolsos que hizo la Generalitat para financiar el referéndum ilegal. Entre ellos, los 502.639,61 euros que gastó en publicitar el 1-O en los medios de comunicación, los 979.661,96 en que cifra los trabajos de Unipost, cinco facturas repartidas en cinco consejerías (Presidencia, Vicepresidencia, Cultura, Salud y Trabajo) que sin embargo “no se han registrado en el Registro Contable de Facturas de la Generalitat y tampoco constan como abonados los importes de las mismas”.

Sí está acreditado, no obstante, que “las notas de entrega intervenidas en Unipost fueron emitidas v registradas con el sello de salida” de cada uno de los departamento, “conociendo tanto el servicio que se estaba solicitando como el destinatario”. A esta cantidad hay que sumarle otros 651 euros por los 56.196 sobres con el membrete de la Generalitat preparados para su reparto.

Asimismo, el informe concluye que la Generalitat utilizó a Òmnium Cultural “como sociedad interpuesta” para encargar la cartelería del 1-O “para ocultar que era la propia Generalitat la que sufragaba los gastos”, valorados en 61.879 euros.

La invitación por parte de Diplocat, dependiente del entonces conseller de Exteriores Raül Romeva, de diversos observadores internacionales supuso un coste de 177.065 euros, de los que no constan si se abonaron 47.365. “Si bien se ha podido identificar a una serie de personas que actuaron como observadores internacionales, no se ha podido determinar la totalidad de los participantes, debido a la negativa por parte de Diplocat de facilitar los datos de los mismos, se queja la Guardia Civil. A eso se añaden otro 40.591,22 euros en gastos de vuelos y hoteles de esos observadores. En total, al departamento de Romeva se le imputa un gasto de 217.656,22 euros.

Los autores del informe también señalan al presidenciable Jordi Turull como responsable de la cesión del Teatro Nacional de Cataluña el 4 de julio del pasado año para la presentación del referéndum, con un coste de 17.690 euros que fue abonado por el grupo parlamentario de Junts pel Si. “Ese acto tenía como objeto difundir y atentar la participación ciudadana y sobretodo el voto del SI en ese referéndum”, constata la Guardia Civil.

Otra de las cantidades que han aflorado a lo largo de la investigación son los 40.227,87 euros que la Generalitat destinó a la adquisición de material informático a la empresa Fujitsu, aunque la cantidad definitiva por este concepto aún no se ha fijado. Del mismo modo, el informe cifra en 152.578 euros el valor del material electoral que se pretendía utilizar en el 1-O (la Guardia Civil intervino más de nueve millones de papeletas).

Por último, el Instituto Armado deja constancia de nuevas líneas de investigación todavía sin concluir, como la que indaga en los posibles pagos con fondos públicos de varios informes realizados por Carles Viver Pi i Sunyer -ex vicepresidente del Tribunal Constitucional y actual miembro del Comité para la Transición Nacional de Cataluña- “o su entorno”, relacionados con la preparación del referéndum ilegal.

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