El juez Castro permite la venta de la casa de Pedralbes

El juez Castro ha dado permiso hoy a la infanta Cristina y a Iñaki Urdangarín para vender por 6,95 millones su chalé de Barcelona a condición de que se comprometan a pagar sus fianzas con los 2,3 millones que les reportará la operación.

El juez del «caso Nóos», José Castro, ha dado permiso hoy a la infanta Cristina y a Iñaki Urdangarín para vender por 6,95 millones de euros su chalé de Barcelona con la condición de que se comprometan a pagar sus fianzas con los 2,3 millones que les reportará la operación.

El juez instructor ha aceptado las condiciones que plantearon los duques de Palma para vender su casa en la urbanización de Pedralbes, que requiere de su autorización porque la mitad de la propiedad estaba embargada por la primera fianza impuesta a Urdangarín.

Castro ha dictado un auto en el que levanta el embargo existente sobre la vivienda para que la operación pueda materializarse, siempre que los duques asuman formalmente la condición de consignar en el juzgado los 2,3 millones que obtendrán tras cancelar la hipoteca pendiente y abonar gastos de la compraventa y deudas fiscales.

Sobre los duques de Palma, que serán juzgados por diversos delitos en el «caso Nóos», pesan fianzas de responsabilidad civil de 13,6 millones de euros, en el caso de Urdangarín, y de 2,7 millones de euros para la infanta Cristina.

En su resolución, el titular del juzgado de instrucción 3 de Palma señala que la solicitud planteada por el matrimonio “es perfectamente congruente” con las previsiones legales en casos de embargo de bienes en procedimientos judiciales, con los “únicos condicionantes” de que el precio de la venta se ajuste a la situación del mercado y de que el destino del dinero no merme la eficacia de las fianzas dictadas.

Respecto a la primera cuestión, Castro señala que los casi 7 millones de euros acordados con el letrado que ha realizado la oferta representan “una significativa merma” respecto al coste original del palacete y las reformas a las que ha sido sometido, pero dada la crisis y la “urgencia por vender”, la depreciación es “lógica” y el “precio razonable”.

Sin embargo, desautoriza el reparto de los fondos obtenidos porque cree que el préstamo de 437.215 euros de ampliación del crédito para la compra de la vivienda no puede tener preferencia porque “no se encuentra tutelado con garantía hipotecaria”, mientras que los 253.705 euros de liquidaciones complementarias del ejercicio fiscal de 2009 tampoco pueden ir en detrimento de las fianzas porque no tienen relación con los presuntos delitos investigados en Nóos.

Por todo ello, Castro levanta el embargo de la mitad del chalé para que pueda llevarse a cabo la venta, que tiene como fecha límite impuesta por el comprador el 17 de marzo,pero condiciona todo a que la infanta y Urdangarín “asuman formalmente, y con carácter previo a la venta, el compromiso de ingresar en la cuenta de consignaciones” del juzgado 2.372.602 euros.

Además, el juez requiere a la representación del duque de Palma para que, cuando se consume la venta y salde la hipoteca pendiente, facilite el juzgado “justificación documental de todo ello”.

El sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, se había opuesto a la autorización de la enajenación de la vivienda, mientras que el fiscal del caso, Pedro Horrach, la había respaldado “con la condición de que el remanente que resulte de la diferencia entre la carga hipotecaria y el importe de la venta sea ingresado en la cuenta” del juzgado.